NACIDA pocos días después de los atentados del 11
de setiembre, la "USA Patriot Act" (ley patriótica por
definición y antiterrorista por naturaleza) establecía
nuevos medios de vigilancia del ciudadano de Estados
Unidos, para los cuales acaba de dar luz verde la
sentencia de una corte especial de apelaciones: la
Corte de Revisiones de Vigilancia de Inteligencia
Externa. En estos días, ese tribunal otorgó al gobierno
norteamericano "un poder que puso los pelos de punta
a los defensores de la vida privada de los ciudadanos",
es decir a los que luchan contra todo recorte de
garantías y derechos respaldados por el sistema
democrático. Según la resolución de aquella corte
judicial, el gobierno "no tendrá restricciones para
aplicar la ley antiterrorista que lo autoriza a realizar
escuchas telefónicas y otras formas de espionaje
electrónico, en su objetivo de procesar a
sospechosos", según dijo un corresponsal en
Washington.
Abrir el camino a esa ley "representa un enorme
retroceso y una invasión de la privacidad de los
norteamericanos" afirman las organizaciones
defensoras de las libertades civiles. Según explica la
prensa norteamericana, "desde ahora los
investigadores podrán desarrollar todo tipo de
sistemas de escucha y vigilancia de comunicaciones
orales, telefónicas y electrónicas", incluida la red
mundial de Internet. Hasta ayer mismo, una acusación
criminal sólo podía llevarse adelante en Estados
Unidos cuando los datos surgían de escuchas
telefónicas "legales" debidamente ordenadas por la
Justicia. "Pero esa barrera también fue demolida" por
las nuevas disposiciones, que a algunos
observadores suspicaces les recordaron la pesadilla
futurológica de la novela 1984 de George Orwell,
donde todo el mundo estaba vigilado a toda hora.
DESDE ahora, las personas podrán ser controladas
"desde monitores del FBI por orden de investigadores
de Inteligencia o de fiscales del crimen, y esa
información podrá ser compartida con otros
departamentos o agencias y con investigadores de
todo el país". Pero además se vigilarán "las cuentas de
teléfono, los e-mails, los viajes y las transferencias
bancarias" de cualquiera, pudiéndose asimismo
"detener a sospechosos de terrorismo por tiempo
indefinido". La directora de la Unión Estadounidense
de Libertades Civiles declaró: "Estamos muy
decepcionados con la resolución, que sugiere que la
Corte especial existe sólo para aprobar solicitudes
gubernamentales de vigilancia intrusiva. Desde hoy, el
procurador general puede suspender todo
requerimiento legal para poder escuchar llamados
telefónicos". A eso se agrega que el reciente fallo no
podrá ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia.
EL episodio coincide —según se informa desde
Washington— con el nuevo impulso dado a medidas
largamente discutidas, como una iniciativa del
Pentágono para diseñar un sistema de vigilancia
global de todas las computadoras del mundo: "el
espionaje tambien llegará a todas las bases de datos
de las computadoras de uso oficial, comercial y
privado, en todo el mundo", proyecto detrás del cual
figura John Pointdexter, que fue asesor de seguridad
nacional de Reagan y estuvo —junto con Oliver North—
acusado por las operaciones de desvío de armas de
Irán hacia los "contras" nicaragüenses en los años 80.
Si hubiera vivido unos años más, Orwell podría haber
aprendido algo para escribir una continuación de su
novela.
