Los catedráticos en derecho administrativo
consultados por El País coincidieron en señalar que
no encuentran ilegalidades en el convenio firmado
entre el Correo y la Asociación de Diarios y Revistas, y
sí diferencias de criterios en el Poder Ejecutivo.
El catedrático Horacio Casinelli Muñoz afirmó que en
su opinión el convenio suscrito el 3 de diciembre
pasado "es legítimo, porque es un acto hecho en
ejercicio de la autonomía que tiene el Correo".
Casinelli explicó que el Poder Ejecutivo tiene la
potestad de disponer la suspensión de los actos
observados y servicios descentralizados en cuyo caso
el expediente pasa a la Cámara de Senadores que es
la decide en definitiva. "Aún cuando fuera legítimo
puede observarlo", explicó.
El abogado Diego Galante afirmó que la observación
señala que en este caso el Poder Ejecutivo objetó por
entender que es inconveniente y también ilegal, pero
"entiendo que aparentemente no es un tema de
ilegalidad sino de interpretación de un negocio que
puede ser discutible en el contenido de una cláusula,
pero eso no quiere decir que sea ilegal".
En ese sentido se refirió a la cláusula objetada por el
Poder Ejecutivo en la que se señala que el precio
anual de la retribución al Correo se ajustará en el 50%
de la variación del IPC en el semestre precedente.
Galante dijo que "puede haber distintas opiniones
sobre cómo enfocar un negocio, pero eso no quiere
decir que sea ilegal".
El letrado señaló que "dado que las publicaciones
tienen firmado un contrato con el Correo, ese contrato
obliga al Correo salvo que exista una ilegalidad
manifiesta", y estimó que habría que revisar las
observaciones para ver si son trascendentes e influyen
en la juridicidad de ese contrato".
