El presidente Jorge Batlle observó ayer por "ilegal" e "inconveniente" la resolución del Correo que el 15 de enero pasado declaró "válido" el contrato que el organismo suscribió el 3 de diciembre de 2002 con la Asociación de Diarios y Periódicos del Uruguay (Adypu), cuestionó la gestión administrativa del Directorio de la empresa estatal y le exhortó a dejar sin efecto, en un plazo de diez días hábiles, las resoluciones adoptadas oportunamente para que el ente postal asumiera el transporte y la distribución mayorista de tres diarios y dos semanarios en Montevideo y la Ciudad de la Costa.
La observación presidencial comienza por objetar el artículo 2º del contrato, al que en todo momento menciona como "acuerdo", porque "no establece mínimo ni máximo de superficie de los locales mayoristas de distribución ni cantidad de personal necesario en cada uno de los centros", con lo que —a juicio del primer mandatario— "no resulta posible tener a la vista siquiera una estimación provisoria de la relación costo-beneficio" del negocio.
Batlle también observó el artículo 6º, porque no especifica "los costos de la tecnología" que el Correo "se obliga a proveer acorde a los requerimientos del negocio" que "incluye trabajos presurosos en horarios de madrugada" y "también sábados y domingos".
El presidente objeta además el artículo 8º porque la partida fija anual que fija como retribución del Correo se ajusta de acuerdo al 50% de la variación del Indice de Precios al Consumo. "Desequilibra el contrato (sic), en contra del Correo, el hecho de que la variación anual se calcule sólo por el 50% del índice general, y agrava ese desequilibrio que la mitad que sí se aplica no sea de la inflación del año entero, sino sólo del último semestre", afirma la resolución.
El primer mandatario observó asimismo el artículo 11º del contrato, por entender que cuando se afirma que "la incorporación de un nuevo diario o semanario al presente acuerdo de transporte y distribución estará sujeta a la negociación y aprobación por parte de las editoriales, las que comunicarán su decisión por escrito" se "vulnera el principio de autonomía de la voluntad de la persona pública contratante y el derecho de igualdad de los terceros que pudieren estar interesados en compartir los actos de transporte y distribución que esté cumpliendo el servicio perteneciente al Estado".
Finalmente, la observación del Poder Ejecutivo alcanza al artículo 17º, que establece la incorporación de una empresa privada que complementará la tarea del Correo en materia de distribución de diarios y semanarios. La resolución presidencial afirma que en ese numeral del contrato "no se establece qué porcentaje de las utilidades" percibirá la empresa privada "ni por qué causa", "no se establece qué obligaciones tendrá, qué gastos asumirá" ni tampoco "qué relación contractual tendrá con el personal".
"Se está ante una promesa de contratar con tercero desconocido, cuya vaguedad no es de recibo ni en Derecho Administrativo ni en Derecho Comercial ni en la vida mercantil", afirma la resolución.
Para el presidente, los efectos de esa "indeterminación" se "agravan" al convenirse que si el Correo no acepta al "socio desconocido" que haya de proponérsele, "los co-contratantes quedan en libertad de retirarse del ‘acuerdo’ sin pagar multa alguna y sin compensar a la administración los costos en que esa altura habría incurrido". "Este tipo de situaciones no tienen asidero en Derecho Público y resultan tan ilegales como inconvenientes. En suma, esta cláusula puede llegar a poner al Estado en una situación tal que lo obligue a aceptar una tercerización de sus servicios sin licitación de especie alguna o, de lo contrario, a soportar un costo que lo pagará, en una empresa que recibe subsidios del Poder Ejecutivo, la sociedad toda. Esta consecuencia, previsible en los términos del ‘acuerdo’, es claramente contraria a la política del Poder Ejecutivo, por la cual se pretende bajar los costos del Estado, reclamo que toda la sociedad uruguaya hace suyo", afirma el texto de la observación presidencial.
EL CORREO. Asimismo, la observación presidencial es particularmente severa para con el Directorio del Correo, cuya gestión administrativa cuestiona a texto expreso.
En su resolución, el presidente advierte que el Poder Ejecutivo pidió el 14 de enero al Directorio del Correo todas las actas de sus sesiones, y afirma que ese cuerpo se tomó diez días para cumplir con ese requerimiento debido a que los directores del organismo estaban "introduciéndoles modificaciones".
Batlle recordó que las actas "deben reflejar la verdad de los actos verbales que documentan" y que si no se aprueban "con prontitud" se "incumple" el principio de que la Administración debe expresarse por escrito. "No hacerlo implica violar el deber de precisión en la expresión de toda voluntad de la Administración, y vulnera las garantías de los ciudadanos que pudieren tener interés en recurrir los actos allí asentados", agrega la resolución.
Asimismo, se advierte que al ser solicitados los antecedentes del acuerdo entre el Correo y Adypu, los mismos llegaron "en forma dispersa, por no haberse formado expediente administrativo", lo que "viola formalmente el principio general y proyecta la consecuencia material de que no aparecen dictámenes previos, ni análisis ni costos, ni exámenes de la pertinencia jurídica, la sustentación económica y la rentabilidad final de lo que se estuvo pactando".
La observación presidencial indica que el "documento" firmado el 3 de diciembre de 2002 "evidencia un propósito vinculante" entre el Correo y Adypu, pero advierte que el funcionario que firmó por la empresa estatal, el gerente comercial Mario Pintos, "no estuvo legitimado para ello".
La resolución admite que Pintos fue facultado para suscribir contratos comerciales por resolución del Directorio del Correo del 24 de junio de 1997, pero afirma que para ello necesita "visto bueno de la División Asesoría Jurídica". "Dicho visto bueno no surge recabado de los antecedentes remitidos", afirma la decisión presidencial.
Amplia repercusión en agencias internacionales
El tema tuvo una amplia repercusión a partir de la reacción de las agencias internacionales de noticias que abordaron el tema y lanzaron la información a través de sus servicios locales.
En ese sentido, la agencia EFE tituló la nota sobre la determinación presidencial "Batlle impide al Correo distribuir diarios en insólita decisión".
"El presidente uruguayo, Jorge Batlle, firmó hoy (ayer) una insólita orden para impedir la ejecución de un contrato de distribución firmado por el Correo Nacional y un grupo de empresas editoras de diarios y semanarios, que permite bajar el precio de las publicaciones en el mercado", consignó la agencia.
La nota dice que Batlle "no sólo recibió la dura crítica de los medios sino que de todos los partidos políticos".
"El negocio —agrega— permitirá a las editoras liquidar un monopolio que existe en Montevideo, donde reside la mitad de la población de Uruguay y que ejerce el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, que es el único que puede hacer la distribución".
Por su parte, la agencia AP dijo que "el gobierno del presidente Jorge Batlle, en una actitud que fue calificada como "ataque a la libertad de prensa", observó este martes un acuerdo entre el Correo y editoras de diarios y semanarios para su distribución, llevando una controversia a su punto más alto".
"El editor general del matutino El País, Washington Beltrán Storace, dijo que la decisión de Batlle entraña ‘un ataque a la libertad de prensa y es un ataque al ciudadano, a su derecho a estar informado".
"Beltrán Storace sostuvo que la observación ‘es una pirotecnia jurídica para defender intereses ajenos al estado y defender los privilegios de un sindicato", señala más adelante.
"Batlle (...) desde que trascendieron estos acuerdos, se opuso diciendo que no era pertinente que una empresa pública como el Correo repartiera diarios porque no era ese su cometido".
"La posición oficial —acota—causó irritación en sectores del Partido Colorado de gobierno y anunciaron que respaldarán al director Gustavo Osta, al igual que el Partido Nacional lo hará con el director Esteban Jardín".
Mientras tanto, la agencia AFP, desarrolló la información bajo el título "Batlle observa y suspende convenio del Correo con diarios en Uruguay".
¿Está de acuerdo con que el Correo realice la distribución mayorista de diarios?
NELSON PENINO (INDUStRIAL)
"En lo personal, pienso que todas las empresas públicas deben competir con las privadas en igualdad de condiciones. El Correo es deficitario y recibe una subvención del Estado que pagamos todos los contribuyentes. Y si se trata de realizar una actividad que le permite obtener ingresos genuinos, creo que debe participar. Esta opinión vale también para Ancap, UTE y Antel".
GUSTAVO MENDEZ (ARBITRO)
"En el momento de crisis que estamos pasando, es lógico que las empresas privadas estén en busca de soluciones. Todos, también la prensa, tienen derecho a negociar para encontrar un camino más viable, ya sea ese camino un acuerdo con otra empresa privada o con una pública, como en este caso. ¿Y por qué no hacerlo si puede resultar más práctico y económico?".
Pepe vazquez (actor)
"Estoy un poco confundido, porque me parece muy raro que se firme un convenio poco menos que por unanimidad y que después de todo eso, pese a que gente de todos los partidos y todos los pelos respalda el acuerdo y dice que es conveniente para el Correo, y que eso no deja sin trabajo a los canillitas, salga una resolución en contra. Yo trato de escuchar todas las campanas y ya no sé bien qué opinar del tema."
Jaime castells (productor)
"Hoy en día, cualquier empresa tiene que hacer el mayor esfuerzo por llegar al usuario con el mejor producto y al precio más barato. La información es insumo de primera necesidad, y que llegue a la gente es sumamente beneficioso. Y yo no veo ninguna incompatibilidad con que el Correo distribuya los diarios. Sólo hay que pensar en el usuario y en cómo darle el mejor servicio".
F. condon (compositor)
"Creo que el Correo debería distribuir los diarios. Sé también que en torno al reparto de diarios y al viejo sindicato de canillas hay una situación bastante complicada desde el punto de vista de la gestión, que ha generado una suerte de mafia. Y no tengo dudas que hay muchos intereses creados que se esconden detrás de este enfrentamiento entre el Correo y el gobierno, y de los que no nos vamos a enterar nunca".
Ramiro soto (comerciante)
"La Cámara Nacional de Comercio y Servicios no ha tratado el tema, pero en el estatuto de la institución se expresa una adhesión total a la libertad de comercio y a la vigencia de la menor cantidad posible de regulaciones. En definitiva, todo lo que propende a la libertad de comercio es deseable, y todo lo que vaya en ese sentido, como este acuerdo con el Correo, merece apoyo".
CONFIRMADO. Tal como había anunciado en diciembre el presidente del sindicato de canillitas, Eddie Espert, el presidente Batlle observó el contrato entre el Correo y Adypu