Reclamar ante la justicia por un asunto estimado en
50.000 pesos implicará pagar unos 500 pesos de
impuestos judiciales a lo que se agregan los
honorarios, que según la escala confeccionada por el
Colegio de Abogados por ese monto corresponderá
pagar uno 13.000 pesos, es decir que el demandante
deberá desembolsar unos 13.500 pesos para
reclamar 50.000, sin saber el resultado de la
demanda.
Las cifras hipotéticas demuestran que el servicio de
justicia está fuera del alcance de buena parte de la
población que ha visto sus ingresos decrecer y no
dispone de medios económicos.
Esa situación ha repercutido en que en los últimos
años el trabajo de la Defensoría de Oficio incrementó
su demanda llegando a atender al 30% de la
población del país que al no poder hacer frente a los
costos, acude al servicio que el Poder Judicial presta
gratuitamente.
Así lo afirmó a El Pais la presidenta de la asociación
de defensores de Oficio, Adriana Berezán, quien
informó que en el 2002 los 189 defensores que
trabajan en las distintas materias asistieron a 237.000
personas en todos el país.
"Si se compara la población adulta del país y la gente
que asiste a las defensorías resulta que atendemos al
30% de la población del país", estimó la abogada.
En ese aumento también tuvo que ver "la Suprema
Corte de Justicia que consciente de que había un
margen de la población que no podía acceder
aumentó lo topes de ingresos exigidos para prestar el
servicio".
"Con los ingresos que tiene la gente no puede pagar,
ya no hablemos de los honorarios —que ni que hablar
que el profesional tiene derecho a cobrar—, sino del
costo que supone hacer un escrito, Timbre Judicial,
Tasa Judicial, Palacio de Justicia", afirmó Berezán
quien se preguntó "de qué sirve tener juzgados
letrados en todo el país si no podés acceder al
sistema de justicia".
ESCALA. En el 2001 la corporación, por medio de una
acordada amplió las escalas de los ingresos
permitidos para prestar el servicio. Ello "permitió que la
defensoría trabajara acotada a ingresos y no que
quedara atada a esa situación cuando venía alguien
con un ingreso que estaba en el límite, pagando un
alquiler, con dos menores a su cargo y con un sueldo
de casualidad y por una diferencia de $ 500 le
teníamos que decir ‘no lo puedo asistir‘", explicó
Berezán.
La disposición aprobada por la Suprema Corte
determina que los defensores de oficio deberán
atender a todas las personas solteras, que carezcan
de bienes de fortuna, sin familiares a cargo y con
ingresos mensuales menores a tres salarios mínimos
nacionales (3.330 pesos).
En caso de que el solicitante del servicio sea casado o
tenga obligaciones familiares, se lo podrá atender
igualmente en caso de que sus ingresos lleguen a los
cinco salarios mínimos (5.550 pesos). Además si esa
persona paga un alquiler mayor a 10 Unidades
Reajustables (2.100 pesos) su sueldo podrá llegar a
los siete salarios mínimos (7.770 pesos).
Berezán señaló que esta ampliación repercute en que
un mayor número de personas pueda acceder al
servicio ya que "mirando un poco se puede llegar a
aceptar el asesoramiento a una persona cuyo sueldo
alcanza ocho salarios mínimos (8.880 pesos) si la
persona tiene dos menores a su cargo".
De acuerdo con esas disposiciones, Berezán defendió
el trabajo de la defensoría que permite a personas que
por sus medios no podrían hacerlo "contar con alguien
que resuelva tu conflicto y te diga si tenés razón o no.
Además el trabajo formalizado e institucionalizado
como acá no está en ningún lado", subrayó.
"El servicio de la defensoría es de nivel de excelencia,
a pesar de que la gente piense que como somos
defensores de pobres, parecería que el título te lo dan
por la puerta de atrás de la Facultad", ironizó la
abogada que trabaja en la defensoría de Ejecución
Penal.
MATERIAS. En Montevideo las defensorías están
divididas por materia: familia, menores infractores,
laboral, civil, penal (sigue las causas desde que se
inicia el proceso y durante el sumario hasta la
sentencia) y de ejecución penal (sigue los casos de
los condenados).
Cada defensoría tiene un director y defensores que
trabajan en esa materia. Los defensores trabajan
asistidos por sus procuradores y cuatro o cinco
funcionarios. Esta defensoría que tiene dos oficinas en
Soriano y Cuareim y en San José y Yaguarón cuenta
con 29 defensores de oficio. Eso significa que hay un
defensor de Familia asignado a cada uno de los
juzgados de familia, que trabaja como actor, patrocina
los juicios de familia que se inician en esa sede, pero
a su vez actúa como contraparte en cualquier otra
sede.
Sólo la Defensoría de Familia en el 2001 atendió
47.000 personas, y a instancias de sus abogados se
promovieron unas 20.000 audiencias. Además
diariamente circulan por las dependencias unas 300
personas que llegan a iniciar un asunto o a seguir
tramitándolo.
A los defensores de oficio se suman 17 de penal, siete
de ejecución penal y doce que asesoran en laboral.
En el interior suele haber un sólo defensor que
atienden los 365 días del año en todas las materias,
excepto en Salto, Paysandú, Río Negro, Maldonado,
Colonia, Soriano y Canelones que hay más de un
abogado.
