El "Bagashopping"

EN los dos años de gestión del gobierno que preside el Dr. Jorge Batlle mantuvo en general más que aceptables índices de aprobación y popularidad personal. Consiguió así un resultado inusual en política pues mientras la opinión pública no se pronunciaba de conformidad con el gobierno en sí mismo, la figura del presidente se despegaba y subía en el nivel de la simpatía de la gente. Con habilidad, el Dr. Batlle pegó en flancos sensibles al sentimiento del ciudadano. La aparición de la nieta de Gelman a pocos días de asumir el cargo y la inmediata creación de la Comisión para la Paz le ganaron la buena disposición de la izquierda que se concretó en un tratamiento recíprocamente cordial con el Dr. Tabaré Vázquez. Luego volvió a anotarse puntos a favor denunciando la inequidad salarial en el ámbito de la Administración Pública, en este aspecto no sin abrir algún margen para la crítica, pues bien miradas las cosas esos datos y comparaciones que publicitó de lo que ganaba tal en relación al sueldo de cual, los tenía que conocer de mucho tiempo atrás por su extensa actividad parlamentaria y sin embargo en el ejercicio de la misma nunca hizo absolutamente nada por corregir lo que después denunció como iniquidades, hasta con expresión de escandalizado.

Y supo ganarse el apoyo de toda la ciudadanía cuando emprendió como si fuera la guerra de las galaxias la lucha contra el flagelo del contrabando, aunque dio la impresión que esa declaración de guerra fue la consecuencia de una reacción ante la aparición de focos de aftosa que nos llegaron, según el convencimiento general, de los países limítrofes. Es aquí donde vamos hoy a centrar nuestra atención. Es cierto que este gobierno en esta materia ha dado importancia como pocos, o quizá ninguno de los gobiernos que le antecedieron, a este problema nacional endémico, y así lo confirma la gestión que está cumpliendo el Director Nacional de Aduanas, Víctor Lissidini que merece el reconocimiento general, aunque hay momentos en que da motivos para dudar de si se mantiene la lucha con la misma intensidad que al principio. En ese aspecto, el episodio recientemente ocurrido en Salto, da para pensar.

LA existencia del denominado "Bagashopping" en la capital salteña es harto conocida. Cuando Lissidini comandando la operación intentó desmantelar a este emporio del contrabando pequeño pensando que alcanzaba con la cooperación policial local, se encontró con una resistencia demasiado firme y numerosa que hizo imposible llevar adelante un procedimiento con fines de decomiso de mercadería o detención de personas. Incluso más: en medio de la algazara de los contrabandistas no sólo se llegó al colmo que estos se pusieran a cantar "a capella" el himno nacional sino que se oyó alguna voz estridente haciendo saber que "nosotros ya pagamos la coima".

Al ver como se presentaban las cosas Lissidini desistió, aparentemente por el momento, de sus intenciones, pero anunció que volvería con dotación policial más numerosa y entrenada de Montevideo. Sin embargo nada sucedió y difícilmente suceda algo. De acuerdo a lo que ha trascendido, el Director Nacional de Aduanas parece haber optado por una técnica de persuasión, la de demostrar que sale más barato importar la mercadería regularmente que pagar coimas, lo cual puede ser una manera de reconocer que lo único que se puede hacer con eficacia con el famoso comercio informal, es intentar legalizarlo.

EL país tiene en general una extensa y mala tradición en esto del contrabando, que existe desde que en estos lares hubo comercio. Por ello de alguna manera se justifica encarar este problema como un hecho social —tal como encara la Intendencia de Montevideo los carritos hurgadores, por ejemplo, pero a diferencia de ello hay que hacerlo para solucionar el problema, no para dejarlo vigente aunque fuera reglamentado— reconociendo que se trata de una plaga nacional. Es plaga por lo que succiona a la economía, por los ingresos que escamotea al Estado, y es plaga por lo que perjudica como competencia desleal y delictiva a los comerciantes que cumplen con sus obligaciones. Por esta y por otras razones, como el costo de la seguridad social, el trabajo honesto en el Uruguay es muy difícil de emprender y de mantener. Y estamos ante un círculo vicioso porque en estos casos escandalosos como el de Salto, aplicar la ley, si se pudiera —y se siente un escalofrío ante la necesidad de hacer la puntualización— aumentaría el desempleo y con ello la necesidad de sobrevivir de esta gente que come delinquiendo, por lo cual si no se les deja contrabandear seguramente cambiarán de delito, ingresando a la rapiña, al hurto, o a la estafa.

PARECE mentira, pero el combate a las grandes redes de contrabando que se sabe que operan en el país es más sencillo, en tanto no crea estos sentimientos de solidaridad social con quienes de cualquier manera, son delincuentes. Pero lo cierto es que una vez descubiertos estos focos de pobrerío, algo hay que hacer para limpiar la imagen del "relajo pero con orden" que ha dejado como resultado el fracasado operativo "Bagashopping" de Lissidini. Quizá este tenga razón: si convence que importar para vender legalmente es más rentable que el cohecho, habremos dado un gran paso.

Lo que no puede ser es que quede todo como estaba.