Sobre la ley de bancos

No hace muchos días, desde mi banca en el Parlamento, contribuía con mi voto a la sanción de la Ley de "Intermediación Financiera, Protección del Ahorro Bancario y Subsidio por Desempleo para Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias". No es ésta, por cierto, una ley respecto a cuya aprobación podamos sentirnos dichosos; simplemente, una moderada satisfacción puede esbozarse tímidamente en nuestro espíritu. En efecto, el contexto al que la norma responde, el estado de desconcierto, la incertidumbre y la falta de seguridad de los ahorristas y de los trabajadores bancarios que se nos hacía patente día a día a quienes advertimos el Uruguay real y tangible; todo ello, cuestiones a las que la norma ha contemplado, avalan lo dicho; apenas la satisfacción de aportar lo que entendemos es una "ley remedio", necesaria porque la realidad, cruda como pocas, lo exigía sin demoras.

Sin embargo, en medio de estas consideraciones, aún queda espacio para alegrarnos; alegrarnos porque la ley sancionada es reflejo de la comunidad de ideas y de la mejor disposición, voluntad, e intención de aquellos legisladores que en medio de la tempestad tuvieron la madurez de resignar algunas posiciones o enfoques sectoriales o personales para intentar dar solución a un tema crítico.

Ahora bien; no obstante lo expresado, el tema no se agota con la sanción de una norma que si no encuentra impulso de ejecución y cumplimiento, es nada más que letra muerta. Y mucho más esta ley, que únicamente establece un marco jurídico adecuado a las necesidades de una coyuntura excepcional y particular. En efecto, el Parlamento no ha sacado el conejo de la galera ni mucho menos, sino que ha habilitado a los sujetos afectados a comenzar a transitar por determinados carriles munidos de las herramientas necesarias. La solución está en cómo se transite por tales vías y en la forma en que se utilicen estos instrumentos. Por tanto, la solución del problema no se reduce a las normas, a las fechas de reapertura, ni a acuerdos de reprogramación o capitalización; radica en el compromiso moral y social de absolutamente todos los involucrados de hacer las cosas bien, con diligencia, compromiso y honestidad.

En estos momentos de grandes dificultades, cuando quizás lo rescatable es que tenemos la oportunidad histórica de trazar nuevas bases para un Uruguay próspero, se hace imprescindible que cada uno de nosotros, desde el puesto en que le haya tocado jugar, se comprometa con sus prerrogativas, deberes y derechos, entendiendo que lo que en adelante suceda, para bien o para mal, va a ser resultado del conjunto de conductas individuales.

Cuando legislamos, lo hicimos porque era nuestro deber sabiendo que no habían mejores opciones en el horizonte inmediato. Esperamos entonces que cuando a los jerarcas y funcionarios les llegue el momento de utilizar las nuevas potestades de contralor las aprovechen a ultranza. Cuando los ahorristas tengan que llegar a un acuerdo con las entidades, conozcan y hagan valer sus derechos, requiriendo al Poder Ejecutivo que aproveche el instrumento del que se lo ha provisto para privilegiar a quien confió en el sistema financiero y hoy se ve en medio de un mal trance, sin culpa ni responsabilidad. A las entidades de intermediación financiera que sepan que detrás de cada cartera, de cada activo y de cada pasivo están comprendidos ciudadanos, familias y hogares que se verán afectados en forma inmediata. A cada uno entonces, que asuma su papel y lo cumpla; esa es la verdadera letra de la ley.