El Ministerio de Salud Pública (MSP) intensificará a
partir de este año las inspecciones con el fin de evitar
la venta ilegal de medicamentos fuera de las
farmacias, con el apoyo financiero de las cámaras
empresariales del sector.
La medida, en la que también participará el Ministerio
del Interior, responde a las recientes denuncias de las
cámaras farmacéuticas, en las que se da cuenta de un
incremento en la venta de fármacos, principalmente en
ferias vecinales, pero también en quioscos,
supermercados y comercios variados.
Según fuentes ministeriales, la idea es comenzar con
esos controles en el correr de este mes. Para
instrumentar las inspecciones, las autoridades
reflotaron un convenio que el MSP había efectuado
hace tres años con el Centro de Farmacias del
Uruguay (CFU) y la Asociación de Farmacias del
Interior (AFI), que le permitirá contar con recursos
humanos y materiales necesarios "Se hizo una gestión
en el gobierno anterior, pero luego quizás por los
sucesivos cambios en el ministerio, el convenio no se
ha puso en práctica, a pesar de que este operativo no
le reportará ningún costo (a la cartera)", explicó a El
País, Eric Bomio, el titular de CFU.
Con esa iniciativa, se impulsa la creación de un cuerpo
inspectivo financiado por las dos cámaras de
farmacias y las dos droguerías más grandes del país,
con el objetivo de retirar todos los medicamentos que
se venden ilegalmente fuera de las farmacias. Los
empresarios financiarán los honorarios y los gastos
de funcionamiento del equipo, que estará integrado
por tres químicos farmacéuticos y un escribano
subordinados al MSP.
PUNTOS CONOCIDOS. "Nosotros conocemos dónde
se vende medicación, por lo cual los inspectores van a
ir a los lugares que les señalemos —algunos
más peligrosos que otros— y pensamos que se
incautará el material y se impondrán sanciones", relató
Bomio.
El empresario indicó que los stocks que son vendidos
de manera irregular probablemente surjan de los más
de 115 farmacias que han sido desvalijadas en el
último año e incluso de robos ocurridos dentro del
propio MSP. "La venta ilegal ha aumentado, más aún
en tiempos de crisis, basta pasar por cualquier feria
para ver que se venden medicamentos tirados en el
suelo; es una vergüenza", indicó.
El problema también quedó en evidencia luego de
algunos operativos policiales y judiciales que
ocurrieron en los últimos meses. Tras la denuncia de
un grupo de vecinos, en octubre, las autoridades
sanitarias de Rivera confirmaron que en un almacén,
se ofrecían medicamentos provenientes del hospital
departamental, ubicado a unas pocas cuadras del
comercio. Como el propietario de negó a que le
retiraran los productos, debió intervenir la Policía. La
Justicia investiga cómo fue posible el desvío de los
fármacos desde el hospital.
Poco tiempo después, la Policía incautó un variado
stock de medicamentos en la Feria de Piedras
Blancas. Entre el material requisado, había productos
de venta controlada como los psicofármacos y muchas
unidades vencidas. El responsable de la
comercialización se dio a la fuga. La venta ilegal en
ferias, a plena luz del día, también pudo ser
comprobada por varios equipos televisivos.
Si bien las cámaras farmacéuticas no han sido
notificadas aún del comienzo de los operativos del
MSP, desde el organismo se anuncia que ello ocurrirá
en enero. La cartera tambien ha asegurado la
participación del Ministerio del Interior con el fin de
eliminar la venta de los medicamentos en las ferias
vecinales.
FALLAS. Por otra parte, el MSP también ha reconocido
que su sistema de habilitación y control de las
farmacias tiene una organización inadecuada para las
necesidades actuales. En las respuestas escritas, que
el ministro Alfonso Varela remitió al Senado, en
ocasión de su interpelación, admitió que los recursos
humanos suelen estar "absorbidos por trámites
administrativos que en la mayoría de los casos no
contribuyen a garantizar la seguridad sanitaria de la
población".
El ministro agregó que, con el fin de enmendar esa
situación, se están rediseñando los procesos
administrativos de forma que los trámites sean más
ágiles y que parte de los recursos humanos puedan
volcarse a tareas de contralor.
Las autoridades aseguran que esa reestructuración
administrativa ha logrado reducir el tiempo promedio
de habilitación de una farmacia de ocho meses a siete
días, con lo cual los inspectores ganarían más tiempo
para realizar inspecciones y controles.