Tecnología

¿Pueden reciclarse los electrodomésticos, computadoras y celulares?

En Uruguay no existe una regulación que ordene como desechar los aparatos eléctricos y electrónicos, pero se estima que para 2023 generaremos 43.000 toneladas de esta basura.

Foto: Shutterstock
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En el mundo se producen unas 53,6 millones de toneladas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), lo que equivale a un promedio de 7,3 kilos de desechos por cabeza, de acuerdo con el Global E-waste Monitor 2020. Esa cifra probablemente se incrementó en 2,5 millones de toneladas desde que el estudio fue publicado por las Naciones Unidas en julio de 2020.
Según el mismo estudio, en 2019 se produjeron 37 mil toneladas de desechos, con un promedio de 10,9 kilos (equivalente al peso promedio de un niño de un año y medio) por uruguayo.

Una investigación conducida por el Proyecto de Residuos de Aparatos Electrónicos o Eléctricos de América Latina (Preal) arrojó datos similares.
En tanto, según datos del Ministerio de Ambiente, se estima que para 2023 Uruguay producirá al menos 40 mil toneladas de residuos provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos.

Este tipo de materiales va desde celulares, hasta computadoras, televisores, lavarropas o heladeras. Según Preal, los más desechados por sus dueños son los pequeños aparatos como planchas, secadores de pelo, joysticks, entre otros, los que representan un 33,42% del total de los residuos; mientras que los dispositivos de cambio de temperatura como aires acondicionados y heladeras comprenden el 30,45%.

Preal estima que de las miles de toneladas de deshechos podrían recuperarse materiales valiosos como metal ferroso, plástico, cobre, aluminio, vidrio y hasta plata, oro o paladio (aunque estos últimos en cantidades menos significativas).

Reciclaje.

En el mapa de la aplicación “¿Dónde reciclo?” figuran algunos lugares donde pueden verterse los residuos electrónicos más pequeños como celulares, cables o computadoras. Los locales de Antel son uno de los principales espacios donde deshacerse de ellos forma adecuada. Sin embargo, las pequeñas cajas ubicadas en las sucursales de la empresa estatal demuestran que no muchos conocen este plan de reciclaje.

Ximena Varón, actual directora de CEMPRE (Compromiso Empresarial para el Reciclaje), explicó a El País que actualmente no existe ninguna regulación dentro de la ley de residuos y otras normativas para este tipo de dispositivos, salvo para algunas excepciones de materiales como las baterías y objetos con mercurio, entre otros.

“Según datos de 2017 se recuperan unas 50 toneladas al año de aparatos electrónicos, lo que representa un 2,5% de lo que se vierte en el mercado”, remarcó Varón; no obstante, advirtió que esos datos se ven afectados porque existe mucha informalidad en el sector.

A pesar de no existir una legislación, Varón sostuvo que existen distintos emprendimientos que trabajan en la reutilización de algunos elementos como la iniciativa de Antel Integra o que existen empresas privadas como New Life, Werba o Tridex que recogen este tipo de residuos para la exportación. Sin embargo, las empresas privadas cobran a quienes desean reciclar sus aparatos eléctricos y electrónicos.

Estrategia.

Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente, explicó a El País que el gobierno está interesado en trabajar con todos los actores que intervienen en el consumo de estos productos: los fabricantes e importadores, los organismos públicos y los consumidores.

“Normalmente los aparatos eléctricos y electrónicos son muy complejos. Se usan muchos recursos naturales, de alto valor, no solamente como producto original, sino que podrían tener valor si tomamos en cuenta los materiales con los que están diseñados y construidos. Entonces, lo que buscamos frente a esta problemática es lograr una gestión integral que incluye la lógica circular y que se aborde desde la prevención”, sostuvo.

Amarilla señaló que probablemente surja una iniciativa para regular la comercialización y los desechos que se generan a partir de las piezas electrónicas.

“Estamos pensando para este año, probablemente en julio, tener una propuesta técnica ajustada por el ministerio. El objetivo es poner a punto las cámaras empresariales con la asociación de fabricantes e importadores para que se genere una norma o decreto que se encargue de todos estos temas, tanto dirigidos a la conciencia pública como hacia la responsabilidad de todos los actores de la cadena”, remarcó.

Y añadió en diálogo con El País: “Buscamos generar planes de gestión efectivos y generar capacitaciones para gestionarlos”.

Según detalló el subsecretario, los desechos que se recogen en Uruguay ni siquiera son procesados localmente, pero en el mundo existe lo que se llama la minería urbana: “Los países importan esos aparatos y recuperan los materiales que tienen altísimo valor. Por ejemplo, tiramos un monitor y adentro, probablemente, hay un montón de metales de alto valor que podríamos extraer y monetizar”, indicó.

Además, Uruguay viene trabajando con la región en un proyecto que forma parte de las acciones previstas en el Plan Nacional de Implementación (NIP) del Convenio de Estocolmo, el Preal. La iniciativa, que fue lanzada en octubre de 2020, cuenta con la financiación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM). Además es ejecutado en la región con la Organización de Naciones Unidad para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

¿Qué es la obsolescencia programada?

El 23 de diciembre de 1924 es el comienzo de lo que se conoce como la obsolescencia programada. Es decir, la determinación de la vida útil de un objeto determinado de forma deliberada por su fabricante.

¿Por qué tiene una fecha específica? Según informó El País de Madrid, en esa fecha los principales fabricantes mundiales de lamparitas, entre ellos compañías como Osram, Phillips o General Electric, se reunieron en Ginebra y determinaron que sus bombitas de luz tendrían una vida útil de 1.000 horas, en lugar de 2.500 horas como la tenían hasta ese entonces. El objetivo de la creación de la obsolescencia programada fue generar un mayor consumo de sus productos para ganar más dinero.

Casi 100 años después, la obsolescencia programada y su uso preocupa a las autoridades que ven como es cada vez más difícil determinar qué hacer con las toneladas de basura de dispositivos eléctricos y electrónicos que se producen anualmente.

Seguridad y medio ambiente

Roberto Ambrosoni, especialista en ciberseguridad, docente de Universidad ORT y responsable de seguridad y medio ambiente en MAPRE, dijo a El País que el desecho de electrónicos, especialmente informáticos, y la ciberseguridad están íntimamente ligados: “Se desechan discos y unidades con información que pueden implicar una brecha para las empresas”.

Según explicó el especialista, la obsolescencia es inevitable: “Se da por el equipo propiamente dicho o cuando se hacen cambios tecnológicos, como cambios de sistemas operativos; hay dispositivos que son más propensos a sufrir fallas”, indicó.

Ambrosoni señaló que la obsolescencia programada ayuda al trabajo de las empresas al momento de deshacerse de forma responsable de los residuos: “Tenemos un plan que determina que en cierta fecha debemos hacer reciclaje y nos ayuda a trabajar de forma ordenada para poder deshacernos de esos equipos de forma responsable”.

El catedrático explicó que en Uruguay es un desafío para las empresas poder deshacerse de una manera adecuada de los electrónicos: “Ese material no se puede tirar en cualquier lado, tiene que haber normalmente un plan sobre cómo se desecha ese tipo de equipamiento. En Uruguay es medio complicado hacerlo de forma responsable, por eso normalmente se recurre mucho a la limpieza en cuanto lo que es datos y a la donación. Ese tipo de iniciativas funciona muy bien; sin embargo, cuando salen de nuestra órbita ya no sabemos si será desechado de forma correcta en un futuro”, remarcó Ambrosoni. Por otro lado, el especialista sostuvo que la mayoría de las personas que recogen este tipo de equipos cobran por recibirlos y no lo hacen a bajo costo.

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