La larga siesta de ochenta años

1/1: ¿PARES? Los tres gobiernos están pensando en las leyes de cine, aunque frente a distintas realidades. 200x140 ()

MATIAS CASTRO

El asunto volvió a estar sobre el tapete a partir de noticias llegadas de Brasil y Argentina y muestra el desfasaje entre las tres realidades. Por un lado el diario O Globo informó que el gobierno de Lula propondría una reforma y actualización de su ley de cine, una de las pioneras en Latinoamérica. Por otro lado, en Argentina se reabrió un debate a raíz del poco respeto a la cuota de pantalla establecida por su legislación. En Uruguay, mientras tanto, el borrador de ley de cine sigue a estudio en medio de negociaciones entre el Instituto Nacional del Audiovisual (INA) y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Martín Papich, director del INA y de la oficina de Locaciones Montevideanas en la Intendencia, ha dicho en varias oportunidades que espera que la ley se apruebe este año. Para una historia que en cien años registra por lo menos 20 proyectos de ley de cine, según reseñaba Manuel Martínez Carril, esto no es poca cosa.

Si bien no se ha dado a conocer el texto de la posible ley uruguaya, se conoce la exposición de motivos que la respalda. Fomentar la producción, distribución y exhibición es el primero. Llevar un registro público del sector del cine y el audiovisual. Administrar un Fondo de Fomento Cinematográfico que sería creado por la misma ley. Preservar y contribuir a la conservación del patrimonio fílmico nacional. Promover la incorporación de lo audiovisual a la educación formal, entre otros. El proyecto fue redactado en colaboración con los integrantes de la Asociación de Productores (Asoprod), y en él también intervinieron el Centro Cinematográfico, el INA y otros organismos relacionados. Para Elena Roux, presidenta de la Asoprod, "el proyecto es perfectible, aunque lo apoyamos y tenemos una comisión que ha trabajado bastante sobre eso, integrada por Walter Tournier, Mario Jacob y Luis Nieto".

"Hace años que se trata de sacar una ley de cine en Uruguay y esta nueva es una continuación de diferentes propuestas que hubo. Hace un par de años Washington Algaré, el anterior presidente del INA, llamó a varios protagonistas del cine nacional. Ahí comenzamos partiendo de leyes anteriores y ante la nueva coyuntura en que se encuentra la producción cinematográfica, comenzamos a plantear una nueva ley", cuenta Walter Tournier.

Papich dice que se está negociando un presupuesto de entre 2 y 2,5 millones de dólares anuales para el Instituto, "para tener un instituto ágil, con una persona jurídica de derecho público no estatal" y cumplir con los objetivos marcados. Esa cifra no saldría enteramente del Estado, sino que vendría también de ciertos impuestos destinados a este fin. Precisamente porque esta propuesta coincide con la reforma tributaria que ahora está a estudio es que la redacción del proyecto definitivo se ha demorado.

"Hay cine sin ley", dice Papich. "El desarrollo del sector requiere dar un salto en calidad para que en el futuro no veamos este presente como un boom de la producción. Para eso hay que tener claros los objetivos y las estrategias, y también contar con un presupuesto".

Esta ley está entre los objetivos del programa de gobierno de la izquierda. "El sector de las industrias culturales fue incorporado como uno de los seis prioritarios en la formulación del país productivo. Y dentro de las industrias culturales el cine va primero por su desarrollo y su impacto", afirma Papich.

Otro punto que esta ley apunta a solucionar es la relación entre el cine y los canales de televisión. Esto es para evitar que se repita lo que ha venido ocurriendo con el FONA, que ata cada película premiada a un canal, aunque no todas han sido emitidas. Para Papich, la televisión es un sector muy importante para el desarrollo y el ordenamiento del cine.

PORCIONES. La cuota de pantalla es también determinante a la hora de defender la producción nacional. En Argentina se reglamentó hace dos años. Un artículo en La Nación señalaba que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) no estaba ejerciendo los controles necesarios para que se respetara. Según se decía allí, el primero en reaccionar había sido Rodrigo Moreno, cuando su película El custodio fue levantada sorpresivamente de las carteleras de los Hoyts Abasto por no cumplir con un mínimo de espectadores. Luego fueron los directores Miguel Angel Roca y Daniel Pensa, que dijeron que no se sentían amparados por el Incaa ya que sus películas habrían sido postergadas por las salas en medio de la "invasión Da Vinci", que copó solamente en Buenos Aires 208 salas.

De acuerdo a la misma nota, los responsables del Incaa declararon que al no estar autorizados por los productores de las películas, no les era posible aplicar la obligación de cumplir con la cuota de pantalla en las salas que estuvieran en falta, y que además estaban pensando en hacer modificaciones a la ley, dado que muchos exhibidores ya habían descubierto las formas de trampearla. A los miembros de la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantalla estas declaraciones no les cayeron nada bien. "De la forma en que fue reglamentado, parece que sólo genera obligaciones para los exhibidores y particularmente para las multipantallas… No importa que existan más de 300 salas entre Capital y Gran Buenos Aires, todo el peso de la reglamentación vigente sobre cuota de pantalla recae sobre Cinemark, Hoyts y Village", decía un comunicado de la Cámara. Y agregaba, mostrando claramente cuáles son sus elementos de razonamiento, que cada año se estrenan más películas argentinas, que cada vez convocan menos público. Su contrapropuesta es clasificar las películas argentinas por la cantidad de copias a estrenar y su inversión publicitaria.

Una película argentina, uruguaya o brasileña, salvo contadísimas excepciones, nunca tendrá el presupuesto necesario para competir por sí sola contra las campañas publicitarias de las superproducciones industriales, que ya vienen financiadas y programadas desde el exterior. De modo que la contrapropuesta de la cámara ha vuelto muy dura la negociación, ya que con argumentos de este tipo, se vuelve más necesaria que antes, una reglamentación estricta.

IMPOSICIONES. En Brasil, el sistema de cuota de pantalla rige desde hace setenta años, y se regula gracias a un acuerdo anual. También esta cuota suscita protestas de parte de los exhibidores. Pero allá la obligación tiene valor de ley y se impone bajo pena de cierre de salas en caso de incumplimiento grave.

Los directores de los institutos de cine de los tres países se habían reunido a comienzos de febrero en Punta del Este, a fin de comenzar a discutir el establecimiento de una cuota de pantalla regional y la firma de un acuerdo de libre circulación de películas y distribución recíproca entre los tres. Para efectivizar acuerdos en este sentido, se volvía necesario primero que la legislación de cada uno regulase una cuota de pantalla para cine nacional, cosa que en segunda instancia, dentro de eso se pudiera agregar otra para el cine de la región.

Una reciente reunión del grupo concluyó que para seguir adelante con estas políticas iban a esperar a ver cómo se solucionaba el problema en Argentina.

Columnas

El proyecto de ley uruguayo se apoya sobre la independencia del INA y mejor presupuesto

En Argentina se había cuestionado recientemente un intento de una legisladora por imponer la bandera por 8 segundos en cada película nacional. Esto habla también de criterios y sobre todo, de qué es lo que se entiende por "cine nacional". Dicha iniciativa quedó atrás por la reacción inmediata de críticos y realizadores.

En Uruguay, el proyecto de ley viene enmarcado dentro del nuevo eslogan del INA, que es "Un cine, un país", idea que puede hacer pensar que se apunta a amparar solo a cierto tipo de cine. "No se trata de que tiene que haber solo un tipo de cine, es que tiene que haber cierta coherencia entre el desarrollo del país y el del cine... nosotros estamos convencidos de que no podemos meternos desde el sector público en el tema de la creación y de los contenidos, porque son cosas del realizador".

De acuerdo a una nota aparecida el 8 de este mes en el diario O Globo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió al congreso un proyecto de ley que crearía un Fondo Sectorial del Audiovisual y cambia los sistemas de incentivos de la antigua ley.

La creación del propuesto Fondo Sectorial del Audiovisual (FSA) apunta a generar recursos adicionales de cerca de 75 millones de reales al año, y estará alimentado, básicamente, de lo que provenga del Tributo para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica Nacional.

Además de esto, el proyecto modifica la ley audiovisual vigente. Uno de estos cambios es el que permite la deducción del impuesto a la renta de los valores aplicados al auspicio de largometrajes. Otro artículo permitiría a las empresas de radiodifusión y a las programadoras nacionales de televisión por cable, disponer de parte del impuesto a la renta que corresponda a sus aportes a coproducciones brasileñas independientes.

En su presentación al congreso, cuenta la crónica de O Globo, Lula admitió que el gobierno se equivocó al intentar crear una Agencia Nacional del Cine y del Audiovisual, ya que en esa ocasión fue acusado de querer promover la censura en el sector audiovisual. "Ustedes saben que ya intentamos hacer cosas que no fueron comprendidas, o con las que tal vez ni siquiera estaban de acuerdo... Por eso el que estamos tomando hoy es un compromiso histórico", dijo en su presentación oficial. El proyecto fue enviado, a pedido suyo, por intermedio de un grupo de artistas en colaboración con el Ministro de Cultura Gilberto Gil.