Ser o no ser empleado público

La ley 16.095, de octubre de 1989, establece un sistema de protección integral a los discapacitados.

El artículo 42 del capitulo VIII dice: "El Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales, están obligados a ocupar personas impedidas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes".

Varios ciegos consultados para este reportaje lamentaron que la ley no se respete.

"Muchos toman como motivo que no está totalmente reglamentada, para no aplicarla. Quienes consideran que es clara y su leit motiv está expresado, la han aplicado a medias", dijo Leonel Aguirre, director del centro de Rehabilitación Tiburcio Cachón.

"El punto clave, la discriminación en positivo con el 4% de las vacantes para empleados públicos discapacitados, no se cumple en forma orgánica. No hay llamados públicos, llamados a concursos o sorteos", agregó Aguirre.

Ariel Sánchez, jefe de la división Administración de Personal de la Oficina Nacional de Servicio Civil, negó la afirmación de Aguirre.

"Desde 1995 están prohibidos los ingresos a la administración pública, pero hacemos una excepción con los discapacitados por la ley 16.095. Pero no ingresa el discapacitado que se muestra interesado en entrar, sino que hay llamados públicos de cada dependencia", dijo.

La Oficina de Servicio Civil, unidad ejecutora de Presidencia de la República, es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento del artículo reglamentario.

"En la eventualidad de llamar gente para cubrir vacantes, tienen que ser discapacitados. Esa es la idea. Nosotros anualmente notificamos al Poder Ejecutivo y la Asamblea General de aquellos organismos que excepcionalmente permitieron el ingreso de discapacitados para llenar cupos", añadió Sánchez.

El funcionario estatal estimó que los discapacitados constituyen "entre 2 y 3%" de los 212.326 empleados públicos.