Sin paz en la búsqueda del orden

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Se suponía que iba a ser una salida rápida; arrimar a una conocida a su casa, a unas pocas cuadras de distancia, por eso no creyó que las luces rotas de la moto y la falta del casco fueran a generarle un problema. Llevaba sí, consigo, la libreta de propiedad del vehículo. Cuando vio el móvil policial, pensó que lo mejor sería reconocer que estaba en infracción. Se acercó y les extendió a los agentes la documentación: lo peor que podría pasarle —calculó— era que le aplicaran una falta, pero los policías lo llevaron a la comisaría.

Aunque él no tenía antecedentes y la moto no estaba requerida, decidieron retenerla; él podía retirarse. Se marchó, pero de salida soltó algunos insultos. Caminó una cuadra, y cuando iba por la segunda lo alcanzaron los mismos agentes que esta vez estaban dispuestos a detenerlo. Se resistió. Uno de ellos luego declaró que lo golpeó en los genitales, pero según el informe médico el único con lesiones fue el detenido. De regreso a la comisaría, lo acusaron de haber cometido un delito nuevo: resistencia al arresto.

Esto sucedió el 25 de julio pasado, un día después de que entrara en vigencia la Ley de Urgente Consideración (LUC). Esa noche, mientras el imputado se lamentaba por cómo se le había complicado esa salida rápida, a la defensora Lourdes Lemos —de Rosario, en Colonia— le avisaban que un joven sería formalizado en Juan Lacaze de acuerdo al flamante artículo 4.

Esta norma complementa y amplifica al delito de desacato. Eleva la pena del primero, y agrega que quien ejerza resistencia física al arresto será castigado con una pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, aunque si agrediera o atentara contra la autoridad, la pena máxima se incrementa a cuatro.

En la fiscalía, Lemos se encontró con el policía que hizo la detención. Según recrea esta defensora, le relató los hechos y él los confirmó. Entonces le preguntó por qué si el imputado se había acercado voluntariamente al móvil, si no era sospechoso de ningún delito, ni tampoco se había dado a la fuga, decidió detenerlo.

—Me contestó que lo había escuchado insultarle y que él no iba a dejarse insultar por cualquiera. Este artículo es un peligro, porque la Policía lo va a tomar como le convenga. Lo que ocurrió fue un arresto ilegal, por eso apelé la detención y a la formalización. Me ofrecieron un proceso abreviado pero me negué, porque esta situación le va a dejar un antecedente. Ahora hay que esperar a que se expida el Tribunal, en Montevideo.

La descripción del hecho llegó al grupo de WhatsApp que integran la mayoría de los defensores del país. Ahí suelen compartir los casos complejos para intercambiar interpretaciones. Hasta donde sabe Lemos, el suyo fue el primero referido a las normas penales que introdujo la LUC en la sección seguridad pública.

Desde Montevideo, los penalistas Diego Camaño y Rodrigo Martínez, experientes en el patrocinio de víctimas de excesos policiales, lo leyeron con atención.

—Los de maltrato y abusos son casos frecuentes y no son nuevos. Pero es como si hubiera una policía envalentonada. No es casualidad. Con la nueva legislación se ha perdido el equilibrio entre los derechos de las personas y el accionar policial. En el marco de las detenciones, lo que se nota es que ha habido casos de mayor uso de fuerza con tintes abusivos —opina Camaño.

Se refiere a las investigaciones que están en curso, como la formalización por abuso de funciones de dos agentes que habrían usado una picana durante una detención; el asesinato del perro de un indigente, al que un policía le habría advertido “después te toca a vos”; a la denuncia de vecinos del barrio La Bombonera, en Malvín Norte, que aseguran que durante un procedimiento, tras la provocación de un agente (“¿Qué mirás, mugriento de mierda?”, le habría dicho a un vecino; que le habría respondido, “mugriento sos vos, gil”) se desató un enfrentamiento en el que la Policía habría usado cachiporras y armas con munición letal.

En marzo pasado, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) registró un pico de denuncias: ese mes superó las 15 que recibió en todo 2019. Según información a la que accedió El País, ya suma 32. Además, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) difundió un formulario para investigar este tipo de episodios y, desde el 8 de junio pasado, 63 personas lo han completado. El articulador de colectivos No a la reforma continúa activo y también recepciona denuncias.

Lucas Regal, uno de sus referentes, dice que hay un patrón que se está dando: “Cada vez que ante una intervención la persona dice que conoce sus derechos, el agente es como si se sintiera agredido”. Algunos relatos que se repiten refieren a jóvenes que son expulsados de espacios púbicos por fumar marihuana, lo que está permitido por la ley.

Una semana atrás, recibieron una denuncia desde Artigas. En la madrugada del 25 de julio pasado, un grupo de jóvenes fueron interceptados para una revisión. Cuando una de las jóvenes cuestionó la violencia con la que se estaba llevando a cabo el procedimiento, “los policías le dijeron que cuestionarlos era un desacato a la autoridad”, indica un comunicado difundido en redes sociales. “Fueron esposados y llevados al calabozo”. Un agente le habría dicho a la mujer que “por hacerse la intelectual universitaria”, “le iban a dejar antecedentes judiciales para complicarle la carrera”.

Juan Williman, abogado del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), escucha la enumeración de episodios y plantea: “¿Cuántas actuaciones policiales se realizan a diario y en cuántas tenemos un problema? Esto siempre pasó: uno hace mal las cosas y todos los policías caen en la bolsa”.

Hace memoria y dice que en lo que va de 2020 solo tuvo dos intervenciones: la del agente que le disparó al perro —supuestamente para defenderse de su ataque— y que está sumariado; y la de uno de los policías que participó de la polémica detención con uso de picana. Según transmite el abogado, desconocía que su compañero portaba esta arma no letal y no se percató de que iba a usarla; “nunca lo vio”, insiste.

A sus representados Williman les aconseja que con la nueva normativa “sean más cuidadosos que nunca”, y les advierte que “es posible que surjan más denuncias”, ya que con los cambios que trajo la LUC “quedan más expuestos”.

Desde el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom-U), el abogado Andrés Ojeda comparte la preocupación de su colega. “El policía está a la merced de cualquier denuncia por más infundada que sea; se comen un sumario y pierden la mitad del sueldo”, apunta. Él defiende a los agentes que están siendo investigados tras el fallecimiento de un joven —que cursaba una libertad vigilada— durante un tiroteo ocurrido, días atrás, en el marco de una custodia nocturna en Carrasco Norte.

Los agentes (de 19 y 21 años) estaban en un auto particular cuando un grupo de jóvenes tocó a la puerta de este, presuntamente para robarlo. Al notar que había gente, “recalaron detrás del vehículo”, narra el abogado. Uno de los jóvenes les dijo algo, y para escucharlo mejor, un agente sacó el cuerpo por la ventana; entonces le vieron el uniforme. En ese momento, uno de los jóvenes habría atinado a empuñar un arma de su campera y al ver esto el policía disparó. Luego, todos corrieron y comenzó un tiroteo. Los policías no notificaron a su superior del hecho hasta que apareció el cuerpo. Fueron detenidos y ahora esperan (en libertad) a que avance la investigación.

La LUC incorporó el viejo reclamo sindical de la legítima defensa presunta, que indica que “salvo prueba en contrario, se presume que la actuación del personal policial en ejercicio de sus funciones, es acorde a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes”. Tal y como lo ve Ojeda, si la LUC hubiera estado vigente, “no hubiera cambiado nada”, porque su comportamiento debe evaluarse de acuerdo a la Ley de Procedimiento Policial. “La LUC no habilita abusos policiales, eso es un argumento político”, opina. De acuerdo a su interpretación, se está dando un boom mediático en torno a estos casos, “pero es ruido y después nada, se archivan”.

El ministro del Interior Jorge Larrañaga fue convocado por la Comisión de Diputados para el próximo 6 de agosto. En entrevista con Radio Uruguay, el senador frenteamplista Charles Carrera advirtió que desde su partido ya se veía que “con la aprobación de la LUC se iba por el camino de una Policía más autónoma, que no rindiera cuentas, que hiciera uso discrecional de la fuerza”. Planteó que el episodio de la picana merecía explicaciones y que podría ser tipificado como tortura. En definitiva, considera que no es un episodio aislado como argumentó el ministro.

Larrañaga, en tanto, cree que esta es una de las críticas “injustificadas” que “soporta” desde el inicio de la administración. “Es un deliberado intento por parte de algunos dirigentes del anterior gobierno de sembrar crispación”.

Según su punto de vista, se quiere poner al gobierno actual como “promotor del uso abusivo de la fuerza diciendo que la LUC es para reprimir y un sinfín de disparates”. Recuerda que los episodios de un funcionario municipal y de un malabarista de San José que denunciaron abusos, fueron archivados. “Defendemos al buen policía y condenamos el mal accionar. Pero otros condenan a la Policía cuando hace las cosas bien porque les molesta como institución. En el fondo les molesta lo que representa: la ley como límite, la autoridad y el orden en una sociedad”.

Patricia Noy, vicepresidenta del Sifpom-U, cree que la LUC les trajo “más garantías para hacer su trabajo”, pero que a cambio la Policía “una vez más es un títere en el que la sociedad mide las rigideces con los políticos”. Estos cambios —opina— llegaron en un momento en que “se ha hecho moda” viralizar videos en los que se registra “únicamente la reacción policial en respuesta a una agresión”, lo que provoca que se juzgue mal al procedimiento y se deje a la policía “mal parada”.

Luis Clavijo, dirigente del otro sindicato policial, el SUPU, plantea que lo que cambió en el escenario de la seguridad púbica es que el nuevo gobierno pretende recuperar la prevención con una planificación diferente que incluye más controles, “y los controles siempre molestan”.

—¿Entonces no hay abusos?

—Rambo no existe, pero hay mentes de todo tipo en una institución de más de 30.000 funcionarios. Algunos se creen Rambo y después terminamos así.

Puertas adentro, los sindicatos también aplican la prevención. Clavijo no tiene reparos en reconocer que la formación es un debe —tanto el curso de seis meses que reciben los agentes antes de salir a la calle, como las actualizaciones que reciben quienes están en ejercicio—, por eso el SUPU está dictando cursos por zoom para explicar las nuevas normas y repetirles que se cuiden: “Si antes nos miraban con lupa, ahora es con microscopio”.

La otra cara de la moneda la ofrece el Serpaj, que está dictando talleres para adolescentes en centros juveniles; la materia: qué hacer y cómo actuar si te para la Policía. Esta práctica forma parte de una investigación de violencia policial que se complementa con la difusión del mencionado formulario para denunciar abusos. Un equipo analiza este contenido y entrevista a sus protagonistas.

Florencia Lemos, integrante de esta organización, adelanta que más de la mitad de los episodios no fueron denunciados ni ante el ministerio, ni ante Fiscalía. “Por lo general la gente no se sabe a dónde recurrir, por eso reclamamos que exista un mecanismo institucional para recepcionar estos casos. En Argentina, por ejemplo, existe una fiscalía especializada en violencia institucional”. Mientras esto no suceda, la organización planifica armar un equipo letrado para asesorías.

Si bien ahora están tomando mayor estado público, Lemos asegura que los episodios abusivos no son nuevos. “La LUC significa una ampliación de la autonomía policial que nos preocupa, pero una investigación de 2014 realizada en Montevideo arrojó que la Ley de Procedimiento Policial ya dejaba bastante discrecionalidad, dando lugar a relatos de malos tratos verbales y físicos que afectaban sobre todo a adolescentes varones, de entre 13 y 19 años, que circulaban en barrios periféricos”, detalla.

Los bastones eléctricos paralizantes tampoco son nuevos. El artículo 165 de la Ley de Procedimiento Policial (2008) autoriza el uso de “stun guns” (armas que lanzan cables con descargas eléctricas que se pegan sobre el cuerpo) y “stun baton” como armas neutralizantes no letales. Sin embargo, el personal policial tiene condicionado su uso a una capacitación previa que, hasta ahora, nunca se concretó.

Estas armas son de venta pública. De acuerdo a un relevamiento realizado para este informe, sumando media docena de publicaciones en internet, se vendieron casi 7.000 de estos artículos en los últimos 120 días. El precio va de $356 a más de $2.000 y algunos pack incluye gas pimienta, piña americana y cachiporra.

Jorge Madrid, presidente del SUPU, explica que la picana es un arma similar, pero de tamaño pequeño, que cabe en un bolsillo. Ante la consulta de la inclusión en la ley policial, explica que estaba prevista su incorporación como “arma de disuasión intermedia entre la cachiporra y la pistola”, pero nunca se concretó; tanto él como la vicepresidenta Noy, del Sifpom-U, opinan que sería oportuna.

Ante el escándalo por este episodio, Larrañaga recuerda que fue el propio ministerio el que llevó adelante la denuncia aportando imágenes del Centro de Comando Unificado. Desde la Inddhh, uno de sus directores, Juan Faroppa, reconoce que “es una buena señal” que el ministerio investigue, pero advierte que su respuesta hacia las intervenciones que le realiza la institución ha sido “errática”: a veces responden, a veces no.

Faroppa espera desde marzo que el ministro le otorgue una reunión para discutir el incremento de las denuncias. “No tenemos una Policía de gatillo fácil, pero evidentemente le falta ajustes como para tener una mejor performance y ser más respetada por la población”, dice el director. La intención de la institución es que se acepte su viejo ofrecimiento de dictar talleres a los funcionarios.

Los relatos recogidos por la Inddhh hablan de insultos y provocaciones durante procedimientos; la no proporción de información acerca de detenidos a sus familiares y del uso excesivo de fuerza en las detenciones.

Desde la Defensoría Penal de Adultos, su directora, Verónica Acuña, afirma que las denuncias por maltratos de parte de detenidos ocurren desde hace años y siguen apareciendo en cada turno. “Una por día o cada dos días”, dice un fiscal de Flagrancia entrevistado.

Al ser detenida una persona, pasa por un control médico que comprueba si tiene lesiones y si estas se condicen con la detención. Además, tras el cambio de Código del Proceso Penal, cuando es conducido ante el juez de garantía, una de las primeras preguntas que debe hacerle es cómo fue el procedimiento.

Esto debería bastar para detectar los excesos, pero defensores y fiscales reconocen que, de todas las veces que los detenidos denuncian abusos, en los casos en que un informe forense los confirma, la inmensa mayoría desiste de seguir adelante con la denuncia. ¿Por qué? “Porque las cárceles dependen del Ministerio del Interior. Abandonan la Fiscalía, se suben al móvil policial, ¿y tú les podés asegurar su seguridad física? Temen represalias”, opina Acuña.

Si a los abogados de los sindicatos les cuesta recordar casos de abuso que no hayan sido archivados, a los fiscales también. Hasta que uno recuerda. En un barrio complicado, un hombre cenó con una mujer; terminó, y se tomó un taxi. Dos policías detuvieron el vehículo para revisarlo. Le preguntaron al pasajero dónde tenía las armas y las drogas. El hombre, sin siquiera tutearlos, les respondió que porqué no iban en busca de delincuentes de verdad.

Lo acusaron de desacato, lo redujeron con una llave y le golpearon la cabeza contra el suelo, dejándole secuelas neurológicas. Luego pasaron por el control médico, pero solo descendieron del patrullero los agentes. En el informe figura que no se dejó revisar.

Sus abogados, Camaño y Martínez, dicen: “Para llevar adelante una causa contra funcionarios policiales debe haber elementos contundentes, no es tan sencillo. El problema es la prueba. Acá tenemos un testigo, pero no sabemos si se animará a declarar. Es palabra contra palabra, y la palabra del policía pesa más”. Esto pasó en diciembre de 2018. Todavía nadie fue formalizado.