Negocios para pocos

1/2: Acuerdos. Cada una de las cinco visitas de Chávez a Uruguay vino acompañada por promesas y muchos entendimientos comerciales, que dicen que no se concretan. 796x542 ()

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FLORENCIA TRAIBEL

Hay quienes esperaban mucho más de la generosidad del venezolano Hugo Chávez. Algunos -muchos- empresarios se aprontaron para negocios que quedaron inconclusos o jamás se iniciaron.

"Lamentablemente, pese a todos los esfuerzos, debemos reconocer que en numerosas ocasiones una pesada burocracia o la falta de voluntad de algunos actores han echado por tierra nuestros esfuerzos", se lee en una extensa carta que los directivos de la Cámara Uruguay Venezuela le acercaron en agosto al presidente Chávez, la penúltima vez que visitó Montevideo.

La queja viene a cuento porque más allá de la parafernalia de anuncios y proyectos de inversión en los discursos de Chávez y las donaciones bolivarianas al Estado uruguayo, en el sector privado las ventajas y los réditos de los negocios con Venezuela estuvieron bastante lejos de ser los que se esperaban. Y lo que se decía en los discursos políticos cargados de retórica positiva que se intercambian Chávez y el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, no necesariamente se cumplen.

Así, después de tres años, los acuerdos comerciales se concretaron en menos negocios de los que se anunciaron. Sólo tres empresas privadas, por ejemplo, pudieron concretar buenas oportunidades, y dos de ellas están indicadas como cercanas al gobierno. En uno de esos negocios afortunados, por ejemplo, se ha señalado que participa un hijo del presidente Vázquez y los responsables de los otros dos se apresuran siempre a aclarar que la evidencia que los vincula con el Poder Ejecutivo es engañosa. Un consuelo para los que quedaron afuera: los que lograron entrar al mercado venezolano tampoco tuvieron un camino fácil.

Informales, impuntuales, desprolijos, son algunos de los calificativos que le caben a los venezolanos a la hora de hacer negocios, dijeron fuentes empresariales. Los tiempos de los caribeños no son los de la economía uruguaya y eso, los empresarios locales lo están sufriendo en carne propia. Además, algunas de las actividades comerciales han sido sospechadas en Caracas.

El mismo Fonba, el Fondo Bolivar-Artigas (bautizado así para "rescatar la memoria histórica de nuestros libertadores", dijo Chávez, su promotor) también se vio perjudicado por la lentitud de las burocracias estatales. El acuerdo para su formación se anunció el 2 de marzo de 2005, se firmó definitivamente recién en diciembre de ese año pero los primeros negocios se concretaron a mediados de 2006.

El Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas marcó las relaciones entre Uruguay y Venezuela a partir de 2005. Entre otras cosas, el documento garantizaba a Uruguay un ahorro de más de cinco millones de dólares mensuales en la compra de petróleo. Además, el documento se comprometía a la creación de un fideicomiso que financiaba la compra de petróleo más barato a cambio de productos y servicios para el estado venezolano.

Venezuela vendería crudo más barato a cambio de productos y servicios para el mercado venezolano. Así suministraría petróleo, productos refinados y GLP a ANCAP por hasta 43.800 barriles diarios. Uruguay pagaba 75% del precio del petróleo hasta en 90 días con un interés de 2% y el restante 25% a largo plazo de hasta 15 años con una tasa de interés anual de 2%. Los pagos serían depositados en una cuenta común del Banco República de Uruguay y Bandes de Venezuela y actuaría como fideicomiso para financiar las compras del estado venezolano.

Las palabras del presidente Tabaré Vázquez adelantaban los futuros negocios: "el intercambio de petróleo que nosotros no tenemos y ellos tienen, por alimentos, por conocimientos, por inteligencia, por software; pero también pensando en aspectos quizás más cotidianos, por ejemplo, el tema de la vivienda, que creo que es uno de los temas en los que Uruguay y Venezuela podemos trabajar juntos". El negocio era redondo: millones de dólares en deuda que Venezuela decidió utilizar en la compra de productos uruguayos.

Apenas unos meses después se realizó en Caracas la primera Macro Rueda de Negocios 2005.

Entre el 26 y 28 de julio viajaron en nombre de la delegación uruguaya 130 empresarios y representantes de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Vivienda, Salud Pública, Industria y Energía; y la Cancillería. También asistieron representantes del Banco República, la Administración de Puertos, el Instituto de Carnes, UTE, Instituto de Investigación Agropecuaria, el LATU, ANCAP y hasta el Hospital de Clínicas y el Tribunal de Cuentas. Encabezaba la delegación el vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa.

"Después de la Macro Rueda de Negocios en julio 2005, volvimos todos muy ilusionados", reconoce Ignacio Lavagna, presidente de la Cámara Uruguay Venezuela. Los empresarios estaban entusiasmados con la posibilidad de que sus productos y servicios llegaran a los 29 millones de venezolanos. Con 150 socios activos, la institución agrupa a pequeñas y medianas empresas de los más variados rubros: desde la construcción, hasta el software, la ganadería, la industria láctea y la industria frigorífica.

La Cámara celebró el comienzo de las relaciones con Venezuela y realizó un almuerzo de camaradería para festejar los proyectos que se habían concretado en Caracas. Algunos creen que eso fue cantar victoria, pero los anuncios de intensificar las relaciones comerciales y culturales entre los pueblos uruguayo y venezolano, hacían prever una zafra exitosa. No fue tan así.

"Las relaciones se fueron enfriando con el paso del tiempo", reconoció Lavagna. Los negocios no se concretaban y cada vez surgían nuevas trabas.

En la última reunión de la Comisión Mixta de Relaciones Bilaterales entre Uruguay y Venezuela se firmaron siete proyectos que, según el acta "se encuentran en vías de concreción". El canciller, Reinaldo Gargano, anunció que Venezuela se había comprometido para financiar los proyectos. Seis de ellos estarían comprendidos dentro del Fondo Bolívar Artigas, que maneja un presupuesto de 256 millones de dólares.

Pero si concretar acuerdos con el estado venezolano no es fácil, mucho menos lo es entre privados. Mientras esperan que Venezuela ingrese al Mercosur como miembro pleno y se eliminen los aranceles a la importación, los empresarios uruguayos reclaman algunas medidas que faciliten el intercambio con Venezuela.

Para Lavagna, hay algunos obstáculos insalvables al comercio, que requieren del gobierno uruguayo una solución urgente. Reclaman, por ejemplo, la habilitación de las plantas frigoríficas de elaboración de chacinados, las procesadoras de pescado y mataderos para poder exportar los productos a Venezuela. "Muchas veces ni Cancillería ni el Ministerio de Agricultura y Pesca nos notifican de la llegada de las inspecciones venezolanas y quedamos fuera del circuito", se queja Lavagna. La Cámara pidió que se eliminen algunos protocolos sanitarios que enlentecen la posibilidad de vender carne, pollo y chacinados a Venezuela. También piden negociar la rebaja del costo del flete entre Uruguay y Venezuela que encarecen las exportaciones.

Además, en la carta a Chávez, los empresarios sugieren que un porcentaje del polémico Fonba sea exclusivo para los negocios entre privados. Según los empresarios uruguayos, se obviarían pesados trámites administrativos y se daría un mayor dinamismo a la corriente comercial entre las pequeñas y medianas empresas de un lado y del otro. Para eso proponen incentivar el contacto con Fedeindustria, una federación de pequeñas y medianas empresas venezolanas que se mostró interesada en comprar materia prima uruguaya.

Que sólo unos pocos negocios tuvieran sus frutos disgustó a muchos empresarios. "Los negocios que funcionaron, fueron los que Chávez quiso para su gobierno y los que le servían para la foto", comentó un empresario que no quiso ser identificado.

Por eso sólo esas tres empresas privadas lograron ser financiadas por el Fonba. Tres empresas que lograron sortear las barreras burocráticas y colocar sus productos en Venezuela. Pero detrás también corrieron denuncias de corrupción, tráfico de influencias y de extrema cercanía con el gobierno.

Vacas por petróleo

Eduardo Rozada, director de Rozada y Cia, dice que el negocio con Venezuela fue un milagro que le cayó del cielo. Tenía unas vaquillonas en cuarentena prontas para exportar, cuando recibió una llamada del Ministerio de Ganadería que le pedía que mostrara su ganado a una delegación de venezolanos. Al establecimiento de Rozada, llegó un grupo de interesados entre los que estaban la entonces embajadora de Venezuela, Lourdes Urbaneja, el ministro José Mujica y sus asesores y el general Eduardo Martínez Mendoza, presidente de Corpozulia Venezuela.

Corpozulia es la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana, que administra el estado de Zulia, una de las 10 regiones de Venezuela. El organismo depende directamente del gobierno venezolano y se encarga de promover negocios e invertir en agricultura.

Según Rozada, en un primer momento el general Martínez se interesó por sus vaquillonas, pero él no aceptó. "Le dije: imposible. Si querés trabajar conmigo, hablá con tu embajadora, segundo con el ministro y tercero hablá con Mario Álvarez (el productor que estaba negociando por ese entonces la venta de ganado y presidía la Cámara Uruguay Venezuela) porque yo no quiero que nadie diga nada de mí. A los dos días me llama y me dice, `ya hablé con todos. Quiero una cotización`. Ahí empezó el negocio".

La cotización inicial fue por dos mil vaquillonas. Finalmente logró enviar dos barcos con 890 cabezas de ganado cada uno. En total el negocio de Rozada y Cia con Corpozulia fue de unos dos millones de dólares. Cuatro millones menos de lo que Chávez anunció que pagaría por esa cantidad de vacas cuando visitó Uruguay en diciembre de 2005.

¿Qué pasó con ese dinero? A Rozada no le interesa. "La carta de crédito que recibí decía "cóbrese contra el banco venezolano en Miami". Presenté los documentos, fueron a Miami. A mí me pagó Miami. Si eso fue a convenio o no fue a convenio, no me interesa. Yo lo que quería era plata. Yo no me sentí ni atado ni vinculado a un convenio de petróleo ni nada. Si ellos lo ataron al fideicomiso, a mí no me interesa. Yo vendo vacas".

Rozada desmiente las acusaciones de venta de ganado por encima del precio promedio en el sector. Muestra sus facturas y asegura que recibió poco más de 900 dólares por cada cabeza de ganado en precio FOB (sin flete ni seguro). El ganado tenía como destino el estado de Táchira, en una región a 2.000 y 3.000 metros de altura, que según Corpozulia, es una zona altamente productiva. La adquisición se enmarcaba en una estrategia para desarrollar una cuenca lechera que abastecería a un millón de consumidores venezolanos en el occidente del país.

A pesar del rédito económico, los negocios con Corpozulia no fueron fáciles de concretar. Rozada reconoció inconvenientes y demoras por parte de los funcionarios de sanidad venezolana. Para cuando Venezuela confirmó el pedido, no había un barco con la capacidad para enviar 1.800 vaquillonas. Por eso contrató dos. El segundo barco fue demorado 10 días en el puerto de Montevideo, según Rozada por funcionarios venezolanos contrarios a Chávez. El costo de la demora fue de 140 mil dólares.

"Con el cambio de barco, yo perdía plata, y se lo comenté. Pero no podía dejar de embarcar y cambiar la situación y no se podía. Y me dice Martínez: `No te hagas problema, vamos a comprar cinco mil vacas más. Tú nos has hecho una buena provisión, tu precio ha sido el mejor`". Confiado dice, en un nuevo embarque, Rozada decidió pagar los 140 mil dólares y viajó a recibirlo a Táchira. El arribo del ganado coincidía con una nueva visita del presidente Vázquez y el ministro Mujica a Venezuela. En esa oportunidad, y en teleconferencia, Mujica y Chávez confirmaron una nueva exportación por cinco mil vacas más.

Sin embargo, al llegar a Montevideo, el negocio nunca se hizo efectivo. Según Rozada, el general Martínez no quiso pagar el costo del barco demorado. Un intercambio de palabras terminó con el acuerdo. "Si no me quiere comprar vacas, que las vaya a comprar a cualquier otro lugar del país. Yo no me dejo pasar por encima. Ni por un general ni por nadie. Nunca más me llamó y yo tampoco nunca más lo llamé. Se fueron a comprar a Argentina. No compraron a nadie más acá… y ahora no se sabe qué va a pasar. Tampoco me importa".

Para Rozada, las críticas a los negocios con Venezuela son un tiro por elevación al gobierno. "El rédito político de atacar al Frente, de atacar a Mujica, de generar dudas es lo más bajo del mundo. Una verdad dicha a medias es peor que una mentira". Hay quienes lo vinculan al MPP, pero él desmiente esas versiones diciendo que la última elección fue la primera vez que votó al Frente Amplio "porque se lo pidieron sus hijos". Tampoco dice conocer a Norberto Barcos, el hijo de uruguayos que algunos indican como cabeza de los negocios con el gobierno de Chávez. Rozada asegura que su relación con Mujica comenzó cuando el ministro visitó su ganado.

Reconoce que siempre lo admiró, pero que sólo lo conocía por la televisión. Hoy en la recepción de su oficina hay dos fotos. Una de él con su hija y "Pepe", como lo llama Rozada, y otra con el presidente Vázquez. Ambas fueron tomadas en una recepción en homenaje a Chávez, luego de vender las 1.800 vaquillonas.

Y para ser un frenteamplista novato, Rozada no oculta su fanatismo por el ministro de ganadería con quien se volvieron "muy amigos". Desde septiembre, Rozada y Cia. tiene una publicación gratuita llamada Exportación: Aguinaldo del Tambero. En las dos ediciones hasta la fecha la portada es una caricatura con el ministro de Ganadería como protagonista. En una ataca contra los frigoríficos, en la siguiente aparece junto con el general Licandro, contra lo que llaman "Burro-cracia".

Casas por petróleo

Si bien el argentino Alejandro Lagrenade, el dueño de la empresa Umissa (Unión Metalúrgica Industrial del Sur S.A) que produce casas prefabricadas, insiste en que el negocio con Venezuela comenzó a gestionarse en 2003, no fue hasta un año después de la firma del Fondo Bolívar Artígas que efectivamente se concretó. El 14 de marzo de 2006, con los presidentes Chávez y Vázquez presentes, se firma el contrato en el Palacio Miraflores. Umissa produciría y exportaría en un año 12.193 viviendas industrializadas "de interés social" por 156 millones de dólares. El acuerdo incluía el envío de dos tipos de casas: unas pequeñas, de 50 metros cuadrados con dos dormitorios, un baño y un living con cocina integrada y una un poco más amplia de 72 o 76 metros cuadrados con tres dormitorios, dos baños living, cocina, lavadero techado y alero al frente.

Todo parecía encaminado. El 8 de junio de ese año se realizó el primer embarque. Desde esa fecha hasta hoy Umissa despachó más de 1.300 contenedores con los materiales para construir dos tipos de casas. Unas cinco mil viviendas en kits que corresponden al 45% de lo pactado. Según la empresa, ha cobrado algo menos de ese porcentaje: casi 70 millones de dólares.

Con dos plantas, una en el barrio de la Teja y otra en el parque Roosevelt, Umissa emplea a 325 trabajadores. Otros 100 se encuentran en Venezuela para acondicionar los kits de vivienda y asesorar en el armado a los funcionarios del Ejército y el Ministerio de Vivienda venezolano.

Trabajar con Venezuela tampoco fue fácil para Umissa. Venezuela combina un coctail explosivo: mucho dinero y la peor burocracia. Las dificultades no tardaron en llegar.

A fines de mayo de 2007, el Ministerio para la Vivienda y Hábitat de Venezuela pidió a Umissa suspender los embarques. Había casi 700 contenedores con viviendas sin abrir en los puertos de Cabello y La Guaira. El acuerdo ya estaba firmado, y el negocio se retrasaba. La empresa debió demorar la construcción y trabajar con 75% de su personal, con períodos rotativos de seguro de paro. Además, algunos materiales perecederos que estaban en los contenedores se perdieron. En agosto se retomaron lentamente los envíos, pero nunca al nivel inicial.

Según la empresa, el atraso fue responsabilidad exclusiva del gobierno venezolano. El contrato especificaba que el armado de las casas corría por cuenta del comprador. Y los venezolanos parecen no tener mucho apuro. Una casa prefabricada puede armarse en un día y un barrio completo en apenas tres meses. Sin embargo, los venezolanos llevan construidas menos de 40 casas. Para fines de noviembre todavía permanecían unos 500 contenedores estancados en los puertos de Venezuela.

Pero el peor enemigo de Umissa no parece ser la burocracia venezolana. El negocio se vio vinculado con denuncias de corrupción, favoritismo y sospechas de estar involucrado con Guido Antonini Wilson, el mítico hombre de la valija con 800 mil dólares.

El negocio de Umissa también fue criticado por la oposición venezolana. Algunas denuncias asociaban también a Umissa con Norberto Barcos. Incluso aseguran que Cerjeca, una empresa de Barcos, es la socia local de Umissa. Luciandys ORdosgoytti, una funcionaria del Ministerio de Hábitat y Vivienda de Venezuela denunció el cobro por parte de Cerjeca de un cheque por 16 millones de dólares. Además, Luis Figueroa, ministro de Vivienda cuando se firmaron los negocios, fue cesado en su cargo por oponerse al negocio.

Desde Fucvam también se denunció irregularidades en los negocios de Umissa. Daniel De Souza, presidente de Fucvam, acusó al embajador uruguayo en Venezuela, Gerónimo Cardozo, de haber incidido a favor de la empresa en las negociaciones con el gobierno de Chávez. En un comunicado de prensa, el movimiento pidió que se investiguen los vínculos del diplomático y "las empresas que mantienen negocios con Venezuela y los vínculos entre trabajadores de la fábrica y legisladores del MPP". Fucvam pidió el levantamiento del secreto bancario de Cardozo.

Voceros de Umissa se negaron a hacer declaraciones a Qué Pasa sobre las denuncias de Fucvam por no encontrarle fundamentos. Aseguran que los ataques son productos de una interna feroz de aquellos que no se vieron beneficiados con el negocio. También el sindicato de Umissa solicitó al PIT-CNT que intercediera para que Fucvam frenara sus ataques.

En una entrevista concedida a El País en octubre, el director de Umissa, Alejandro Lagrenade, aseguró que la extrema derecha y la extrema izquierda estaban detrás de las denuncias del movimiento. Además agregó que Fucvam está despechada luego de que el gobierno uruguayo alertara a su par venezolano sobre la deuda de 167 mil dólares que el movimiento cooperativista adeuda con el Banco Hipotecario, y que provocó que Venezuela desistiera de hacer negocios con la cooperativa.

Las relaciones de FUCVAM con Venezuela también son estrechas. De Souza, presidente de la organización, estuvo sentado a la derecha de Chávez en el acto del martes 18 en el Paraninfo. Cuando recién comenzaron las tratativas con Venezuela, el Ministerio de Vivienda firmó un memorándum de entendimiento con la cooperativa de viviendas. Sugería la colaboración de FUCVAM en "la construcción de viviendas bajo el sistema de ayuda mutua en tres o cuatro experiencias de 100 viviendas cada una". Incluso en uno de los discursos de Vázquez cuando estuvo Chávez, recordó la experiencia del movimiento cooperativista en la construcción de viviendas y sugirió la posibilidad de que colaboren con el país de Chávez.

Además, FUCVAM está vinculada a otra empresa que apuesta al mercado venezolano. La empresa inició las obras para instalar cuatro plantas potabilizadoras de agua en las localidades de Cusia, Campamento, el Carretal y los Frailes del Municipio Páez del Estado Zulia en Venezuela. El Grupo Cruz del Sur, miembro de la Cámara Uruguay Venezuela, se dedica a la venta e instalación de UPAS (usinas potabilizadoras de agua) en países de Latinoamérica. Contrata personal de FUCVAM para que colabore con la instalación. El acuerdo también implica que cuando FUCVAM realice algún acuerdo de construcción, sea el Grupo Cruz del Sur el que provea del agua potable.

Tampoco hicieron declaraciones sobre las denuncias de privilegios por haber contratado familiares de diputados del MPP. Sin embargo, la empresa reconoció que allí trabajan un sobrino del diputado Luis Rosadilla como peón, el hermano del diputado Javier Salsamendi que es oficial de carga y el hijo del diputado Esteban Pérez. En la misma entrevista Lagrenade dijo que ninguno de ellos tiene un cargo gerencial y sus sueldos no superan los 9 mil pesos. "En otros países los hijos de diputados suelen trabajar para el Estado, en cargos gerenciales, y ni siquiera van a la oficina. Aquí son peones, medio oficiales o cosas por el estilo. ¿Es ilegítimo? Son buenos operarios, porque si no, ya habrían sido despedidos".

Lo que si reconocen en Umissa es la visita de Guido Antonini Wilson, el venezolano que intentó ingresar a Argentina con una valija con 800 mil dólares no declarados (ver recuadro).

Antonini Wilson concurrió a la fábrica en la Teja, como parte de la delegación del gobernador del estado de Cojedes, Johnny Yanes y en representación del gobierno venezolano. También lo acompañaba la ex embajadora de Venezuela, Lourdes Urbaneja. Lagrenade confirmó la visita. "Se planteó una eventual compra de viviendas que al final no prosperó", pero desmintió versiones que afirmaban que Antonini era accionista de la empresa.

Software por petróleo

La venta de software fue el tercer negocio que logró plasmarse con Venezuela. En su discurso del martes en al Cumbre del Mercosur, Chávez volvió a agradecer las inversiones de software y el intercambio de conocimiento con las empresas uruguayas. Desde fines del año pasado, un grupo de empresas comprendidas por Artech, Geocom, MVDCOMM (que administra el sitio web montevideo.com) y Tabenor S.A. firmaron un contrato con la Corporación Venezolana Telecom por 80 millones de dólares. En mayo de 2006 la primera Declaración Conjunta de la Comisión Técnico Mixta Uruguay-Venezuela anunciaba la firma de siete documentos de negocios informáticos.

La segunda etapa en los negocios de software fue confirmada en la II Comisión Mixta de agosto y supone un desembolso de 37 millones de dólares más por la instalación y puesta en marcha de un sistema de logística y gestión de aviación para el Ministerio de Defensa .

El diputado Washington Abdala sugirió en la comisión de Asuntos Internacionales la existencia de una red de influencias en los negocios de venta de software a Venezuela y anunció que no votará el proyecto de ley que aprueba un "Acuerdo de Cooperación en Materia de Tecnología de la Información, Industria de Software, Equipamiento Informático y Comunicaciones con la República Bolivariana de Venezuela".

Según Abdala, varios empresarios del ramo se quejaron de no poder acceder al mercado por el "monopolio y el lobby" de algunas empresas.

En abril, el semanario Brecha denunció que el propio hijo de Vázquez, Javier Vázquez, fue el impulsor de estos negocios y uno de los responsables de que estos acuerdos sí se hayan concretado. Públicamente el presidente se negó a hacer declaraciones sobre las acusaciones. "Yo quiero hablar de cosas serias", respondió Vázquez cuando se le quiso consultar sobre la relación de su hijo con la empresa Artech y la venta de tecnología Genexus en Caracas.

Consultado el ministro José Mujica por el mismo semanario, confirmó que Javier Vázquez no representó a Artech sino que trabaja en esa empresa. "Es un técnico que trabaja en esas cosas y tiene el pecado de ser el hijo del presidente. No sé si los hijos de presidentes pueden hacer cosas, es un problema. Menos mal que no tengo hijos, si no, estarían condenados. Para mí se trata de un técnico más que está trabajando".

Como sea, hay quienes ven algo raro en la imposibilidad de que unas 140 empresas concreten sus negocios con Venezuela, y en las facilidades que tuvieron sólo tres, en unos emprendimientos que se suponía ayudarían a todas los uruguayos interesadas.

La chequera de Chávez

Los 800 mil dólares eran para financiar la campaña de Cristina Kirchner. Eso dice el informe del FBI sobre el destino de la valija que el ciudadano venezolano norteamericano Guido Antonini Wilson intentó pasar por Argentina sin declarar. Tanto el gobierno argentino como el venezolano lo desmienten y acusan a Estados Unidos de fraude.

Tres agentes secretos de Venezuela fueron detenidos la semana pasada en Miami: Franklin Durán, Mosiés Maiónica y Carlos Kauffmann. Y con ellos, el uruguayo Roberto Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello. La audiencia de Wanseele duró 50 minutos y la justicia del distrito sur de Miami autorizó su libertad a cambio de una fianza de 150 mil dólares. Según los fiscales de la causa, Wanseele actuó de "campana" en una reunión entre empresarios, los agentes venezolanos y Antonini Wilson en un Starbucks de Florida. Wanseele está casado con una venezolana y vive desde hace ocho años en Estados Unidos.

Cuatro meses antes, el caso de la valija sacudía al continente. En nuestro país preocupó a muchos pero se investigó poco. Recién desde el 20 de noviembre se encuentra en el despacho del juez Fernández Lecchini una denuncia del Partido Nacional para que se investigue las vinculaciones de Guido Antonini Wilson, el hombre de la valija en Uruguay. A los documentos aportados por Pablo Abdala (Herrerismo), Mauricio Cusano (Alianza Nacional) y Gonzalo Novales (Alianza Nacional) se le sumarán ahora las nuevas revelaciones desde Estados Unidos. Abdala, citó, apenas se conoció el episodio Antonini, al Ministro Lepra ante la comisión de Industria y Energía.

Lepra declaró en la comisión que no recordaba a Antonini, aunque no descartó haberlo recibido en el marco de alguna delegación comercial. Los blancos se reunieron con Gonzalo Fernández, que prometió investigar pero no tuvieron más noticias. "Está claro que en el gobierno las cosas que se molestan se niegan a investigarla" se queja Abdala.

En Uruguay pocos reconocieron conocer o si quiera haberse cruzado con Antonini Wilson. El escándalo de la valija golpeó a más de uno. Renunció el presidente de PDVSA en Argentina Diego Uzcategui. Con su hijo, Daniel Uzcategui viajaba Antonini y a su nombre estaban reservadas las habitaciones en el Radisson de Montevideo. PDVSA Uruguay dijo desconocer a Antonini, también desminitó en un principio que Ruth Beherens, la reperesentante de la petrolera en Uruguay viajara en ese avión y luego, cuando se confirmó que era parte de la tripulación, la desvinculó de la empresa.

Según el informe de la Dirección de Migraciones Antonini Wilson visitó Uruguay siete veces en un año y medio. "Yo no digo que pruebe algo, pero curiosamente dos semanas después de que el Presidente Vázquez visite Venezuela y firme estos documentos de todos estos asuntos y contratos comerciales de la exportación de productos. No es un indicio probatorio pero es un elemento que llama la atención."

Antonini ingresó a nuestro país en marzo, abril, junio, setiembre y noviembre de 2006 y luego en agosto de 2007. Fue en setiembre del 2006 cuando Antonini visitó la planta de Umissa, la exportadora de casas prefabricadas, junto al gobernador de Cojedes Jhonny Yáñez Rangel.

Los gobiernos de Chávez y Vázquez entraron en sintonía desde el primer día que asumió el mandatario uruguayo. Así Vázquez viajó a Venezuela tres veces en lo que va de su mandato. Con su última visita, Chávez estuvo cinco veces a Uruguay. En estos tres años de mandato común, los dos presidentes firmaron varios acuerdos de cooperación e integración a nivel estatal.

Las relaciones comerciales entre Uruguay y Venezuela se incrementaron. Con la compra de petróleo la balanza comercial entre ambos países se dio vuelta. En el 2002 Uruguay realizó importaciones de Venezuela por 743.010 dólares. El país caribeño figuraba en el puesto número tres en la lista de productos importados, luego de Brasil y Argentina. Cuatro años después la cifra alcanzó los 502 millones de dólares. En todo el 2007 Uruguay compró otros 400 millones de dólares de productos venezolanos pero sólo un millón son productos distintos que el petróleo que representa el 99.7% de las compras.

En la última visita del líder bolivariano, Uruguay y Venezuela firmaron un nuevo acuerdo: el Tratado de Seguridad Energética. El memorando de entendimiento entre PDVSA y ANCAP incluía la cooperación conjunta para la explotación conjunta de petróleo en la Faja del Orinoco.

Uruguay ya había aceptado la oferta del gobierno de Chávez de 600 millones de dólares para la remodelación de la refinería de la Teja. Sin licitación mediante. Con este nuevo acuerdo, el petróleo que se extraiga de la Faja del Orinoco a partir de 2010, será traído a la nueva refinería de la Teja y vendido en Uruguay y la región. Así Uruguay se aseguraría el abastecimiento total de crudo por los próximos 100 años.

Con el nuevo acuerdo también se evaluó la posibilidad de instalar una planta de regasificación en Uruguay en asociación con PDVSA que compró el 10% de las acciones de la empresa uruguaya ALUR en Bella Unión y aspira a adquirir el 25% del total. El gobierno de Chávez había adelantado siete millones de dólares a para la empresa.

Con el dinero del FONBA se realizaron inversiones que permitieron la reapertura de tres empresas recuperadas por sus propios trabajadores. Funsa, Midovers y Envidrio, de los ex trabajadores de Cristalerías del Uruguay. Fueron 5 millones de dólares para las tres, aunque FUNSA recibió 280 mil dólares, MIDOVERS unos 800 mil y el resto fue para Envidrio. En el caso de FUNSA, el acuerdo implicaba además de la inyección de dinero, la importación de neumáticos para el ejército y el transporte colectivo venezolano. Las exportaciones no se concretaron.

También de allí provino el dinero para la remodelación del Hospital de Clínicas y el Instituto de Oncología. En un principio se firmó un acuerdo por 17 millones de dólares, pero luego se amplió a 20 millones, 10 de ellos fueron en calidad de donación.

Uruguay se comprometió a enviar técnicos de UTE para colaborar con la capacitación de venezolanos a cambio de 10 millones de dólares. la capacitación técnica de UTE en Venezuela por 10 millones y la exportación de medicamentos por dos millones de dólares. Además Venezuela donó al Ministerio de Desarrollo Social 3 millones de dólares para la construcción de 100 salones de escuelas para 5 mil niños.