Millones en la basura

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Cristina Casabou

Cae la tarde en Casavalle y Angie está cansada. El barro que dejaron las últimas lluvias la obliga a redoblar esfuerzos para cinchar del carro repleto de cartones, papeles y bolsas.

Para la yegua terminó un día más de trabajo. Sin embargo a Luis Hernández, su dueño, le esperan varias horas haciendo una segunda clasificación de lo que juntó. Luego, irá al depósito a vender lo reciclable y más tarde tendrá que deshacerse de los restos sin utilidad.

Hernández, que tiene 22 años, aunque aparenta unos cuantos más, contó a Qué Pasa que empezó a "requechar" a los 12. "Mi padre enfermó, somos cuatro hermanos y había que parar la olla. Dejé el estudio porque no podía con todo. Al principio salía con un carro de mano, que me hizo un tío, después pude comprar un caballo", dijo.

Es un hurgador, un carrero, requechero, bolsero, junta papeles o, sencillamente, un "pichi", termino algo despectivo pero de amplio uso para referirse a aquellos que viven de lo que los demás dejan en el plato.

Son el eslabón más débil de un mercado, el de la basura, que mueve, según estimaciones oficiales, unos 48 millones de dólares al año. De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) de ese amplio mercado quedan para los hurgadores entre 12 y 18 milones de dólares anuales. Ese dinero se reparte entre Hernández y los 15.000 jefes de familia que, como él, hacen la calle revolviendo basura ajena. Su parte del mercado la hacen después que se cubren gastos de una larga lista de intermediarios.

El negocio es lo suficientemente grande y descontrolado (al carecer de normativa) como para que, como vía de regularización, la IMM se esté reuniendo semanalmente con la Dirección General Impositiva (DGI) para identificar cuántos y quiénes son esos intermediarios. Se estima que entre los clasificadores y las empresas finales recicladoras -que son totalmente legales y existen tres o cuatro en cada rubro: papel, cartón, vidrio, plástico y metal- hay cuatro o cinco intermediarios, pequeños depósitos que venden a otros más grandes. Durante ese periplo el precio del producto recogido va aumentando, llegando a valer hasta cuatro veces más.

Los ingresos de los hurgadores varían: hay quienes llegan a hacer hasta cuatro mil pesos por semana; otros, 700 pesos. Estas diferencias están vinculadas a la zona de recolección. Los centros comerciales, Pocitos y Carrasco son los lugares más codiciados pues ahí la basura es "más rica", según terminología del gremio. También depende del tipo de vehículo, los clientes fijos que se puedan conseguir y, como todo, la suerte. Nada mejor, cada tanto, que tener un buen día. Además los recolectores venden en la feria o canjean en el asentamiento donde viven artículos y electrodomésticos que los vecinos les dan o que encuentran en la basura.

En cada asentamiento hay uno o varios depósitos, que es donde venden los clasificadores. Y allí se mueve todo un mercado: desde préstamos de dinero al recolector, que será devuelto con materiales reciclados en la cantidad y precio que determine el prestamista, hasta "arreglos" en las balanzas para que pesen menos y los trucos de los clasificadores para que sus residuos sean más pesados, agregando agua o arena a las botellas o poniendo piedras en las bolsas. El momento de las transacciones tampoco es fácil y está cargado de la desconfianza mutua.

Aunque hurgadores hubo siempre (un jerarca municipal cita a Sansón Carrasco que hablaba de 200 en 1883), el fenómeno creció a partir de la debacle socioeconómica de 2002, al perderse empleos formales principalmente en fábricas y en la construcción. En ese entonces, año en que se realizó un censo voluntario de clasificadores, había 5.312 carritos, un 52% más que en 1990. En 2004 la cifra había ascendido a 7.700; un aumento de 44% en dos años.

No todos son iguales. Están los que poseen carro con caballo, que cuesta entre 25 y 30 mil pesos y se puede pagar en cuotas; el que sale con un carro de mano o lo engancha a una bicicleta y el bolsero que junta muy pocas cosas y generalmente saca, literalmente, su comida de la basura. En el área metropolitana, el 38% de los clasificadores usa bicicleta, recogiendo hasta 73 kilos; el 32% con caballo, lo que permite una capacidad de 266 kilos y un 30% usa carro de mano donde caben 84 kilos de deshechos.

El circuito de recolección se lo fija cada uno y de acuerdo al secretario general de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus), Eduardo Pérez, se han perdido códigos: "antes si veías un carro por una calle te ibas por otra. Hoy es al que llegue primero, hay 10 clasificadores para tres contenedores". Si bien, reconocen los clasificadores que generalmente no se dan peleas por la basura, el ambiente laboral no es lo que se dice distendido.

Para ayudar a la suerte, según Nicolás Minetti, del programa Uruguay Clasifica del Mides, hay clasificadores que les pagan a grandes supermercados para que sólo les entreguen los desechos a ellos. También están aquellos que arman un grupo de recicladores, e incluso hasta les proporcionan un carro, y luego le pagan en dinero o en especies como casa, comida y cerdos. "Salgo en el carro de otro, somos siete empleados. El dueño me paga por semana, nunca se cuánto, no conozco mucho la plata", contó Álvaro Cruz, que hasta hace un tiempo cuidaba taxis en el barrio Borro.

El mes pasado la directora de Acondicionamiento Urbano de la IMM, Hyara Rodríguez, mientras reportaba como intendenta interina culpó a las políticas neoliberales de destrozar al país y de ahí la expansión de gente viviendo de la basura. En esos días, la comuna informó que enfrentará el problema cerrando el registro de clasificadores. Antes de hacerlo, este mes, se pondrá en marcha un nuevo censo. La idea es saber exactamente cuántos recicladores existen -hoy se tienen estimaciones en base al registro municipal- y entregarles una matrícula para colocar en el carro. Ese es el primer paso para detener el problema, aunque son muchos los frentes que hay que atacar, según el director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Néstor Campal.

De esa forma, los controles serán efectuados sobre dichas matrículas que serán requisadas, ante una infracción, sin necesidad de retirar los vehículos como sucede ahora. Eso sí, podrán trabajar todos quienes estén registrados en la comuna y nadie más.

"La cosa cambió, la crisis ya pasó y el nivel de desempleo no es el mismo que en 2002", sostuvo el director de Desarrollo Ambiental. Para el jerarca no es válida la razón esgrimida por los clasificadores, según la cual optan por esa labor porque es más redituable que los empleos a los que pueden acceder de acuerdo a su calificación. "Otras alternativas son posibles. A todos nos gustaría ganar más. Pero por eso no voy a salir a afanar", expresó. Se agradece.

Para Campal, históricamente el problema de los clasificadores fue asumido por la intendencia, a través de la División Limpieza. Pero en el asunto hay más actores involucrados, ya que no solo se trata de la higiene, sino que presenta dimensiones socioculturales. Es por eso que se vanagloria de que ahora participen todos los implicados: los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, organizaciones sociales, el Pit-Cnt y la DGI, que deberán buscar y compartir responsabilidad para hallar otras fuentes de empleo. Y están los propios recicladores representados por la Ucrus, un sindicato creado en 2002 y reconocido por el Pit Cnt, que posee unos mil afiliados (de los aparentemente 15.000 recicladores), aunque participan muchísimos menos.

Todos esos involucrados, coinciden en que el trabajo del clasificador es necesario, pero no de la manera que se realiza ahora.

La intendencia diseñó una estrategia para regular la actividad. "La basura genera enormes ganancias para intermediarios que se enriquecen a costa del clasificador" sostuvo Campal. Ellos son el blanco de los intentos regularizadores. Las reuniones con la DGI van en ese sentido.

Desde Uruguay Clasifica, Minetti cree que es importante certificar el origen de los residuos que compran las empresas recicladoras para acabar con el lucro.

Pero como cada clasificador por su lado no podría jamás acceder a la venta en una industria, puesto que estas compran los materiales a gran escala. Así, la única salida viable parece ser las cooperativas o asociaciones.

Hasta ahora se formaron 10 cooperativas de clasificadores. Juan Cacharpa e Independencia de la Mujer son dos de ellas y están bastante bien pertrechadas. Ambas tienen vehículos para el traslado de los materiales reciclados, sustituyéndose la tracción a sangre.

Los 11 integrantes de Juan Cacharpa se hacen unos cinco mil pesos mensuales -sin contar la cuota por el camión que es de mil pesos por cabeza y demás gatos de funcionamiento- y en Independencia de la Mujer cada una de las cinco integrantes gana 1.400 pesos, un negocio poco redituable. Al brindar apoyo, la IMM y el Mides exigen eliminar el contacto callejero con la basura. Para eso se piensa recoger los residuos en determinados puntos y también contar con la colaboración de los vecinos que en sus casas deberán apartar los orgánicos de los inorgánicos.

La propuesta difiere de la fracasada bolsa anaranjada que pretendió instrumentar la comuna y terminó mezclada en un mismo contenedor. Se trata de una recolección separada, efectuada por las propias cooperativas. Esos desechos serán llevados a una planta de clasificación o puntos verdes (instalados por la comuna) y ahí seleccionados. Así se eliminaría la basura rodeando la vivienda del recolector que lo condena a vivir en asentamientos.

Luego los desperdicios no utilizables serán recogidos por la misma cooperativa u otra y trasladados a los vertederos municipales, acabando con la costumbre de tirarlos en arroyos, cañadas y basurales.

El proyecto comunal prevé incorporar tecnología sencilla para que el material tenga un valor agregado y, por ende, mayor precio.

Sin embargo, la propuesta asociativa no siempre es bien recibida por los clasificadores, que, acostumbrados a competir por los residuos, prefieren trabajar solos y de manera independiente.

"Imagínese que hoy se andan peleando en la calle para ver quien llega primero al contenedor. Los últimos no agarran nada, es una competencia feroz. En una cooperativa sería imposible. ¿Cómo se divide el trabajo y la plata?", opinó Luciano Pereira que tiene 12 hijos y hace ocho años que empezó a clasificar luego de perder su empleo en la construcción.

Para Campal "es claro que (a los recolectores) no les interesa asociarse" porque hacerlo "supone controles". Hoy "trabajan y se esfuerzan en el mismo lugar donde viven, regidos por su propia voluntad". Además "cambiar da miedo y muchos provienen de familias de clasificadores que siempre trabajaron de la misma manera".

Desde la organización San Vicente (Padre Cacho) que apoya emprendimientos de clasificadores, Arllene Inchuste consideró que a los recicladores les cuesta acostumbrarse a trabajar en grupos.

No habrá alternativa: "Al que quiera formalizarse lo vamos a ayudar, el resto quedará fuera del sistema", dijo Minetti.

Tanto el Mides, la IMM y Ucrus coincidieron en que el sistema que piensan desarrollar no tendrá cabida para todos los clasificadores. Habrá quienes tengan que optar por esas fuentes laborales que estos organismos se comprometen a crear.

Por otra parte, Eduardo Pérez, como Minetti, afirmó que aquellas personas que quisieron salir de la clasificación ya dieron el salto. "No creo que estén mejor, se fueron porque les molestaba el tipo de trabajo. Prefirieron ganar menos y hacer una tarea que les parece más digna", sostuvo.

Distintas experiencias ensayadas por la IMM con recolectores no fueron, para los implicados, exitosas. Se trata de convenios con organizaciones sociales, según los cuales durante un período, que va desde los cuatro a los 12 meses, los clasificadores realizan tareas de recolección de residuos en circuitos limpios o de barrido.

Perciben un sueldo de unos 3.500 a 4.500 pesos y cumplido el tiempo estipulado deben dejar su lugar a otro clasificador. Dicen los propios recolectores que estos no les convienen, a menos que realicen la tarea en forma paralela a la clasificación habitual.

De lo contrario pierden el circuito de recolección y una vez finalizado el contrato deben volver a empezar. Igual opinión les merece el Ingreso Ciudadano recibido a través del Plan de Emergencia del Mides, que solo sirvió como complemento, porque con "1.300 pesos, ¿quién va a vivir?", se preguntó Juan Pedro Marichal.

Sin embargo para Campal las experiencias municipales son positivas porque ponen fin al "rechazo natural a trabajar en conjunto".

En cuanto a los plazos, Campal dijo que las señales de cambio están apareciendo, pero para que se note habrá que esperar, al menos, dos décadas: "no hay que olvidar que en un futuro cercano de cada dos jóvenes uno habrá nacido en un asentamiento y esa es la fuerza de trabajo que vamos a tener, carente de preparación".

Mientras, Alfredo Pereira, un ex albañil que recorre Carrasco y Punta Gorda con un carro de mano dijo: "A mí déjenme así que estoy bien. Con esos inventos lo que hacen es que uno trabaje para otros, le dan unos vintenes y encima lo mandan cumplir horario y no sé que más". u

Los carros con caballos (hay unos 5.000) están habilitadas para circular en todo de Montevideo, excepto las avenidas Del Libertador e Italia, 18 de julio (aunque pueden atravesarlas a cualquier altura) y todas las ramblas. Además, entre las 5 y las 20 no deben andar carros con caballos en las zonas comerciales sobre: Agraciada, Gral. Flores y 8 de Octubre.

Los clasificadores para realizar su labor deben llevar el permiso de la comuna, y carné de vacunación del animal.

En octubre, la IMM resolvió tomar medidas extremas en pos de la limpieza de la ciudad. Fue así como, amparada en el Código Penal resolvió aplicar multas a particulares que arrojan residuos fuera de contenedores o volquetas. También decidió requisar los vehículos de quienes sean sorprendidos en igual situación, por ejemplo, los clasificadores. La medida costó a la comuna un duro cruce con los recicladores. Se instaló una mesa de negociación, que se reúne los viernes, para redactar un reglamento. Aunque en el medio los clasificadores, apoyados por el gremio municipal, organizaron dos marchas, el 13 de febrero y el 28 de marzo. Según Campal en lo que va de 2008 requisaron 80 carros.

"Les di el carné mio y el del animal. Pero como el barro que hay acá borró el color blanco del carro, me lo sacaron. No tengo plata para comprar pintura", narró José Tabarez. Recuperar el vehículo le llevó 20 días y pagar un flete 700 pesos que aún debe. "No tienen educación ninguna", dijo.

Para Campal si lo que preocupa es la medida, se puede cambiar y también, amparándose en el Código Penal, dar cuenta a la Justicia.

Minetti opinó que el trabajador al que se le quita el vehículo "no va a seguro de paro, saldrá con un carro en peores condiciones o con una bolsa al hombro". Una alternativa viable, dijo, sería que los infractores realizaran tareas comunitarias, talleres de capacitación y accedieran a información sobre trabajo cooperativo.

"Nos tiran toda la culpa a los carreros. En Carrasco, los fines de semana, dan vuelta las volquetas. Son los nenes bien que hacen gracias, con ellos no pasa nada", sostuvo Luciano Pereira.

"Yo me meto en el contenedor, mi padre me levanta la tapa y alumbra con una linterna. Cuando no voy, a papá le es difícil entrar a los contenedores. Mi madre no quiere que yo cuente, porque dice que no puedo ir porque tengo 9 años y a los niños ahora no los dejan andar en los carros. Me gusta ayudar y encontrar cosas que después vendo o cambio", contó Axel a Qué Pasa.

Es el mayor de cinco hermanos, vive en un asentamiento en Casavalle y dijo que con la plata cuando vende "algo" compra "cualquier cosa, lo que tenga ganas".

La recolección y clasificación de residuos integra la lista de trabajos peligrosos que en 2005 elaboró el Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Ceti).

La tarea atenta contra la salud y la seguridad de los niños y es la segunda estrategia de supervivencia -luego de la mendicidad- entre menores de edad.

El problema conlleva situaciones de embarazo adolescente de jefes y jefas de hogar menores de edad que encuentran en la actividad el único sustento.

"¿Para que voy a estudiar? Para ser policía u obrero, vivir en el mismo lugar y ganar menos", así explicó a Qué Pasa el coordinador del Programa Uruguay Clasifica del Mides, Nicolás Minetti, la percepción que tienen los clasificadores acerca de la educación.

Señaló que muchos pequeños abandonan la escuela en tercer año para salir a recolectar.

Gran parte de ellos integran familias extendidas en las que es necesaria la colaboración de todos. Narró luego que para un niño de 8 años es atractivo tener algún dinero, que obtiene, por ejemplo, juntando las tapas de envases plásticos y vendiéndolas por separado.

Esta situación es vista con buenos ojos por sus padres que consideran que de esa forma se acostumbran a trabajar y se hacen "hombres de provecho". El coordinador del Mides consideró que "la escuela no es vista como una estrategia para mejorar".

Una alternativa sería compensar a la familia del chico con un monto de dinero que sustituya el ingreso que deja el niño.

Para el dirigente de Ucrus, Eduardo Pérez, parte del problema se encuentra en la ausencia de lugares donde dejar a los niños cuando los mayores salen a recolectar.

"No hay guarderías que funciones las 24 horas. No podemos dejarlos en casa, porque vivimos en asentamientos, quedarían expuestos a peligros como drogas, alcohol, robos, abusos".

Con 14 años Silvana, que está embarazada, sale a recorrer Carrasco y Punta Gorda en un carro con dos de sus hermanos de 11 y 19 años. "Es para parar la olla, otra cosa no tenemos. Los cartones y los papeles los llevamos al depósito, lo que nos sirve nos lo quedamos y lo demás va a la feria de Piedras Blancas".

"¿Qué más voy a hacer? La escuela no me gustaba y ni para limpiar me toman.", dijo a Qué Pasa.

A Luciano Pereira le robaron cuatro veces el caballo que engancha al carro para salir a clasificar. Miguel López "nunca más" vio una yegua que dejó pastando a metros de su vivienda. Y gran número de recolectores habla de una mujer rubia que hasta hace un tiempo recorría en auto el centro de Montevideo haciéndose pasar por integrante de una protectora de animales y requisaba caballos en perfecto estado. Lo hacía, cuentan, aludiendo maltrato, y eran blanco de sus quitas aquellos animales que a cargo de mujeres, ancianos o menores. Dicen también que cerca de ella, siempre había un camión para trasladar a los animales. Este relato también llegó al Programa Uruguay Clasifica del Mides y su coordinador, Nicolás Minetti sostuvo que en torno a los clasificadores "hay un circuito delictivo que se dedica a robar y a matar caballos".

En un asentamiento de Conciliación y en otro de Colón, una vez al mes llega una camioneta de color blanco a llevarse equinos que ya no sirven para trabajar, como por ejemplo con artrosis, contaron a Qué Pasa dos recolectores que prefirieron mantener el anonimato. Así "negocian" con el dueño del animal entre 500 y los 2000 pesos, que descuentan del precio de un caballo sano a pagar en cuotas.

La operativa no es ajena a ningún asentamiento. Así lo reconoció el secretario general de la Ucrus, Eduardo Pérez: "Compran los caballos para matarlos. Muchos no deberían ir a matadero, están bien". Los robos, en general para la venta a frigoríficos, son según Pérez "muy difíciles de evitar". Los clasificadores optan por dormir con su animal adentro de su casa.

"Hemos pagado por algunos caballos que ya no pueden trabajar porque sabemos que, de lo contrario, irían al matadero", dijo a Qué Pasa la directora de la protectora de animales El Refugio, Rossana Ameglio.

Un caballo vive entre 25 y 40 años. El tiempo que sirve para trabajar depende de las condiciones en que se desarrolló su vida y de cómo fue tratado, se estima que no debe hacerlo más de 10 años. Después de esa edad el dueño tiene dos opciones: dejarlo en el campo o venderlos para faena, la más rentable. El negocio de abastecer frigoríficos está a cargo de "troperos" o "acopiadores" que se encargan de reunir caballos. Y el mercado está formado por asentamientos, establecimientos y ferias rurales.

En Uruguay no se consume carne equina, por lo menos a conciencia, pero hay tres mataderos habilitados para exportarla a Europa, Clay, Sarel y Frigorífico del Este. Durante 2007 las exportaciones de carne de caballo totalizaron 5.586 toneladas a 1.726 euros la tonelada. Los mataderos exigen conocer el origen del animal antes de comprarlo.