MIGRAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Dicen que es su versión de la Calle 8 de Miami: una manzana entera de casitas modestas en las que viven, en su mayoría, inmigrantes cubanos; una especie de Little Havana made in Chuy. Serán unos 50, pero apenas cinco o seis están con trabajo. A los otros, sin empleo ni changas para ganarse el pan, se los ve entrar y salir de sus hogares, “cuarticos” en los que viven tres, cinco, siete personas apretadas, a veces con niños. Las puertas de las casas están abiertas y, cuando salen, estos cubanos se arriman hasta el corazón de la flamante vecindad: una mesa donde juegan al dominó. Son tantos que se organizan por turnos.

El golpeteo de las fichas contra el plástico de la mesa es una melodía punzante, que solo se interrumpe cuando sus jugadores empiezan a relatar en un coro desordenado la fecha en que llegaron.

Dos años.
Uno.
Cinco meses.
20 días.

—Vine en pandemia y sigo en pandemia —dice Roberto, que se lleva las manos a los bolsillos vacíos para rematar su chiste amargo.

Llegó en octubre desde Paraíba, uno de los estados más pobres de Brasil, donde “los jóvenes, a falta de trabajo, subsisten con las jubilaciones de los viejos”, cuenta. “Ahí, no había sistema de vida para salir adelante” y los amigos le dijeron que se viniera para acá.

Frente a Roberto está Lester. Antes de instalarse en esta frontera, pasó seis meses probando suerte en Montevideo.

—Demasiado caro y sin trabajo. Un café me costaba 90 pesos; era imposible.

Daniel estudia sus fichas. Tímidamente alza la voz y dice que llegó hace 20 días.

—Pero como el consulado está cerrado no me pusieron el sello en el pasaporte. Entonces estoy aquí pero no estoy aquí, porque no tengo la entrada marcada.

El COVID-19 redujo los ingresos al país en un 94%, pero los migrantes siguieron llegando de todas formas; sobre todo cubanos y venezolanos. Llegaron desde lugares distintos, por caminos nuevos y a veces optaron por quedarse en la frontera por la que ingresaron, en especial las del Chuy y Rivera, donde la vida les resulta menos cara y compleja que en la capital.

El cierre de algunas oficinas públicas al inicio de la pandemia; la suspensión de los servicios presenciales; la recarga de los funcionarios debido al incremento de las solicitudes de residencia de ciudadanos argentinos y brasileños, y la imposibilidad de los consulados uruguayos de expedir visas (a no ser la de reunificación familiar) mientras las fronteras se mantengan cerradas para extranjeros (salvo excepciones), generaron un atraso y varias confusiones en los trámites de regularización.

A esto se le suma el recrudecimiento del desempleo —especialmente en las fronteras—, empujando a los migrantes a una precarización laboral que eventualmente podría ser un problema para concretar la residencia, ya que se exige una acreditación de ingresos para obtenerla.

De vuelta a la mesa de juego, estas preocupaciones se narran al son del dominó. Jason solicitó la visa un año atrás, pero por las demoras debido al COVID-19 aún no lo contactaron y sin esta no puede iniciar el trámite de residencia. José está a nueve meses de que su cédula provisoria caduque y aún no pudo reunir la documentación para la residencia: no tiene cómo acreditar un ingreso. Judith reclama que debido a la crisis sanitaria la tramitación se enlenteció demasiado y los documentos que trajo desde Cuba están vencidos; ahora debe hacer todo el papeleo de nuevo antes de que su cédula también se venza; esto significa más dinero, un dinero que le falta.

Daniel —el recién llegado— se encoge sobre sí mismo mientras escucha el relato de sus compatriotas. Dice que todavía él no sacó la cédula.

Se hace un silencio. Aunque la norma indica que para emplear a un migrante en camino de regularización basta su pasaporte, sus amigos saben que sin la cédula los empleadores no se arriesgan.

—Igual Daniel, de todos los males el Chuy es el mejor, porque es más barato por renta y por comida. Ahora eso sí, debes saber que lo que es contenido de trabajo: eso cero —le advierte Judith.

—Pero yo hago de todo —retruca.

—Tú no haces de todo: aquí hay que hacer de todo para sobrevivir porque nos pagan dos pesos. Yo este mes ya no sé cómo pagar la renta. Ya me veo durmiendo en el Chevette —dice Lester señalando un auto estacionado en la vereda.

Hablan de changas en las que entran a las 7 de la mañana pero no saben a qué hora terminan; de recibir 200 pesos por descargar un camión de leña; de conseguir un “trabajito” en los comercios donde los toman por tres meses y “para afuera”, para evitar ponerlos en caja.

—¿Qué pasa si les piden a sus patrones que les paguen los aportes?

—Es como que un perro venga detrás de ti a pedirte un hueso y tú ni siquiera te gires a mirarlo.

Pocas personas parecen saberlo, pero hoy es un día de celebración en el Chuy. Aquí, a dos casas de distancia de la partida de dominó, abrirá una oficina la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El acto significa la primera visita oficial del director regional Marcelo Pisani, quien junto a la jefa de misión en Uruguay Tanja Pacifico pasó la semana reuniéndose con distintas autoridades —como la vicepresidenta Beatriz Argimón— y firmó un acuerdo de contribución que servirá para trabajar en las prioridades que el gobierno detecte para atender las necesidades de los migrantes. ¿Cuáles? El País consultó a Cancillería, pero las autoridades se excusaron de dar declaraciones.

En primera fila, durante la inauguración —de la que también participó Mireia Villar, coordinadora residente de Naciones Unidas—, estaba el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez. En la frontera que administra residen unos 1.500 migrantes, sobre todo cubanos, aunque en 2020 también llegaron senegaleses y un grupo de Bangladés. “Es gente que no tiene sustento, que por más que se les brinde asistencia en los comedores quedan en una situación de desprotección total desde lo sanitario, alimenticio y la seguridad. Con la pandemia esto se ve agravado, porque hay gente que está circulando en vías de reunificaciones familiares, o algunos que llegan caminando, y no pueden obtener la visa porque no se emiten. Quedan trabados en un espacio fronterizo, en una especie de limbo jurídico y social”, plantea Umpiérrez.

La oficina que abrió la OIM en el Chuy convive en el territorio con otra que gestiona la ONG Idas y Vueltas en alianza con la Agencia de la ONU para los Refugiados, y juntas responden a una alerta que el COVID-19 expresó a viva voz: si antes la fronteras eran un lugar de tránsito, ahora son elegidas por los migrantes para vivir. “Esto conlleva un incremento del riesgo de trata de personas, explotación sexual, abusos laborales y distintas violencias hacia la población migrante”, dice el intendente de Rocha.

También, en plena crisis sanitaria, suscita otros desórdenes propios de un sitio donde en una calle se está en un país y en la vereda de enfrente en otro. En Rivera, por ejemplo, hay migrantes que se saltean el puesto de migración al ingresar por calles fronterizas y “circulan de un lado al otro sin haberse realizado un hisopado”, dice Giovani Conti, director general de Promoción y Acción Social de esta comuna. Es tal como le pasó al cubano Daniel: físicamente está en un sitio, pero jurídicamente no está en ninguno; no entienden qué norma deben seguir.

Por eso, el foco de quienes diseñan las políticas migratorias hoy viró hacia los bordes bilaterales. Es que el COVID-19 “cambió la dinámica de la migración” dice Pisani, de la OIM, y advierte que “hay que ajustarse también a esta nueva normalidad”, lo que implica prepararse para cuando se abran las fronteras.

Según el director de la OIM, cuando ese momento llegue habrá tres elementos clave a considerar. Primero, “que la pandemia deja implantado el tema de la salud en la administración de las fronteras”. Segundo, que las causas de circulación serán diversas. “Hay gente que circulará en busca de trabajo, huyendo de la discriminación o buscando una mejor calidad de vida ahora que sabemos que es posible trabajar a la distancia”. Tercero, los gobiernos deberán estudiar de qué manera los migrantes jugarán un papel en la reactivación de la economía.

En el caso de Uruguay, “no puede ver a la migración como un peligro, ya que económica y demográficamente la necesita”, opina Pacifico, de la OIM. El desafío que enfrentaremos es “transformar su presencia es una oportunidad para desarrollar al país”, agrega Villar, la coordinadora residente de la ONU.

Si un quinquenio atrás, cuando se consolidó el desembarco de migrantes venezolanos y cubanos motivados por una legislación “adelantada”, con “una visión de puertas abiertas” —describe Pisani—, se recolectabanuna o dos historiasque se repetían en cuanto al tipo de travesía que cada población hacía para arribar —en avión, los que venían con visa y dinero; una ruta por tierra, guiada por coyotes, los que no tenían ni visa ni dinero— la realidad actual es que no hay ni uno o dos patrones: cada migrante trae un relato distinto.

Leonardo Fosatti, de Idas y Vueltas, dice que los monitoreos indican que los lugares de procedencia han cambiando: “Desde hace un año por lo menos empezamos a notar que llegaban desde otros lugares, por otras rutas que se van lentamente consolidando y los traen hasta nuevos puntos de ingreso”.

Según información de la Dirección Nacional de Migración (DNM) a la que accedió El País, en 2020 ingresaron al país 7.270 colombianos, 6.712 venezolanos, 6.754 peruanos, 5.505 cubanos, 3.477 bolivianos, 2.006 ecuatorianos, entre más de 100 nacionalidades, en las que se encuentras migraciones súper numerosas como la argentina y la brasileña.

Estos números no significan que estas personas hayan elegido a Uruguay para empezar una vida nueva. De hecho, en 2020, la DNM y Cancillería recepcionaron 10.376 solicitudes de residencia. De estas, 6.811 son de ciudadanos argentinos, 1.547 de venezolanos, 656 brasileños, 415 colombianos, 199 peruanos, 48 ecuatorianos. Mientras que la Comisión de Refugiados registró 2.912 solicitudes, mayoritariamente de cubanos.

Pero, ¿por dónde entraron? Un cambio sustancial es que las corrientes migratorias cubanas y venezolanas diversificaron su punto de ingreso. Esto generó una llegada inusual de migrantes en fronteras como la de Rivera (1.713 cubanos ingresaron por allí), Río Branco (645 cubanos) o Fray Bentos (479 venezolanos).

Los arribos imprevistos, muchas veces en medio de la madrugada, obligaron a diseñar un tratamiento especial para articular recursos de organismos internacionales, ministerios y de los propios gobiernos departamentales para asistir a aquellos migrantes que llegaban sin el hisopado requerido, sin dinero para abonar el examen en la frontera, ni capital para pagar un lugar donde realizar la cuarentena. Además, tuvieron que contener a las personas que resultaron positivas de COVID-19 y responder a sus necesidades básicas de alimentación, higiene y vivienda, ya que muchas veces son “caminantes que llegan sin nada encima”.

Conti, el director general de Promoción y Acción Social de la Intendencia de Rivera, califica a esta demanda de “explosiva”. La misma desbordó al sistema que estaba armado desde 2018 y que incluía a una referente de la OIM. “No hay institución en Rivera que no haya recargado su trabajo y su estrés, ya que hay trámites simples y otros complicados que implican abordajes sociales más holísticos de los que estamos preparados”. A la comuna esto le impuso “una erogación no planificada, no presupuestada y no devuelta por el Estado ni organizaciones internacionales”.

Hoy son 486 los migrantes indentificados que residen en la frontera con Santana do Livramento y hay otros tantos que circulan de forma irregular (al no pasar por Migración). “Tenemos ingenieras trabajado de domésticas; laboratoristas, geólogos y docentes haciendo changas forestales, cargando cajas porque el mercado laboral es demasiado pequeño”, plantea Conti. Ante esta realidad, algunos pidieron ayuda a la intendencia para retornar a sus países, “porque la libertad de Uruguay es demasiado cara para ellos”. Otros anunciaron que emprenderán nuevos viajes, “considerando que Uruguay fue un error pero triunfarán en otro país”, dice Conti.

En tanto, en Río Branco, el alcalde Christian Morel cuenta que los que llegan en situación de vulnerabilidad son enviados a un refugio en Melo para la cuarentena. Unos 20 o 30 retornaron a la ciudad. “Son pocos pero nunca tuvimos tantos”, dice. La sociedad los ha aceptado, pero también tiene miedo “de que nos invadan y se queden con el poco trabajo que hay”.

—¿Y usted qué les dice cuando le expresan ese temor?

—Trato de no responderles nada. Les digo que es un fenómeno mundial y que nuestra legislación lo permite.

Quienes trabajan con los migrantes dicen que fueron los primeros en ser golpeados por la pandemia y serán los últimos en recuperarse. El efecto de la crisis fue inmediato. “Perdieron empleos porque se vieron afectados los principales rubros en los que trabajan (gastronomía, hotelería, atención al público en comercios) y muchos no accedieron a los beneficios de la seguridad social”, expone Susana Novaro, presidenta de Idas y Vueltas. Si antes a un migrante le costaba seis meses lograr un puesto acorde a su formación, debido al virus esa brecha se extendió y el trabajo se precarizó.

Rosa Méndez, directora de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), grafica el impacto del COVID-19 con una cifra: entregaron 8.000 canastas a migrantes. Además, fueron atendidos 3.137 y asesorados otros 4.133 que pidieron ayuda para tramitar su residencia, obtener la cédula —que en los casos extremos la gestiona de forma gratuita este ministerio— y una vivienda.

El drama de la vivienda nunca fue tan agudo. Cien migrantes durmieron en refugios y se detectaron a otros 20 pernoctando en la vía pública. “Hablamos de un perfil de personas que no suele ser el que se encuentra en estas condiciones”, plantea la directora. Muchos de los que perdieron su casa se desplazaron hacia la periferia y se instalaron en asentamientos. “Me preocupa mucho cómo hará esta población para recuperarse”, confiesa.

Mientras esto sucede, las expresiones de xenofobia crecen: eso también nos dejó la pandemia. “Recibimos mails donde nos reclaman por qué les damos canastas y ayuda para conseguir trabajo a los migrantes”, cuenta Méndez.

Este empuje de discriminación no es una conducta exclusiva de los uruguayos. De hecho, Vanessa Sarmiento, presidenta de la organización Manos Veneguayas, dice que en países como Perú y Ecuador (donde están radicados más de un millón de venezolanos) la xenofobia está expulsando a sus compatriotas. También quieren irse algunos de los que están en Chile (que puso una visa para estos ciudadanos en 2019) y en Argentina, “porque el salario ya no les rinde”. Los venezolanos serán los protagonistas del fenómeno de remigración: “Buscan un plan b y están fijándose en Uruguay, que para nosotros es como un pequeño oasis por las facilidades que nos da”. En sus redes sociales, esta ONG recibe consultas a diario acerca de cuándo abrirá las fronteras el país.

En la nueva sede de la OIM, mientras se filtra por la ventana el traqueteo de la partida de dominó que juegan los vecinos cubanos, Pacifico —la jefa de misión para Uruguay— plantea que no hay que perder la perspectiva. Hay más relatos de xenofobia, “pero Uruguay es un ejemplo de buena convivencia entre las 60 nacionalidades que lo habitan”. Se incrementó la precarización laboral, “pero aquí la inserción es muy buena en comparación a otros países”. ¿La demora en los trámites? “Muy, muy poca: también en comparación. Este es un país que promueve la regularización de los migrantes desde que llegan, y les brinda acceso a los derechos. Por eso escuchamos que hay personas que les interesa venir a quedarse una vez que se abran las fronteras, pero no será un tsunami y hay que tener claro que Uruguay puede: está preparado para responder”.

Pero no todos los migrantes comparten este punto de vista. Los cubanos, especialmente, que se enfrentan a solicitar la visa una vez que ingresan al país o a tomar el camino del refugio, insisten en que “hay que cambiar la burocracia de los papeles”. Fosatti, de Idas y Vueltas, que trata con sus problemas a diario, los entiende. “Esto se ordena si quitan la visa, porque ellos igual entran al país y el problema después lo tiene el Estado. Ellos sin la visa no pueden empezar el tramite de residencia”, plantea.

Desde la Dirección Nacional de Migración, su coordinadora administrativa, Soledad Sánchez, reconoce que, para tramitar la residencia, se está dando hora para mayo, pero también asegura que pronto “se volverá al ritmo normal”. Sin embargo, sabe que este cuello de botella que agobia a ciertos migrantes tiene que ver con la forma en que la información circula. Muchas veces inician el trámite de residencia y no entregan la documentación hasta que la cédula provisoria (con vigencia de dos años y una prórroga de uno más) está por caducar.

Y ahí empiezan los apuros y los problemas, especialmente para aquellos que no logran acreditar un ingreso: se les niega la residencia y se les retira el documento. Quedan en un nuevo limbo, en una situación irregular, condenados al trabajo informal y así imposibilitados de poder reiniciar la solicitud otra vez, ya que se les exige toda la documentación al inicio. ¿Y entonces?

En las calles del Chuy, el joven senegalés Assane no piensa en esto. Su estadía nunca se prolonga tanto como para preocuparse por los papeles. Mientras ajusta las manecillas de un reloj que imita el diseño de un Rolex y vigila por el rabillo del ojo que no se acerquen los inspectores municipales, cuenta que llegó hace dos meses desde San Pablo. En breve se irá.

—¿A dónde?
—A mi país —responde en un español rudimentario que se entrevera con el francés—. Luego vuelvo a partir por otros dos años, y regreso. Y así.
—¿Te gusta esa vida?
—Estoy orgulloso de mi vida. Duermo, me levanto, hago dinero para mi familia. Así debe ser la vida de un hombre, ¿o no?