La tolerancia de los peores enemigos

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EN GINEBRA, JUAN GASPARINI, LA NACIÓN, ARGENTINA/GRUPO DE DIARIOS AMÉRICA

Casi diez años pasaron desde aquella foto hasta que, la semana pasada, el juez federal Norberto Oyarbide dio por terminada una causa en que se investiga a Carlos Menem por presunto ocultamiento de cuentas en Suiza y la elevó a un tribunal oral. La foto registra un momento del agasajo en el Museo del Louvre que la plana mayor del grupo francés Thales, adjudicataria del control del espacio radioeléctrico argentino, brindó a Menem durante su visita oficial en ocasión del Mundial de Fútbol de 1998. La escena es para un catálogo de la corrupción: reúne a los artífices del cohecho de 25 millones de dólares que la empresa habría pagado al clan Menem a cambio de obtener la licitación: los directivos de la firma francesa, el ex presidente argentino y el persunto cerebro de la operación, el argentino Jorge Neuss.

Ahora, el juez de Ginebra Jean-Bernard Schmid ha remitido a su colega de París Renaud Van Ruymbeke las pruebas del soborno. Se acaba así un ciclo de discordias entre la Argentina y Suiza que había arrancado con la denuncia efectuada en 2001 por bancos helvéticos de las cuentas del ex presidente Menem y su secretario privado, Ramón Hernández. Si se sigue el hilo conductor de estos casos, se hace evidente que la política de Néstor Kirchner, y la de algunos jueces durante su mandato, fue casualmente funcional para poner fin a los problemas judiciales de Menem en Suiza, donde los fondos de Santa Cruz guardan sus secretos.

La resolución del juez Schmid recoge las confesiones autoincriminatorias del comisionista del presunto cohecho perpetrado por Thales, Lionel Queudot, un agente fiduciario francés residente en Ginebra. Involucra también cuentas de Neuss, lobbista y nieto del fundador de la embotelladora de jugos y oficial de la Legión de Honor en Francia. Las declaraciones de Queudot fueron cursadas hace más de tres años a la justicia argentina, donde el juez Guillermo Montenegro, hasta su pase a la política para sumarse al equipo de Mauricio Macri, el 28 de septiembre, instruía un sumario que no ha producido resultados que se conozcan públicamente. Al cabo de un año y medio, Schmid y Van Ruymbeke no consiguieron que Montenegro concurriera a dos reuniones en Europa para coordinar una estrategia judicial común, y en Ginebra esperan un exhorto del tribunal que estuvo a su cargo con las razones y los imputados de la causa. Montenegro había derivado previamente a los tribunales de Santa Cruz el expediente de los fondos errantes en el exterior de la provincia que gobernó Kirchner, dejando sin respuesta la requisitoria suiza sobre las bases legales para eventualmente proceder contra el ex ahora jefe del Estado.

El broker de Ginebra

Queudot conoció a Neuss durante la década de 1980 en Gold Hill, una financiera de Nyon, cerca de Ginebra, donde ambos coincidieran captando depósitos de particulares y conectando negociantes de gas argentino y metal plata del Perú. En la década siguiente, Queudot adquirió Finego, una fiduciaria de Ginebra en desuso, y la puso al servicio de Thales. Así lo testimonió en la embajada argentina en Berna el 30 de abril de 2004. Explicó que, en 1997, Jorge Neuss le había presentado a un amigo, Jean-Nicolas Rostan d Ancezune, adscrito a la central de la multinacional francesa en París y enviado a Buenos Aires para desempeñarse en la oficina argentina del consorcio. Queudot aceptó ser remunerado por una comisión del 3% para que Finego se ocupara de expedir alrededor de 25 millones de dólares procedentes de Thales. El broker retransfería luego las divisas según ordenes que le impartía Rostan d Ancezune por fax desde la sucursal en Montevideo del prestigioso grupo francés. Los giros en dólares se acreditaban en cinco cuentas, cuatro en Estados Unidos y una en Francia. Los citados Rostan d Anzecune y Neuss participarían en la creación de Thales Spectrum de Argentina SA (TSA). La corporación ganaría más tarde la licitación para administrar el espacio radioeléctrico nacional. La privatización entró en vigor el 1° de julio de 1997, poco antes de que comenzaran a rodar por Ginebra las grageas del cohecho por 25 millones de dólares.

El 29 de abril de 2004, en la víspera del desembarco de Lionel Queudot en la embajada argentina en Berna, el entonces ministro de Justicia, Gustavo Beliz, terminó de armonizar con Suiza un Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal similar al que habían pactado Brasil, Perú, Ecuador, Chile y México. En lo sustancial, el proyecto aderezaba la cooperación entre las dos capitales para luchar "contra el crimen internacional", en particular "el lavado de dinero, el tráfico ilegal de estupefacientes, la corrupción y el terrorismo". El instrumento, de 35 artículos, ajustaba las reglas de colaboración bilateral. Incorporaba "la transmisión espontánea de información, aun sin solicitud de asistencia judicial alguna" para los estamentos institucionales, es decir juzgados y fiscalías, incluyendo las videoconferencias. Redactado en castellano y en francés, el documento quedó listo para la firma de los ministros o presidentes en ceremonia protocolar y el posterior "mecanismo parlamentario de ratificación". Pero a Beliz lo defenestraron el 24 de julio de 2004, y el Tratado fue arrumbado por sus sucesores, Horacio Rosatti y Alberto Juan Bautista Iribarne.

A las negociaciones que fructificarían en el texto del convenio citado, Beliz sumó un operativo para repatriar cinco millones de dólares durmientes en el Crédit Suisse, depositados antes de fallecer por un empleado de los hermanos Carlos Alberto y José Rohm, propietarios del quebrado Banco General de Negocios (BGN). Lanzó además un plan para restituir a las arcas nacionales los siete millones de dólares de las cuentas de Menem y Hernández, poniendo en funciones al abogado suizo Paolo Bernasconi, representante del Estado en los procedimientos que instruía en Ginebra la jueza Christine Junod.

La magistrada había aceptado investigar la presunta corrupción del ex presidente "y otros", pero "exclusivamente" si había un nexo con el atentado de la AMIA. Rehusaba hacerlo por los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa que esgrimía el juez Norberto Oyarbide. Ocurre que estas dos infracciones no figuran en el Código Penal suizo. Son desestimadas en el entendido que la primera remite a un delito previo, que debió consumarse con antelación para enriquecerse ilegalmente, y la segunda no es tal en Suiza, constituyendo una mera falta administrativa redimible por multa. En este contexto se fundamentaba que Junod no podía acordar la ayuda judicial a la Argentina para no transgredir el principio de la doble incriminación. Dicha regla, de vigencia internacional, estipula que el hecho por el cual se solicita la colaboración sea delictivo en ambos países.

Pero cuando se presentan problemas de esta naturaleza, la jurisprudencia del Tribunal Federal de Suiza, equivalente a la Corte Suprema, señala vías de solución. Establece que el juez helvético no está obligado a seguir literalmente la tipificación que le suministra su colega extranjero para conceptuar los hechos que pone en su conocimiento. Y sobre la base de esos hechos, el magistrado local puede caratular en línea con la ley suiza, desechando la calificación foránea. A partir de este razonamiento se podía atender el requerimiento de Oyarbide, al amparo del delito de corrupción, sancionado por el artículo 322, título 19 del Código Penal de Suiza, y reemplazar así el enriquecimiento ilícito y la omisión maliciosa.

Terrorismo iraní

Todo esto pudo haberse debatido con la jueza Junod el 18 de febrero de 2004, cuando Oyarbide la visitó acompañado por otros funcionarios argentinos y el abogado Bernasconi. El juez Oyarbide no quiso o no pudo tomar la iniciativa porque la jueza Junod tenía una receta para desbloquear la situación. En esa reunión de Ginebra le pidió que le hiciera una nueva comisión rogatoria manifestando que los hechos imputados a Menem y sus cómplices conjugaban con el delito de lavado de dinero, presente en el Código Penal de Suiza en su artículo 305, y que incluyera asimismo una alusión al artículo 317 del mismo Código, que castiga a quien "intencionalmente" altere documentos de alcance jurídico, pudiéndoselo condenar a penas de reclusión de cinco años y más. Oyarbide lo hizo el 2 de marzo de 2004, pero su gesto pareció ser en vano. Su demanda no sirvió. En mayo de ese mismo año, la jueza Junod resolvió que no había vinculación entre Menem y Hernández y el terrorismo iraní, desconociendo las enmiendas a los exhortos convenidas con la delegación judicial argentina que la visitó en su despacho y volcadas en el nuevo escrito de Oyarbide. Aun llena de dudas, Junod podía enviar los extractos de las cuentas de Menem y Hernández para que en la Argentina se valorara si había algún indicio que sirviera a la justicia entre los aprovisionadores o beneficiarios de aquellos siete millones de dólares, pero la jueza de Ginebra lo ignoró.

La transmisión de las cuentas a Buenos Aires quedó en la nada. Oyarbide no apeló. Beliz anunció que el gobierno argentino obraría para protestar. Kirchner no le dio tiempo y lo destituyó. De inmediato, Christine Junod liberó los fondos de Menem y Hernández. El fiscal general de Ginebra, Daniel Zappelli, archivó el sumario al filo de la Navidad de 2004. El abogado Paolo Bernasconi, que representaba al Estado argentino, no recurrió la decisión judicial antes de ver extinguido su contrato y tener que esforzarse para que terminaran de pagarle sus honorarios. La jueza Servini de Cubría, competente para reclamar el tesoro del Banco General de Negocios, se abstuvo, y Suiza lo devolvió a los herederos del difunto titular. El siguiente ministro de Justicia, Horacio Rosatti, se hundió en el mutismo. En marzo de 2005 recorrió Ginebra en visita oficial. Eludió a los periodistas extranjeros anulando la conferencia de prensa prevista en la sede de las Naciones Unidas, donde podrían haberle preguntado si proseguiría la lucha anticorrupción de su predecesor. Rosatti dio un paseo por la tumba del escritor Jorge Luis Borges, sacó fotos, y se fue.

Otro indicio de que por debajo del aparente enfrentamiento entre Néstor Kirchner y Carlos Menem pudo existir una suerte de acuerdo o una extrema buena voluntad son las escasas 14 líneas de texto de la ley 25.990. Sancionada subrepticiamente sin debate ni cobertura de prensa y promulgada por Kirchner en la feria judicial de 2005, esa extraña ley modificó los requisitos para la prescripción de delitos y, en la práctica, logró la prescripción o extinción de varios sumarios sobre crímenes y hechos de corrupción cometidos durante la década menenmista.

El primer beneficiado fue Menem en la causa por ocultar una cuenta bancaria en el exterior. La investigación prescribió, pero pudo resucitar al agregarse los delitos de falsedad ideológica y la omisión de otros bienes, y hoy Menem está procesado y elevado a juicio oral. Un sintomático detalle de la ley permite sospechar algo parecido a un regalo judicial. El Senado la sancionó el 16 de diciembre de 2004, cuando Menem estaba prófugo de la Justicia en Chile a raíz de aquella causa. Menem regresó a La Rioja el 22 de diciembre de aquel año, seis días después de la sanción del Senado porque, entre las causas para interrumpir la prescripción, la ley no incluía los actos de rebeldía ante la Justicia, como darse a la fuga.

Debido a esa ley, cuya existencia reveló Gabriel Sued en LA NACION el 6 de febrero de 2005, ya no podrá acusarse a más sospechosos por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero. Menem iba a beneficiarse en esa causa, pero el juez federal de Río Cuarto, Oscar Valentinuzzi, lo acusó poco antes del plazo de prescripción, y el ex presidente deberá ser indagado mañana en esa ciudad cordobesa.

Otra víctima de la ley -calificada de "inconstitucional" por el constitucionalista Daniel Sabsay pues "viola la Convención Internacional contra la Corrupción"- es la investigación de los encubrimientos del asesinato del soldado Omar Carrasco, aunque su prescripción fue apelada y un nuevo tribunal se expedirá en poco tiempo.

A punto de esfumarse también estuvieron el sumario por las coimas del caso IBM-Banco Nación y el de la obtención ilegal de los documentos argentinos que recibió el traficante sirio Monzer Al Kassar. En estos dos casos también pudo sortearse la enorme generosidad de la ley 25.990 que, en la interpretación del penalista Elías Neuman, tenía "un tufillo extraño. Favorece a los delincuentes de arriba y no a los de abajo, que son los que pueblan las cárceles."