Delito

A esta altura ya es una historia repetida. Se va el sol, avanza la noche y en mitad de la madrugada las dos perras de María se arrojan con furia contra la puerta de chapa. Entonces ella, el marido y su niña de 11 años se levantan de la cama con el corazón en la boca y empiezan a los gritos. Llaman a la Policía. El escándalo despierta a Alexandra y a su mamá Rosa, que intuyen qué está sucediendo y corren hasta el frente del terreno compartido por tres familias para ahuyentar alladrón de cables. En el trayecto se les unen los vecinos del fondo, Jésica, su marido y el bebé. Medio dormidos exclaman que no puede ser que de nuevo les esté pasando lo mismo: es la tercera vez que los dejan sin electricidad desde setiembre. Cuando todos llegan a la vereda la oscuridad es absoluta. Se encuentran con Marta, otra vecina de Piedras Blancas a quien en los dos últimos meses le robaron seis veces la casa y cuatro los cables de la luz.

—Esto es una locura. Hace años que nos pasa y cada vez está peor. ¿Sabés para qué roban los cables? Es todo por el cobre —dice con la voz aguda de tanto enojo.

Para combatir estos robos Marta adoptó a un perro que vagaba por la calle y lo dejó en el frente de su casa, “así ladra cuando aparezcan los ladrones”; Alexandra y Rosa pusieron alambre de púa y María un tejido. Pero los que vuelven por más cobre esquivan al perro, tiran los alambres y de paso también se los llevan.

Jésica sospecha que el que les roba es un hombre al que hace poco vieron en un campito cercano quemando los cables para sacarle el valioso metal. Luego —según investigaron las vecinas— lo vendería en una chatarrería cercana por algo así como 70 pesos el metro. Al cable lo cortaría con un cuchillo de cocina que una vez dejó olvidado cuando lo agarraron in fraganti entre todas las mujeres pero, de acuerdo a su relato, un agente lo dejó ir porque no había podido consumar el robo y no le encontró ningún arma encima. “Cuento hasta tres y desaparecés”, le habrían escuchado decirle.

—Te dejan sin luz. No podés bañarte, ni cocinar, ni lavar la ropa. Encima, como UTE no se hace cargo, tenemos que pagar la reconexión —cuenta María.

Para la venta al público, el valor del metro de cable de cobre subió dos veces en lo que va del año, un incremento que en total supera el 25%. Depende del tipo, sale entre 155 y 169 pesos el metro. Además del material hay que pagar la mano de obra del electricista. Cada vez que les roban los cables, cada una de estas vecinas gasta entre 8.000 y 12.000 pesos para volver a tener electricidad.

—Es la mitad de un sueldo. O sacamos préstamos o nos atrasamos en todas las otras cuentas de la casa y comés más reducido todavía de lo que ya venías comiendo —dice María.

Ante tanto robo, electricistas consultados recomiendan que en lugar de hacer una reconexión aérea se realice de forma subterránea. “Es la que te queda para que no puedan robarte, o al menos complicarlos”, sugiere un técnico. Pero este es un trabajo más costoso. Otra opción es colocar cable de aluminio, que vale la mitad. El tema es que los ladrones no saben identificarlo y se lo llevan igual.

—No hay solución —resume Rosa.

Hartas, estas vecinas de Piedras Blancas fueron a la UTE a plantear que no logran salir de este círculo de robos y que ya no pueden seguir costeando tanta reconexión. “Pero nos dijeron que no podían hacer nada, que del portón para adentro la responsabilidad es del cliente”, cuenta Alexandra.

“Es así. Lamentablemente esto es como que te vayan a robar y te rompan la puerta de la casa, no forma parte de lo que nosotros podemos estar haciéndonos cargo porque corresponde a una instalación en el interior del domicilio del cliente”, plantea Luis Cataldo, gerente de distribución de UTE.

Además, el robo de cables dentro de los hogares de los usuarios es apenas la punta de la madeja de un delito mucho más amplio, grave y costoso que afecta a UTE, Antel y a distintas intendencias. Un delito que se arrastra desde hace décadas y que en 2021 rompió todos los récords.

Debido a su atractivo valor, el cobre siempre ha sido un metal preciado por quienes lo recuperan de los residuos y luego lo comercializan, sea por un camino legal o ilegal. Es que aunque no se produce en Uruguay, “el cobre está escondido en todos lados”, dice Nicolás Werba, gerente comercial de Werba, empresa líder en gestión de residuos industriales. Hay cobre en los cables de la luz y del teléfono, en los celulares, en los calefones y en los autos.

El hurto de cables en usinas de UTE, en tendidos de la vía pública, espacios municipales, instituciones (incluidos centros CAIF, escuelas, liceos y policlínicas) y en domicilios, es un problema viejo y conocido, con picos más y menos altos. Para combatirlo, distintos gobiernos han probado medidas drásticas como suspender temporalmente su exportación. También se creó en 2014 el Registro Nacional de Industrializadores y Comercializadores de Cobre, en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el delito se mantuvo, afectando especialmente a UTE y Antel.

De acuerdo a un registro de UTE al que accedió El País, en 2012 y 2013 hubo más de 1.000 robos anuales (sin contar lo sucedidos en hogares). Después, la cifra descendió a entre 400 y 700 en los años siguientes hasta alcanzar un pico de casi 4.000 en 2018. A partir de entonces, el delito se mantuvo en los 3.000 robos anuales y en 2021 trepó hasta acercarse a los 7.000. Se duplicó respecto al año anterior.

Cataldo, desde UTE, detalla que los robos se concentran en Montevideo y que van alternando de barrio. “Pareciera que en un mismo día barren con los cables de varias cuadras”, describe. Entre mayo y junio, UTE sufrió 35 hurtos diarios. Esto motivó a que los ministerios de Industria e Interior, los entes afectados y Fiscalía crearan un grupo de trabajo y pusieran en marcha un plan. Las medidas aplicadas habrían logrado una merma: hoy son 15 los hurtos por jornada. “Igual siguen siendo el doble que antes”, plantea Cataldo.

En lo que va de 2021 a UTE le robaron unas 20 toneladas de cable, lo cual se traduce en un gasto estimado de 40 millones de pesos. Antel, por su parte, no está en una situación distinta. “Al cortar cables para robar cobre frecuentemente se afecta la red de fibra óptica ya que ambas comparten ductos y tendidos aéreos”, señalan desde la empresa. Los hurtos y sus consecuencias para los usuarios —que ven perjudicados sus estudios y trabajos, entre otras actividades— representan la mayor parte de los reclamos que recepciona el ente. Un año atrás, más de 13.500 servicios se vieron afectados por robos o vandalismo surgidos de la sustracción de 3,3 toneladas de cables, lo que representó un costo de 22 millones de pesos.

El futuro no pinta fácil. Las autoridades de UTE ya saben que hay una correlación entre el incremento del precio internacional del cobre y los robos. Desde mediados de 2021, la recuperación de las industrias en esta aparente tregua con el COVID-19 incrementó la demanda del metal para producir diversos productos, en especial electrónicos. Eso por un lado, pero además desde Werba plantean que el teletrabajo permite que las familias se ubiquen en zonas más aisladas para vivir, lo cual requiere de todo tipo de instalaciones que usan cobre. Y también está el auge de la tecnología verde: la proliferación de los parques eólicos y los autos eléctricos también usan el preciado metal.

Marisa Cirillo, directora ejecutiva de Cempre, asociación civil especializada en el manejo de residuos, explica que a nivel mundial tanta demanda generó un déficit de cobre, cuyas reservas de stock se proyectan apenas a tres semanas de margen. Por eso, el precio llegó a los 4.000 dólares por tonelada y se proyecta que dentro de una década llegaría a 20.000.

En algunos países, considerando que el cobre es un metal reciclable al 100%, se expande la llamada minería urbana, que sustituye la extracción de yacimientos por la recuperación del metal de los productos que ya cumplieron su vida útil.

Uruguay todavía está lejos de eso: acá al cobre lo seguimos exportando principalmente como residuo. Sin embargo, es un hecho que el mercado local del reciclaje está ampliándose. De acuerdo a información a la que accedió El País, en lo que va del año se han exportado más de 1.800 toneladas por un valor cercano a los 12 millones de dólares. Entre los principales destinos, de acuerdo al valor de la venta, están Brasil, China, España, Corea del Sur, Bélgica, Italia y Malasia.

Ante este panorama de incremento de la demanda, del valor y eventualmente de los delitos, el Ministerio de Industria configuró un grupo de trabajo con Interior, Antel, UTE y Fiscalía y juntos desarrollaron un plan para enviar una potente señal política y jurídica que circule de boca en boca: “Llegó la hora de ver a este delito con la enorme magnitud que tiene, que estos robos no son hechos aislados y tienen una afectación social, de lucro cesante para las empresas y hasta de seguridad mucho mayor al volumen que representan los cables robados”, dice la directora nacional de Industrias, Susana Pecoy.

Es que, si bien las 20 toneladas que perdió UTE son alarmantes, en proporción tiene una incidencia del 1% del total del cobre exportado. “El asunto es que dos metros de cable robado pueden hacer un desastre en un barrio”, dice Pecoy.

Las acciones se dividen en dos bloques, por un lado las medidas de control y por otro las relacionadas a la persecución del delito. En aquel registro creado en 2014 de empresas que comercializan cobre, solamente figuran 19 inscriptas. El MIEM tomó sus presentaciones trimestrales y empezó a cruzar datos de los distintos proveedores que conforman los eslabones de la cadena de suministro del residuo. Así, amplió las inspecciones a las empresas formales pero también a las que están en la informalidad —que son la mayoría, en muchos casos debido a las exigentes habilitaciones que se requieren para un sector que proviene en varios casos de clasificadores— analizando la trazabilidad del material acopiado e intimando a la regularización. Quienes no cumplen, son multados.

“Es una cadena con muchos eslabones, pero cada eslabón debe tener el registro de a quién le compró el cobre, toda la cadena debe ser trazable. Y cuando en la inspección surge algún vacío se hace la denuncia y se actúa en el momento”, indica Pecoy. Así se pretende terminar con el “blanqueo” del material robado. “Se trata de que quien compra este material entienda que, por más que no cometió un robo, está cometiendo un delito de receptación”, precisa la directora.

En el mismo sentido, UTE habilitó una línea de denuncias online a la que accede en simultáneo el Ministerio del Interior. Con esta información se crea un mapa donde se marcan las zonas calientes de hurtos y allí se concentran nuevas inspecciones, de las que participan representantes de todos los integrantes del grupo.

La Fiscalía, en tanto, designó a una persona para que investigue este tipo de delito, ya que se sospecha que está tomando la forma de una red especializada en contrabandear cobre por la frontera seca hacia Brasil.

Desde el Ministerio de Ambiente, una fuente expresa que en los próximos meses se pondrá en marcha el Plan Nacional de Gestión de Residuos, que incorpora la formalización de todos los circuitos y operadores. “Nos va a llevar tiempo y por más que logres formalizar a los actores el tema del contrabando será muy difícil, porque el valor que pagan los brasileros es mayor al que se paga internamente”, advierte una fuente.

En paralelo, la Rendición de Cuentas incorporó un incremento de la pena mínima de 12 a 24 meses de prisión para el delito de hurto, con el agravante que implica que se cometa en un establecimiento público o destinado al servicio público. Esta novedad entrará en vigencia el 1° de enero de 2022.

Mientras tanto, fiscales de flagrancia cuentan que las formalizaciones por estos delitos son frecuentes. De hecho, un turno registró cinco en la última semana por robo de cables de Antel. Cuando el delincuente no tiene antecedentes, suelen optar por no enviarlo a prisión y buscar una medida alternativa. Según describen, son hombres entre los 30 y 40 años, desempleados y en la mayoría adictos a la pasta base y en situación de calle. “Ni siquiera podrían formar parte de un grupo organizado”, descartan los fiscales. Roban para pagar una dosis.

Sin preparación ni herramientas adecuadas para manipular el altísimo voltaje que corre por estos cables, al intentar robar muchos encuentran un destino fatal. Este año, funcionarios de UTE hallaron a tres personas fallecidas en subestaciones y otras 12 personas resultaron heridas, a tal punto que ni siquiera pudieron huir.

Cada mes, uno o dos ingresan al Centro Nacional de Quemados (Cenaque). Presentan tres tipos de lesiones: el impacto por la caída desde las alturas que genera una descarga, con un efecto similar al de un accidente automovilístico; el pasaje de corriente eléctrica por el cuerpo y cuando la ropa se quema. “A veces llegan con todas las lesiones juntas”, describe el cirujano plástico Juan Manuel Silva.

Cuando la corriente atraviesa tejidos y nervios puede provocar un daño brutal: como si se cocinara un músculo. “Cada 48 horas se chequea al paciente para evaluar cuáles son los tejidos afectados, porque lo que estaba bien capaz pasa a estar necrosado y hay que sacarlo”, dice Silva. Al 20% le amputan uno o dos miembros, sin contar las secuelas a nivel de los nervios.

Tras un mes de internación, los pacientes son dados de alta. Muchos son adictos a la pasta base y le comentan al cuerpo médico que volverán a cometer el mismo delito. Algunos agradecen haber sido amputados, cuentan en el Cenaque: así podrán acceder a una pensión.