La escala de los sueños

1/5: Trabajos. Los documentos entregados a los ilegales suelen ser de una factura impecable. 400x300 (El País)

2/5: Afiche. En Montevideo hay locales para peruanos. 400x500 (El País)

3/5: Destino. Una de las pensiones en la que se hicieron los allanamientos y a donde llegan inmigrantes. 400x300 (Ariel Colmegna)

4/5: José Luis Bello Que pasa 20070719 300x531 (José Luis Bello)

5/5:  que pasa 400x400 ()

Sabían lo que buscaban. Cuando el 22 de mayo, oficiales de la poco conocida sección Población Flotante, del Departamento de Delitos Complejos de la Jefatura de Policía de Montevideo, llegaron a la pensión Del Centro en la calle Soriano y pidieron el movimiento de pasajeros tenían bien claro detrás de qué estaban.

Fueron directamente a las habitaciones 7 y 15, donde se alojaban cinco "paraguayos" que resultaron ser peruanos, tener documentos falsos y, lo más criminalmente suculento, ser víctimas de una red internacional de tráfico de personas.

"Acá está el matute", gritó un investigador de Interpol trepado a un calefón, mostrando varios documentos falsos mal disimulados en el baño.

Los peruanos estaban "en tránsito", en circunstancias bastante similares a las que el mismo departamento había descubierto en 2006. Por eso, Población Flotante -la sección que lleva el control de todos los pasajeros de los hoteles e investiga los movimientos de aquellos que están de paso- llevaba varios días rondando el hospedaje Del Centro, que casualmente queda al lado de donde supo estar la Embajada de Perú hace algunos años, y otras pensiones céntricas.

El grupo de peruanos iba rumbo a Europa, en un largo periplo que se había iniciado en las calles de Lima, los había llevado por Argentina y los depositó en esa sórdida casa de huéspedes céntrica. Esperaban la oportunidad para salir del país y eran rehenes de una organización criminal que encontró en Montevideo un puerto ideal para sacar peruanos rumbo a España.

"Son 14 personas, sin antecedentes penales, que por culpa de su desesperación económica se convirtieron en las víctimas de una red" de tráfico de personas, dijo Jorge Rosado, jefe de la sección consular de la Embajada de Perú.

Algunos pasajeros de la pensión Del Centro no los pintan tan desesperados y hablan de bacanales con buena comida y whiskies importados y viajes en remises. No parece la vida de un emigrante que sale de su país con una mano atrás y otra adelante y está de paso hacia España y hacia el resto de su vida. Otros hablan de personajes que rondaban a los peruanos que lucían impresionantes cadenas de oro y estaban notoriamente en control de la situación de los peruanos.

La abogada Esther Scaramelli, que defendió de oficio a algunos de ellos, rechaza que los peruanos se comportaran como si estuvieran en una situación económica holgada. En la Embajada de Perú tampoco respaldan la información de conductas inapropiadas.

El dueño de la pensión se mostró esquivo a hablar de la situación aunque advirtió que no quiere más peruanos en su local. Dice haber escuchado rumores de que se viene una movida "pesada" de andinos recalando en Montevideo como escala hacia Europa.

Es un largo camino desde Lima a España donde, en el mejor de los casos, les espera a las mujeres un puesto como domésticas y aferrarse a la débil esperanza de que toda su vida no se despeñe como un castillo de naipes. Para conseguirlo tienen que ponerse a merced de una mafia de tráfico de personas que se adueña de sus vidas por lo que dure el periplo. Eso no impide, además, que en cualquier momento una redada de migraciones termine deportándolos: las organizaciones aseguran el ingreso al país pero no la impunidad laboral.

El de María (no es su verdadero nombre) es un caso típico. Tiene 27 años, madre soltera de un niño de nueve años y un bebé. En Lima trabajaba como obrera textil, por un salario insuficiente para cubrir cualquier necesidad, y menos las de tres personas. Por esas cosas que tiene la vida se cruzó con Blanca, una limeña que dijo tener los contactos necesarios para conseguir los documentos que permiten ingresar a España, incluso siendo peruano. Tener documentos de Perú no posibilita ingresar a Europa por lo que había que conseguir pasaporte de algún otro país. Y aún más, hacer un viaje previo como para que esté marcado y no parezca nuevo de paquete.

María, de acuerdo al expediente judicial de donde son tomados todos estos testimonios, entregó 350 dólares por un pasaporte que le sería entregado en Argentina, a donde sí se puede llegar con documentación peruana. Instalada en el microcentro porteño recibió una cédula de identidad y un pasaporte paraguayos. El siguiente paso era un viaje en ómnibus a Montevideo, donde le recomendaron registrarse en la pensión "Del Centro". Ahora, con otras cuatro compatriotas suyas, está alojada en la cárcel de mujeres de Cabildo.

A unas cuantas cuadras de ahí, en Cárcel Central, está Octavio (el nombre tampoco es real) que se animó a hacer una travesía similar cuando un cambio en la política energética del gobierno peruano le dejó bien claro que iba camino a engrosar las estadísticas de desocupados. Para esta clase de dilemas está la limeña zona de Azángaro (ver recuadro), verdadero shopping de los documentos falsos, cuyo prestigio en el bajomundo latinoamericano es comparable con el de la paraguaya Ciudad del Este. Con su indemnización por despido, Octavio podría conseguir un salvoconducto que le permitiese llegar a Europa.

En Azángaro conoció a un tal Walter y tras un par de entrevistas acabó por confiarle su pequeña fortuna (unos 2.000 dólares) a cambio de un pasaporte y una cédula de identidad de la República Bolivariana de Venezuela. Le dijeron entonces que fuera a Bolivia, de allí a Brasil y que ingresara, vía Chuy, a Uruguay donde debía hospedarse en un céntrico hotel montevideano. La pensión "Del Centro", por ejemplo. Así lo hizo. El procedimiento del departamento de Delitos Complejos lo encontró sin muchas respuestas convincentes que justificaran su situación.

Los casos son todos similares. Luján pagó 5.500 dólares por una estadía en un hotelucho porteño (donde se encontró con otras 15 peruanas que habían contratado el mismo servicio), un pasaporte chileno con el que pasó a través de Paysandú y fue a dar directamente a la pensión en Montevideo donde esperaba la salida de su vuelo a España.

Por lo visto en Azángaro los precios son asignados de acuerdo a la cara del cliente. Por lo mismo que Luján pagó 5.500 dólares, Antonio pagó 350. Igual, los dos terminaron encarcelados en Montevideo.

Eran personas que pasaban urgencias económicas en Perú, por lo que su capacidad de ahorro difícilmente les costeara un viaje a Europa. Ante el juez Julio Olivera Negrín, ninguno declaró ganar más de 200 dólares mensuales. O su situación no es tan inocente y no son necesariamente víctimas de una organización de tráfico de personas o su odisea los iba a mantener endeudados por mucho tiempo con la organización que los llevaba hasta Europa.

Es muy probable que sea la segunda opción. Esa es una acción típica de este tipo de grupos criminales: si el cliente tiene pocos recursos, siempre existe la opción de llegar a Europa e ir saldando la cuenta en interminables cuotas, previo retiro de la documentación personal del cliente, lo que genera una situación de privación de libertad. Los intereses son leoninos, llegando a 30% mensual, una cifra que avergonzaría a los usureros más inescrupulosos.

Durante el proceso judicial y policial no se mencionó vínculo alguno con el tráfico de drogas.

"No eran delincuentes", dijo Scaramelli. "Tienen buen nivel educativo (uno es universitario, estudió física), andan bien vestidos y son personas que aspiran a mejorar en la vida".

"No venían con un cargamento de cocaína", agrega el cónsul Rosado de la Embajada peruana. "En casos como este ellos son las víctimas".

Para Giani di Palma, quien trabaja en la unidad de refugiados uruguaya de Amnistía Internacional, estas personas fueron "doblemente estafadas porque no pudieron acceder al destino que se les prometió y terminaron presos". Aunque sabían que cometían un delito, "las víctimas no deberían estar presas, porque el fin no era doloso. Debería estar presa la organización", agregó.

Las redes de tráfico de personas tienen el mecanismo muy aceitado. Quienes requieren sus habilidades reciben toda clase de facilidades para ser depositados, sin contratiempos en el destino elegido. El paquete del inmigrante ilegal incluye documentos falsos gestionados en tiempo récord, soluciones para trámites fronterizos engorrosos, indispensables pasajes ida y vuelta, una llamada "bolsa de viaje" con la cantidad de euros necesaria (entre 500 y 1.000) para ingresar a Europa y una reserva hecha de tres días en un hotel un poco más lujoso que los de Buenos Aires y Montevideo.

"Esto es un cosa muy pesada. Nosotros sólo vimos una punta de una organización criminal. Aunque esto es tráfico de personas, esta clase de bandas suelen estar relacionadas a las fugas de las cárceles, al tráfico de armas y de drogas", dijo Ángel Rosas, jefe de la División Delitos Complejos de la Jefatura de Montevideo, a la que pertenece la sección de Población Flotante.

Montevideo, escala de una red

Interpol y Delitos Complejos ya estaban al tanto de que Uruguay es un puerto de salida de los ciudadanos andinos que quieren llegar a Europa sin tener que pasar por la desconfianza y, en general, la negativa de los funcionarios de migración españoles.

"En España, hay una cantidad de peruanos ilegales por lo que restringen las visas", contó Rosado, el cónsul peruano en Montevideo.

Llegar desde Uruguay, a pesar de que hay muchos uruguayos en iguales condiciones de ilegalidad, parecería ser una buena manera de engañar las suspicacias y las trabas de Aduanas. Así que no es la primera vez que esta red delictiva, con sucursales en toda América Latina, actúa por estas costas.

En julio de 2006, Población Flotante realizó una serie de allanamientos en hoteles y pensiones. Allí dieron con 14 peruanos, siete con pasaportes bolivianos falsos aunque con un sello de ingreso al país en regla, y otros siete sin documentos y a la espera de su contacto montevideano. También hallaron incriminatorios pasajes para España. Terminó detenido el funcionario uruguayo de migraciones que selló el pasaporte a sabiendas de la irregularidad de la situación y los siete peruanos con documentos falsificados. Los siete indocumentados y un peruano que presuntamente era el contacto de la red en Montevideo, tarea que en la jerga delictiva se conoce como "pasador", quedaron en libertad al no podérselos vincular con el caso.

Fuentes en la pensión Del Centro, que prefirieron mantener el anonimato ante la sensibilidad que despierta el tema en el hotel en que viven, aseguraron que ese mismo pasador rondaba el pensionado donde en general tenía a su cargo una decena de peruanas que esperaban hasta seis meses una "firma" para dejar el país y a las que sólo autorizaba a salir en la vuelta corta de los mandados.

Pero en mayo de este año, el pasador no tuvo tanta suerte.

Con el antecedente de julio de 2006, la Policía aumentó los controles en los pensionados montevideanos. Así confirmaron que se repetían rutinas sospechosas de pasajeros andinos que estaban dos o tres días, no justificaban ingresos, pero llamaban la atención en el lugar.

El nuevo caso tenía sus peculiaridades. Los emigrantes llegaron vía Argentina, cuando un año antes lo habían hecho directamente desde Perú, y esta vez los pasaportes eran venezolanos, chilenos y paraguayos, no bolivianos.

"Se fueron refinando", opinó Rosas, quien debido a su cargo conoce bastante de los modus operandi de estas organizaciones.

Esta vez, además, se registraron en la documentación falsa que se les proporcionó los nombres verdaderos de los clientes, lo que les permitió sortear con más seguridad el interrogatorio ante cualquier sospecha. Para completar un escenario más creíble se les daba un número de teléfono que atendía un asociado a la organización en su recién adquirido "país de origen". Así, un venezolano, un chileno o un paraguayo respondía por el sospechoso ante las autoridades de Aduana.

Una vez llegados a Argentina, los peruanos tenían un papel con las instrucciones precisas para ubicar al pasador argentino. A él le entregaban su foto carné y quedaban, de la noche a la mañana, en un país extranjero, sin documentos y a merced de ese contacto local que, algún día, les daba el pasaje a Montevideo y la manera de encontrarse con un colega pasador en Uruguay.

Al igual que en 2006, se realizó otra serie de allanamientos en el lugar que aparece como el sospechoso de siempre: las pensiones del centro. Los peruanos indagados dijeron haber perdido los documentos, excusa habitual en este tipo de situaciones comprometidas. Sin embargo, los pasaportes estaban cerca, escondidos encima de un calefón.

Ante lo insostenible de las excusas, se detuvo a 12 peruanos que terminaron procesados con prisión por uso de certificado falso. De acuerdo a la abogada Scamarelli, el único antecedente de un procesamiento con prisión por este delito es el de los etarras, cuyos reclamos de libertad terminaron con los incidentes del Hospital Filtro en 1994.

En el procedimiento también se detuvo a otros tres peruanos que estaban aguardando sus pasaportes (que quedaron libres) y al pasador que quedó preso por encubrimiento. Este último es un empresario del calzado peruano que vive en Buenos Aires. Fuentes vinculadas a la defensa de los inmigrantes ilegales confiaron que será el primero en salir de la cárcel y que el resto estará preso unos tres meses.

"Lo que quieren es retornar a Perú y olvidarse del asunto", dijo Rosado, de la Embajada de Perú, quien dijo que algunos de los detenidos son universitarios. El funcionario diplomático agregó que se intentaba conseguir una "rápida liberación porque no se justifica un proceso penal largo porque se trata de un caso excepcional".

Rosado desconoce, por lo visto, el incidente del año pasado y que la Policía viene siguiendo estas redes peruanas desde hace un tiempo, incluso con procedimientos que se frustraron por el camino, pero que fueron alertando sobre la situación.

Los peruanos permanecen en Cárcel Central y no accedieron a ser entrevistados para este artículo. Fuentes judiciales aseguraron que en un encuentro en el juzgado penal 21° Turno, los detenidos se mostraron aterrorizados ante la presencia del pasador y cambiaron su declaración que lo reconocía como su contacto local.

"Tienen mucha desconfianza porque hay defensores que se les han aparecido y les piden plata, porque creen que tienen dinero", asegura la abogada Scaramelli, que tiene alguno de sus casos. "Les han hecho mucho cuento del tío. Hay uno que solicita el cambio de carátula y libertad anticipada, está en el expediente, cuando eso no se presenta hasta cuando no estás con sentencia".

En la cárcel, los peruanos no reciben visitas ya que no tienen a nadie en Uruguay que, por ejemplo, les envíe comida. "El mismo día que llegaron las peruanas a Cabildo llegaron a la cárcel 10 mujeres juntas. No había suficientes camas para todas", contó la abogada.

Además estuvieron sin ningún pertenencia, ya que la política de la pensión en la que estaban, al parecer no es la de entregar las maletas de sus pasajeros en caso de fuerza mayor. Fuentes judiciales confiaron que los peruanos tenían valijas, cámaras de fotos y ropa que la policía no se llevó, por lo que el encargado del hotel pretendía cobrar 8 mil pesos. Aparentemente la Embajada de Perú se hizo cargo de ese costo.

Hace poco uno de ellos recibió la visita de un pariente llegado desde Perú que estuvo tres días en Montevideo familiarizándose con el tema y acompañando al detenido.

Todas las personas vinculadas al caso coinciden en que están bien vestidos, hablan bien y se defendieron muy bien en la audiencia. No se conocían entre ellos pero hay dos que son hermanas.

La sede diplomática ha estado siguiendo el caso de cerca e incluso ha ido a visitarlos a la Cárcel. Cuando sean liberados, que el cónsul Rosado espera que sea pronto, solventarán ellos mismos su marcha atrás hacia Perú.

Una situación complicada

De acuerdo a Carlos Valderrama, director de la Casa del Inmigrante César Vallejo, donde la mayoría de los que se alojan, al igual que Valderrama son peruanos, las víctimas de estas organizaciones criminales oscilan entre los 30 y los 50 años. Muchas son madres con hijos pequeños que los dejan con las abuelas y esperan algún día llevarlos con ellas. No les resulta nada fácil porque es imposible poder ahorrar algo y más cuando el viaje fue pagado a cuenta.

"Lo hicieron por desesperación económica", asegura Rosado, de la embajada peruana.

Es que en Perú, hace tiempo las cosas no están bien. Según datos de 2002, el 12,5% (casi tres millones de personas) de los peruanos vive con menos de un dólar por día. Aunque la economía ha venido creciendo en los últimos años y se espera que el presidente Alan García haya aprendido la lección y no arruine las cosas como la primera vez que estuvo al frente del país, aún se considera que la mitad de la población peruana vive en la pobreza. De acuerdo a The Economist, Perú necesita 22.000 millones de dólares para alcanzar la holgura económica de su vecino Chile.

Mientras esto no pase, y las quejas indican que todo está sucediendo demasiado lentamente, el éxodo parece imparable. En los últimos 17 años, según Valderrama, se han ido de Perú más de tres millones de personas, un dato que suele poner en alerta a los funcionarios de migraciones en Europa. Se supone, además, que más de la mitad de los emigrados son ilegales. Las remesas desde el extranjero hacia Perú rondan ya los 2.000 millones de dólares.

Mientras tanto, algunos peruanos esperan en una fría pensión montevideana, la oportunidad de ser ellos quienes envíen dinero a sus familiares.

A pesar de las sospechas de que se está preparando una llegada masiva de inmigrantes en las mismas condiciones que las anteriores, la Policía uruguaya no tiene datos de eso.

"No hemos detectado ningún movimiento, seguimos vigilando los hoteles", comentó Rosas, de Delitos Complejos. "Pero ellos se van perfeccionando también. De un año a otro hicieron algunos cambios en su metodología: cambiaron el lugar, buscaron otro país, consiguieron contactos en Argentina y pusieron el nombre verdadero, así que pueden haber cambiado ahora".

Documentos falsos perfectos, títulos universitarios, certificados de nacimiento, defunción y matrimonio, certificados de buena conducta, recibos, facturas, estados de cuentas bancarias y todo tipo de papeles pueden conseguirse en el Jirón Azángaro, una cuadra céntrica de Lima conocida como el paraíso de la falsificación. Insólitamente, este paraíso se ubica al lado del Palacio de la Justicia, el principal edificio del Poder Judicial limeño.

A pesar de las intervenciones policiales los "jaladores", como le dicen a las personas que ofrecen estos servicios, y los "chancadores", los que hacen falsificaciones en computadoras, actúan con total impunidad en la zona y se conoce poco a los que dirigen estas redes de tráfico, según El Comercio de Lima. Lo que sí está cambiando es la ubicación de las "fábricas de documentos" que se ha "descentralizado" a otras zonas de la ciudad.

En 2005 se denunciaron en Lima a 3.895 personas por estos delitos, pero sólo fueron procesados 47.

La situación es tal que en la prensa aparecen indicaciones para reconocer a policías falsos: los verdaderos tienen, además de carné, el escudo de la institución, y no patrullan solos.

Con creciente sofisticación, ahora también captan a personas dispuestas a prestar su identidad para solicitar créditos a diversas entidades financieras y comerciales. Para ello, les proveen de boletas, carnets, recibos y demás documentación falsificada para que no se sospeche de su promesa de pago. Toda una mafia.

En esta modalidad a veces ni el nombre es real. En abril se desarticuló la banda Los Falsificadores de San Isidro, cuyos integrantes obtenían millonarios préstamos suplantando la identidad de coroneles en retiro del Ejército.

Para coordinar la legislación nacional con los tratados internacionales el Poder Ejectutivo uruguayo elaboró un proyecto de Ley de Migración que se está discutiendo en la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado.

En ese proyecto se tipifican los delitos migratorios de tráfico y trata. Allí se reconoce que estos delitos aumentaron en los últimos años "debido a las difíciles condiciones de vida en los países menos desarrollados, el endurecimento de las políticas migratorias en los países industrializados y al hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos no fueron considerados como un problema estructural sino como una serie de episodios aislados".

El último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre trata de personas, asegura que Uruguay no ha hecho lo suficiente para legislar en ese tema, aunque reconoce avances en la materia.

Trata y tráfico son delitos diferentes. El tráfico de personas implica el traslado irregular de migrantes de un punto a otro, contraviniendo normas legales o administrativas. La trata de personas refiere a una violación directa de los derechos humanos: es la captación con engaño o violencia de personas que son trasladadas, dentro o fuera de fronteras, para ser explotadas sexual o laboralmente, explicó Juan Miguel Petit, relator uruguayo especial de las Naciones Unidas.

Sin embargo, no es sencillo distinguir estos actos criminales. "La trata se vuelve un delito esquivo. Por un lado, sus víctimas temen denunciarlo porque han dejado su lugar de origen y viven amenazados. Por otro, la trata puede esconderse en actividades lícitas o toleradas, como la prostitución o, físicamente, en lugares lejanos al control estatal o ciudadano", dijo Petit.

Además explicó que el tráfico a veces se vuelve trata y el pasaje de un lugar a otro es el paso previo para la explotación. La artimaña, aseguró Petit, es que tienen que trabajar para pagar las deudas del viaje, una de las hipótesis manejadas en el caso uruguayo.

Pero hay veces en que ni siquiera hay artimañas: mediante violencias o amenazas la persona es obligada a hacer lo que el explotador quiere.

"Es la esclavitud moderna escondida en lugares de trabajo fuera de control o en prostíbulos de diversa calaña, desde tugurios de carretera a casas de masajes de lujo. La debilidad para perseguir el proxenetismo hace que la trata de personas encuentre allí su oscuro refugio".

La trata es un delito complejo que incluye diversas acciones dañinas. Según los casos, en ella pueden caber desde las amenazas hasta la privación de libertad, falsificación de documentos, proxenetismo, lesiones, violación y otros. Esos son los delitos por los que se procesa en Uruguay.

Según el proyecto de ley de Migración, el delito de tráfico tiene como objetivo la entrada ilegal de migrantes a través de un cruce fronterizo, mientras que el de trata busca la explotación de la persona. Por eso, en el caso de la trata no es necesario que la víctima cruce la frontera e incluye la trata en el interior del país.

Para el delito de trata se establece un mínimo de dos años de prisión sin posibilidad de excarcelación o procesamiento sin prisión. El de tráfico de personas habilita la excarcelación.