Detectives, psicólogos y criminalistas: la guerra por la contratación de peritos llega a los juicios

Peritos particulares

Todo empezó con un arrebato de curiosidad, un impulso que resultó ser determinante en la vida del investigador criminal Luciano Posada. Tenía 15 años, hojeaba la revista Patoruzú y leyó un aviso que ofrecía cursos por correspondencia de la Modern School para aprender a ser detective privado. Había un cupón que completó, envió a Estados Unidos y jamás le fue respondido.

No desesperó: tenía un plan b. En la misma revista figuraba otro anuncio de la Primera Escuela Argentina de Detectives. “Capacítese para la más apasionante y provechosa actividad. En los Estados Unidos el 85% de los crímenes y delitos son descubiertos por detectives particulares”, aseguraba la publicidad.

Como sea, Posada hizo el curso durante su adolescencia. Luego emigró a España y trabajó como detective privado. Siguió estudiando. Después regresó a Uruguay y puso su propia agencia. A los pocos meses, el Ministerio del Interior lo contrató y durante 28 años integró la Dirección de Investigaciones. Para ser investigador criminal se necesita “una capacitación que reúna conocimiento de medicina legal, biología, psicología forense, criminología, perfilación, antropología forense e investigación”, describe. Durante ese tiempo, asesoró como perito criminalista a distintos fiscales y jueces. Esa fue su vida hasta 2014.

A partir de entonces, fuera del ministerio, se dedicó a enseñar cómo relevar correctamente el escenario de un crimen, formando a abogados, jueces, fiscales, policías, periodistas, actores, cineastas y escritores de novela negra —en parte en la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la que es cofundador— y se convirtió en uno de los peritos particulares más solicitados por los abogados penalistas.

¿Para qué tipo de casos lo llaman? “Homicidios en especial, porque es el delito más pesado y el más difícil de resolver cuando no hay conocimiento”, dice. Además, suele ser uno de los delitos que van a juicio oral y no se solucionan rápidamente en un proceso abreviado. “Hago un análisis en conjunto de los elementos que hay en la carpeta investigativa, desde la prueba material que se recopiló hasta los testimonios. Analizo si los resultados, utilizando la metodología científica y protocolos, coinciden con su conclusión. Los peritos no somos los que establecemos lo que se hace, hacemos un dictamen en el que decimos falta tal cosa”, explica.

Posada no es el único especialista que, tras largos años participando de investigaciones del lado “oficial”, ahora trabaja de forma particular. Es que nunca hubo tanta demanda de peritos. ¿Por qué se necesitan? El cambio del Código del Proceso Penal a un sistema acusatorio y adversativo (que entró en vigencia el 1° de noviembre de 2017) plantea que hay dos partes que están en pugna —la fiscalía que acusa y la defensa del imputado, a la vez que la víctima también puede formar parte del proceso con su propio representante—, lo que abrió la posibilidad de que cada parte presente sus pericias.

Esto es nuevo.

Tal y como lo ve el abogado penalista Ignacio Durán, “la mayor parte de las acusaciones fiscales se sustentan en pericias”. Por eso, que las defensas de los imputados encarguen las propias —o eventualmente lo hagan los representantes de las víctimas, queriendo aportar nuevas líneas de investigación u oponerse al archivo del caso— conforman “un auxilio externo determinante para lograr el éxito de una defensa”.

Para investigar, la Fiscalía puede recurrir a los peritos miembros del Instituto Técnico Forense (ITF), a la Policía Científica y a los integrantes de otros organismos estatales especializados. La ley también prevé que, si la defensa lo necesita, solicite al fiscal o tribunal que ordene la actuación de estos peritos, y eventualmente podrá presentarlos como peritos en la audiencia de prueba. Pero esto no suele pasar.

“La defensa tiene que salir a buscar de forma privada a los peritos porque no dispone de funcionarios públicos que lo hagan. Los buscamos para ajustar lo que se llama la teoría del caso a lo que es la situación y poder aplicarla en el juicio”, dice Durán.

Contratan médicos legistas, criminalistas, psicólogos jurídicos y forenses, informáticos, expertos contables y de seguridad vial; y los más arriesgados a detectives privados.

La variada lista sigue.

Para lograr el sobreseimiento de un cliente, Durán contactó a un diseñador que realizó una especie de pericia balística animada en 3D, la que ayudó a probar que el imputado no había podido realizar los disparos que la Fiscalía le adjudicaba. La animación presentaba el escenario del crimen con la información relevada por Policía Científica, al estilo de las que abundan en YouTube para explicar las trayectorias de las balas que mataron al presidente John F. Kennedy.

La abogada Laura Robatto asegura que su comunicación con los peritos que la asesoran es algo de todos los días. No tiene opción. Así lo explica: “Los abogados de los imputados no podemos estar en la declaración de la víctima ni periciarla para evitar la revictimización; no podemos indagar teléfonos, no podemos pedir medidas de diligenciamiento como hacen los fiscales, no podemos pedir un allanamiento; si un testigo no quiere hablar conmigo no me habla, pero la Fiscalía lo lleva y chau; también es la Fiscalía la que habla con los peritos de la Policía Científica. Nosotros accedemos a esa información en la carpeta que nos comparten pero cuando vas más profundo, lo que querés es participar de la investigación. Entonces, si no tenés perito de parte, prácticamente no tenés nada para defenderte”, plantea.

A Posada lo contrató para el caso de “La mansión del sexo”(Robatto defendió a Mauro Machado, pareja de Lulukhy Moraes), para que revisara si se había preservado el escenario del crimen. También le pidió que analizara el escenario en un femicidio y unos días atrás lo llamó por un caso de abuso sexual, “donde no es posible que hubiera pasado de la forma narrada por la víctima porque no había ángulos ciegos en el lugar”, desliza.

La abogada señala que el trabajo con los peritos empieza desde que se presenta la denuncia, con el primer fin de evitar la formalización de su cliente. Si la Fiscalía avanza, la carpeta de investigación que va formando va engrosándose hasta llegar a la acusación, con la meta de llegar al juicio preparada para “defender la investigación de la defensa”.

Perito psicológico

Gustavo Álvarez

Psicólogo judicial y forense

Instrumentos: pericias, metapericias, contrapericias 

Academia de Investigación Criminal y Ciencias Forenses

Lo que más le solicitan son las metapericias: “Un análisis del documento que realizó otro perito”. También contrapericias, que implica “hacer una nueva pericia sobre el sujeto ya analizado”. Otro instrumento es la autopsia psicológica. “Se usa sobre todo para determinar si hubo una muerte dudosa”, explica. Es una reconstrucción del estado mental del fallecido cinco años para atrás. “Se hacen entrevistas en tres círculos concéntricos, de mayor a menor cercanía con la víctima, y se arma una estadística cruzando las respuestas”.

Eso sí: recurrir a peritos no es para todos, lamenta. “Tenés que tener mucho dinero para pagar un perito. La contracara de incluir este servicio”, en tanto, “es que podés tener un gran lucimiento, porque podés armar una teoría del caso sólida”. Ha llevado hasta cinco peritos a un juicio.

La utilidad es amplísima, pero aunque muchos de los peritos particulares antes eran funcionarios públicos y contaban con el respeto de los operadores judiciales, hoy su participación se ve enturbiada por un manto de duda.

Cuentan distintos peritos y abogados que en la audiencia de control de acusación, cuando se presenta la prueba, “se desata una guerra”, en la que varios de estos asesores son “desacreditados”. “Aunque deberían valorarse de igual modo que el resto de las pericias, los dictámenes de los peritos particulares suelen ser bastante subestimados y desestimados por los fiscales y los jueces”, dice la abogada Elizabeth Frogge. En definitiva, muchos de sus dictámenes no se aceptan en la carpeta de investigación.

La norma prevé que a un perito se le pueda cuestionar la idoneidad y la imparcialidad, pero es sobre todo el segundo aspecto en el que insisten los fiscales cuando declaran en el juicio, otra novedad ya que en el viejo código los dictámenes se entregan por escrito.

“A veces me preguntan si he cobrado por la pericia, obviamente que sí porque es el ejercicio privado de la profesión y si no cobrara sería una especie de amigo solidario del que me contrata”, plantea el médico legista Guido Berro, quien anteriormente dirigió el departamento de Medicina Forense del ITF.

Berro es consultado en la Justicia civil en procesos de responsabilidad médica y recursos de amparo, mientras que en la parte penal priman los homicidios, los delitos sexuales, las muertes dudosas. A él, en una situación bastante excepcional con respecto a sus otros colegas, lo han contactado abogados, jueces y fiscales.

Analizó la investigación del homicidio de Lola Chomnalez a pedido de los defensores de la familia; convocado por una jueza, revisó el expediente que había sido anteriormente archivado en el caso del posible asesino serial de mujeres trans, en busca de si podría distinguirse un modus operandi en las muertes. En los últimos días un penalista le consultó si, en caso de un abuso sexual realizado en determinada posición y con determinadas características, el hecho debería haber implicado la existencia de cierto tipo de lesiones. “Esto podría servirle al defensor como probabilidad de la no existencia del comportamiento que se le adjudica al imputado”, dice.

“Estudio foja por foja de la carpeta, saco apuntes, desmenuzo la prueba testimonial, documental, la pericia de policía científica, los informes de otros peritos”, detalla el perito.

Mario Giménez integró durante 38 años la Policía Científica, donde se convirtió en un experto en seguridad vial. “Hice pericias para todos los juzgados penales del país”, dice con orgullo. Ahora, que está del lado particular, trabaja en casos de accidentes automovilísticos con lesiones graves y fallecidos.

Además de estudiar la carpeta de investigación para “hacer una lectura de la escena del hecho” —analizando los restos de acrílicos, tierra; las proyecciones vectoriales de esos elementos para determinar la zona de impacto, y así en qué posición estaba el vehículo y qué acción podría haber cometido su conductor, si frenar o acelerar— en ocasiones llegó incluso a comprobar la visibilidad del lugar del hecho.

“Recuerdo un accidente en las calles General Flores y Colorado. El conductor embistió a una mujer. Dijo que fue afectado por la luz del sol, que le generó una ceguera momentánea. Tuve que esperar un año para ir ese mismo día a la misma hora para evaluar si el sol podría haber provocado ese efecto en ese punto, o si con el movimiento que hizo al desplazarse lo alcanzaba la sombra de un edificio, cerca de donde estaba la víctima”, cuenta.

¿Y si la pericia encargada va en contra de la teoría del caso, qué sucede? “La misión del perito es revelar la verdad histórica de un hecho. No se trata ni de favorecer ni de perjudicar”, dice Giménez.

Los abogados aseguran que, si no le es de ayuda, se descarta el dictamen; “los peritos no mienten”, dicen. Gustavo Álvarez, el más mediático de este escueto grupo, psicólogo jurídico y forense, opina que los operadores judiciales que los cuestionan no consideran las cifras oscuras, es decir todas las pericias realizadas por ellos que “salieron mal”, las que no favorecen al imputado y por lo tanto no se usan. En su caso, estima que son el 50% de las que realiza.

Suelen convocarlo cuando los abogados se topan con pericias demasiado cortas, que según el periciado se realizaron en un tiempo breve o que incluyen valoraciones del estilo “me parece que”, “yo creo que” por parte del perito que la hizo. Álvarez describe que una pericia psicológica forense  —“no clínica”, insiste— debe tener un objetivo manifiesto, aplicar un método científico, usar herramientas (tests) psicoforenses y tener la mínima injerencia, sin interpretaciones. “Estos tests permiten dilucidar si simulás o no; si mentís o no; si respondés en base a una deseabilidad social de lo que crees que yo quiero escuchar”, señala.

Entre los encargos que recibe, la mitad le demanda metapericias, una herramienta que según dice se utiliza en toda la región, él introdujo en Uruguay y es altamente resistida. ¿En qué consiste este instrumento que despierta polémica en el sistema judicial? “Es el análisis lógico, técnico y científico de un informe. Analizo si el método utilizado se despega de los protocolos internacionales. No digo ‘esta pericia está mal hecha’, pero sí debo señalar a la Justicia que lo que recibió no tiene alta efectividad científica para asesorarlo en el fallo judicial. Tampoco toco el fondo el caso, no me corresponde decir ‘el imputado lo hizo o no lo hizo’”.

¿Puede concluir por este estudio si el imputado podría ser culpable de la acusación? Considera que eso está fuera de la frontera del trabajo de un perito. “La respuesta del perito a esa pregunta debería ser ‘evaluado fulano de tal, existen altos factores de riesgo que harían viable la posibilidad de emitir la conducta por la cual se lo denuncia’”.

Cuando se le pide que relate un caso de éxito, menciona a un niño considerado víctima de abuso sexual “porque una psicóloga dijo que dibujó un árbol con características fálicas”. “Indigué un poco más y el árbol que dibujó era el árbol que tenía enfrente de su casa”, plantea.

En paralelo a estos peritos están los detectives privados. Matías Campero, que tomó 1.500 horas de un curso online, es master en comunicación no verbal, técnico en investigación criminal y es estudiante de derecho, realiza investigaciones informáticas, seguimientos y ha estado de encubierto buscando nueva evidencia a pedido de distintos abogados. “Mi tarea se basa en brindarles información que les sirva para el proceso, para tener un respaldo de lo que van a plantear en el juicio. Es cierto que el mecanismo juega con la ilegalidad, pero está en ellos decidir cómo presentan la prueba y si lo hacen”, dice.

Sobre todo le piden imágenes; fotográficas o audiovisuales. “Mi herramienta básica es una cámara pero no una cualquiera; las uso camufladas y de alta calidad”.

Cámaras en lentes, en botones de la camisa, en lapiceras.

Si el 60% de sus clientes quieren comprobar una infidelidad, más del 30% lo consulta por delitos penales, en especial relacionados al narcotráfico. De estos, cada vez son más. “Hay muchas cosas que suceden en ese ambiente. Bandas rivales que le plantan falsa evidencia a la otra o que le adjudican delitos que de repente no cometieron. Pero a los fiscales no les suelen llegar esas situaciones, entonces tratamos de que les lleguen buscando nuestras pruebas”, dice la abogada Frogge.

La pregunta es para el detective Campero:

—¿Cuál fue la situación más extrema que viviste?

—Unos narcos me tuvieron secuestrado por tres horas. Me hice pasar como del ambiente, para hacer una transacción, pero sospecharon. Preguntaron entre contactos, nadie me conocía y desconfiaron. Me subieron a un auto, dieron varias vueltas y me dejaron en una pieza hasta que apareciera la plata para hacer la supuesta compra. Eran 30.000 dólares.

—¿Y qué pasó?

—Llegó la plata, que puso el cliente para tener esa prueba. Y me soltaron. Yo tenía una cámara en la camisa así que nos quedamos con todo filmado. Hay que ser especial, frío, tenés que poder mentir sobre lo que sentís. Pero el resultado es gratificante. Ahora están todos formalizados.