Déficit de inspección

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Fabián Muro

Un prescolar es sometido a un trato violento y degradante por quien se supone debe cuidarlo. El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), organismo encargado de controlar al gestión de las cerca de 400 guarderías de Montevideo y Canelones, sostiene que apenas un 3% de las instituciones no son alcanzadas por las inspecciones. Fue por la filmación privada de una maestra que el caso se conoció, no por la regularidad de las inspecciones del MEC.

Que un auto fuera observado durante la crisis de las patentes era cuestión de suerte debido a la poca cantidad de inspectores. Los accidentes laborales, además de llevarse una vida por semana, le cuestan la sociedad aproximadamente 600 millones de dólares al año.

Vidas y recursos se pierden por los imponderables de la naturaleza humana y eso nadie lo puede evitar. Pero también porque las instancias de inspección que podrían prevenir, están lejos de las prioridades oficiales. Un repaso por la administración pública confirma este desinterés.

Hay 61 inspectores para todas las industrias y lugares de trabajo en el país en los cuales puede haber accidentes o riesgos sanitarios. Un estudio del Colegio de Técnicos en Higiene y Prevención de Accidentes del Uruguay estima en 600 millones de dólares los gastos derivados de los accidentes laborales.

Los 150 inspectores de tránsito montevideanos controlan un parque automotor que ronda los 300.000 vehículos. Y sólo dos de los 19 departamentos obligan a realizar la Inspección Técnica Vehicular. Hay 19 inspectores alimentarios municipales para fiscalizar algo menos de 40.000 establecimientos en Montevideo.

Esta displicencia no está distribuida de manera uniforme. El Estado podrá fallar en algunas de las instancias de inspección. Pero en otras, como en la recaudación de impuestos, es más efectivo. De 2000 a 2007, por ejemplo, la Dirección General Impositiva (DGI) consiguió disminuir la evasión del IVA en 12%. Y aunque el indicador "Índice de Eficiencia" haya caído en los últimos cinco años, los resultados siguen siendo favorables para la gestión de la DGI.

"Técnicamente, hoy existe un conjunto de ventajas en el ejercicio del poder que no se habían poseído jamás", escribió el comisionado parlamentario para las cárceles, Álvaro Garcé, en una ponencia publicada en 2007, en Transparencia y Ciudadanía Responsable. La explicación más previsible para la falta de inspecciones es que no hay recursos. Y actualmente hablar de reforzar las plantillas de empleados públicos es tabú.

Tanto las señales que se emiten desde las posiciones de poder como muchas de las opiniones que se ventilan en la sociedad civil refuerzan el rechazo a nuevos ingresos a la administración pública.

Para el director de la división de Inspección General de la IM, Ricardo Prato, hay que repensar esa postura. Él dirige un equipo de 105 personas que deben cumplir todo tipo de tareas inspectivas. Desde las condiciones de los vendedores callejeros de 18 de Julio hasta un espectáculo en el Teatro Solís.

Prato prefiere no hablar sobre las condiciones de su actual cargo, pero sí lo hace sobre su anterior gestión como director de Aduanas. "De 2.800 funcionarios que tenía, hoy hay aproximadamente mil", afirma el jerarca. "Muchos de ellos, además, con una elevada edad, esperando la jubilación. ¿Cómo se va a poder fiscalizar así? Por lo menos deberían entrar 400 funcionarios nuevos".

Alicia Alonso, inspectora del Codicen, es la única encargada de todos los trámites de habilitación para los liceos privados, algo más de 200 en todo Uruguay. Esa tarea administrativa no es tan pesada dice. Sin embargo, en lo que hace a las inspecciones de campo, Alonso es apoyada por apenas tres inspectores más.

Protección. Aunque escasas, hay algunas señales que algunas posturas empiezan a cambiar. La propia Inspección General de la IM recibió el año pasado 31 nuevos funcionarios, con un promedio de edad inferior a los 30 años y con un curso de capacitación teórica y práctica.

En el Ministerio de Trabajo, el inspector nacional de Trabajo y Seguridad Social Juan Andrés Roballo comunicó que hace dos años ingresaron 33 inspectores a la División de Condiciones Generales.

De todas maneras, sigue habiendo carencias. Qué Pasa constató hace un mes que los controles no alcanzan a muchos de los trabajadores nocturnos, que se estiman entre 120.000 y 180.000.

La falta de inspecciones incide sobre la sensación de igualdad y protección. "No podemos analizar el rol de inspectoría sin enmarcarlo en la responsabilidad que tiene el `Estado de Derecho`," sostiene el Ombudsman de Montevideo, Fernando Rodríguez.

El Estado debe garantizar esos derechos articulando el sistema de inspecciones para el tránsito, la salubridad pública, el medio ambiente y muchas otras áreas, dice Rodríguez. De no hacerlo eficazmente se facilita "la vulneración de los derechos, en general de los más fuertes contra los más débiles". La inspección, en definitiva, cumple una función equitativa. Pero fortalecerla aumenta el riesgo de abusos de poder, como cuando un inspector de tránsito de Montevideo le dijo a una conductora que podía hacer lo que se le antojara por ser "la ley".

Para el sociólogo Marcos Supervielle, la inspección es relevante, sobre todo cuando las relaciones sociales son desiguales. "La inspección se justifica en la medida que la parte `débil` de la relación no puede controlar que la regla se cumpla. Se requiere de un control de una autoridad para que la regla sea efectiva".

Más allá de eso, algunos rasgos idiosincráticos atentan contra esa herramienta de igualdad social. "Hay una mitología igualitarista muy fuerte en Uruguay", dice el catedrático de antropología Nicolás Guigou, quien agrega que esta mitología difiere de, por ejemplo, la estadounidense. "Ésta supone que hay personas que pueden estar en diferentes condiciones que la tuya. La nuestra está más vinculada al individualismo más ramplón. La frase `Naides es más que naides` es ilustrativa de esto", comentó. Ese afán igualitario -y la falta de controles- nos deja entre el autoritarismo y la arbitrariedad.

El incidente en el último paro del transporte, donde un taxista se defendió con disparos al aire, vuelve a demostrar la dificultad para controlar las armas de fuego en manos de civiles, que la ONG Aludec estima en más de un millón.

Ante la insuficiencia de controles, algunos quieren contribuir con la experiencia acumulada de haber sido engañados o advertir sobre posibles peligros de tránsito en, por ejemplo, algunos de los puntos de la ciudad. El medio elegido para esto es internet. Ya sea abriendo un blog o creando un perfil en una red social, ciudadanos se ponen un brazalete de inspección y publican fallas, omisiones y transgresiones. Blogs y foros como ¿Qué Pasa Uruguay?, Uruguayescribe u Opiná.com.uy son apenas algunas de las iniciativas de la base civil.

"Necesitaríamos al menos el doble de inspectores", dice Gerardo Urse, director de Tránsito de IM. En las calles están algunos de los problemas más graves de la inspección. De un lado, la arbitrariedad que pueda aflorar, como en el caso del notorio video del prepoteo hacia una conductora. Del otro, la violenta resistencia. El País informó el 23 de abril que dos inspectores fueron agredidos en Tacuarembó. Otros han sido apedreados en Melo, atropellados en Fray Bentos, golpeados y amenazados con armas de fuego en Canelones.

La inspección de cómo se elaboran y venden los alimentos en Montevideo se hace con 19 inspectores. "Pero no por eso nuestros alimentos representan un riesgo. No va sólo en la cantidad de inspectores sino también en la gestión", dice una fuente de la división Regulación Alimentaria que no quiso dar su nombre. Algo similar es lo que afirma la escribana Ana María Sánchez del Área de Defensa del Consumidor, quien cuenta con apenas cuatro inspectores para el relevamiento de los precios de la canasta básica en todo el país.