8.500 cámaras de seguridad

El "cerebro" de la Policía por dentro: así funciona el sistema de cámaras y videovigilancia

Un recorrido por las principales direcciones del Centro de Comando Unificado, atravesadas por el uso de videovigilancia y sumarán más inteligencia artificial. ¿Qué resultado tiene esta estrategia?

centro de comando unificado
Centro de Comando Unificado. Foto: Marcelo Bonjour

Hay que atravesar tres barreras para ingresar al Centro de Comando Unificado (CCU). En el patio, circula un grupo de la Guardia Republicana. Agentes musculosos como fisicoculturistas y vestuario camuflado. La convivencia en un mismo terreno es una decisión estratégica: el cuerpo de élite se forma y entrena en el predio donde trabajan las cinco direcciones que conforman “el cerebro” de la Policía. Así se constituye una especie de custodia natural.

La del miércoles 11, cuando El País recorre estas instalaciones, no es una tarde cualquiera para los funcionarios del Ministerio del Interior. El CCU se despliega en distintas oficinas localizadas en tres construcciones de hormigón, rectangulares, modernas, conectadas entre sí. El acceso a cada una de las áreas se activa únicamente ingresando la huella digital. En el más importante de los despachos aguarda el director general del centro, Alejandro Sánchez, mientras que en la sala de reuniones, sentados alrededor de una larga mesa blanca, esperan los referentes de cada una de las direcciones.

Aunque el CCU está a punto de cumplir 10 años de su creación, los rostros y nombres de estas autoridades policiales suelen ser anónimos. No acostumbran a tratar con la prensa, a pesar de que ellos son quienes le aportan a los investigadores de las distintas unidades especializadas las herramientas —sobre todo audiovisuales— para llevar adelante un operativo o la investigación de un delito. “Nunca nos vas a ver sentados en una conferencia”, dice Sánchez. Y concluye: “Está bien que así sea. No tenemos que estar. La reserva operativa es fundamental para el funcionamiento del ministerio”.

En nombre de la reserva operativa, Sánchez no revelará cuántos funcionarios integran la plantilla del CCU. Ni por cuánto tiempo se conservan las imágenes captadas en las distintas cámaras. Excusándose en este argumento, tampoco ahondará en cómo están trabajando en relación a la oleada de homicidios violentos que ocurrieron en las últimas dos semanas.

La tarde del miércoles, mientras los medios relatan que el ministro del Interior Luis Alberto Heber ingresa a la Torre Ejecutiva por la puerta trasera y sobrevuela la posibilidad de que pierda el respaldo del presidente Luis Lacalle Pou en medio de un aluvión de críticas a su gestión (lo cual al final no sucedería), en el CCU, bajo la presencia del encargado de comunicación de la cartera, abren sus compuertas más secretas para mostrar cómo hacen su trabajo y el “compromiso” que envuelve su tarea.

alejandro sánchez
Director general del Centro de Comando Unificado, Alejandro Sánchez. Foto: M. Bonjour.

La única que se mantendrá hermética es la de la oficina donde están analizando filmaciones relacionadas a los homicidios ocurridos los días pasados en el barrio Peñarol. También analizan material para aclarar el asesinato de Martín Migales, el hombre que a fines de abril fue asesinado, desmembrado y arrojado al mar. Desde afuera, por una ventana, se distingue una docena de monitores encendidos.

La acumulación de monitores será un paisaje constante en las salas del CCU. Aquí está radicado el 911 y la Dirección de Monitoreo Electrónico, que vigila a las víctimas de violencia doméstica y de género a cuyos agresores la Justicia ordenó colocarles una tobillera. Acá está la base de la Dirección de Videovigilancia, Analítica y Relevamiento Urbano (Divaru). Y la división de Análisis Criminal.

Todo el sistema de seguridad pública está atravesado por el uso de las cámaras cuya visualización se unificó en este lugar en 2020. Las 24 horas del día, los siete días de la semana, entre estas paredes se observan y analizan las más de 3.000 cámaras que vigilan Montevideo. Y otras 5.500 —entre las del ministerio, las de las intendencias, y las de convenios con privados— colocadas en el resto del país.

El otro ángel guardián.

Todo empezó en la década de 1990. Primero, la industria del video desembarcó en los bancos. Se usaba para controlar los espacios abiertos y el conteo de las cajas. En ese entonces, aguardando en la fila, uno todavía se sentía incómodamente observado por aquellos grandes ojos oscuros colocados en las alturas. Después llegaron a los comercios. Eran cámaras analógicas, con mala definición, que grababan en blanco y negro, sin visión nocturna. Los clientes solían ser advertidos mediante un cartel de “sonría lo estamos filmando”. Por esa época, muchos bromeaban delante de los circuitos. Luego, coparon las empresas y las oficinas. Y, de a poco, llegaron a los hogares.

opinión

El impacto del efecto gran hermano

Juan Fernández Romar, experto en psicología social, indica que “desde siempre las sociedades han desarrollado formas de vigilancia y control, ya que son imprescindibles para su supervivencia. La cuestión es cómo y por qué se ejercen”. Tal y como él lo ve, “la vigilancia continua lleva a que las personas integren ese estado a sus vidas y actúen en forma acorde, acatando o acechando la oportunidad de birlar al sistema”. Opina que, si bien la videovigilancia generalizada ha resuelto algunos casos muy sonados, “no ha significado una reducción drástica de los delitos”. Como contrapartida, opina, “produce una sociedad profundamente desconfiada y con libertades restringidas”.

En la década de 2010, las cámaras empezaron a usarse en la vía pública para seguridad ciudadana. En 2013, el fallecido ministro Eduardo Bonomi inauguró el primer programa de videovigilancia, en Ciudad Vieja, un barrio por aquel entonces muy conflictivo. Se saturó de cámaras. Pusieron 110; sumaron más, hasta llegar a 320. “Pero la cámara es una herramienta, funciona si la apoyás con otras cosas. En ese momento había visualizadores mirándolas continuamente y a su vez una respuesta de patrulleros disponible para esa zona”, recuerda Pablo Tellechea, actual director de Divaru.

El resultado fue exitoso y se amplió a una segunda etapa, colocando cámaras en distintos “corredores”, en avenidas y en sus calles laterales. Algunos de los corredores son 18 de Julio, 8 de Octubre, General Flores, Agraciada.

Luego, mediante una donación de China, se destinaron cámaras para la vía pública de los distintos departamentos. Las cámaras son visualizadas por los CCU departamentales, pero ahora esto también se centralizó en Montevideo. Desde el predio compartido con la Guardia Republicana, se accede a todas.

centro de comando unificado
Centro de Comando Unificado. Foto: M. Bonjour

Para este informe, fueron consultadas distintas figuras de las administraciones frenteamplistas que intervinieron en el desarrollo de los programas, pero se excusaron de participar. ¿Cómo fue la recepción de esta estrategia en ese momento? El fiscal de homicidios Carlos Negro recuerda que entre abogados hubo resistencia. “Se discutía por la invasión de la privacidad de las personas, había temor de vivir en un gran hermano sin control. Incluso se cuestionó su constitucionalidad”, cuenta. Hoy considera que “es una discusión completamente caduca”.

Para verte mejor.

El avance de la tecnología impactó también en el uso de cámaras en el ámbito privado. De un total de 300 empresas de seguridad en Uruguay, la mitad se dedica a seguridad electrónica y la otra mitad a la presencial, es decir con un guardia de carne y hueso; algunas combinan ambos servicios.

“Puede tener la mejor voluntad y actitud, pero el guardia es una persona que siente, vive, se cansa, tiene altibajos. La tecnología eso no lo tiene. Y con la inteligencia artificial se puede configurar de forma cada vez más precisa que las cámaras me puedan promover a mí información valiosa para tomar decisiones”, dice José Luis Collazo, director comercial de Securitas, una de las principales empresas del mercado.

Eso sí: esta tecnología “siempre necesita al ser humano” a su lado, advierte el experto. A los que están del otro lado de la pantalla, en seguridad privada los llaman “operadores de video” y en el ministerio, “visualizadores”.

Los visualizadores del CCU también trabajan con cámaras de privados —recientemente se firmó un convenio con UPM, que colocó 161 dispositivos en distintas localidades de Durazno y Tacuarembó— y recopilan los materiales que sean necesarios para aclarar un delito.

En un trabajo infinito.

Cada mes, Divaru recibe unas 4.000 solicitudes de filmaciones. Su director, Tellechea, explica que por un lado trabajan a partir de las denuncias, pero también atienden las solicitudes de las unidades especializadas y de las fiscalías.

Un caso que marcó a este equipo fue el asesinato de la niña Brissa González, en 2017. “Se detectó el auto en el que el homicida había levantado a la menor camino a la escuela. La persona estaba detenida, pero decía que no tenía nada que ver y el cuerpo no aparecía. Hicimos un seguimiento hacia atrás buscando el auto en cámaras públicas y de particulares, que fuimos levantando, y así pudimos marcar un espacio de dos cuadras en las cuales no había visualización del coche; se achicó el perímetro a una cuadra y ahí encontramos el cuerpo”, relata Tellechea.

Norma

¿Hay que aggiornar la Ley de Protección de Datos Personales? Y el particular caso de Maldonado

El abogado Pablo Schiavi explica que la Ley de Protección de Datos Personales indica que, cuando las cámaras se colocan en lugares de trabajo, los empleados deben estar enterados. No pueden ponerse dispositivos en lugares íntimos, como baños y vestuarios. A su modo de ver, sería oportuno aggiornar la norma, que ya tiene 14 años. La proliferación del uso llegó a la medicina, que filma algunas cirugías para protegerse ante eventuales denuncias por mala praxis. En tanto, un caso particular es el de Maldonado. Su intendencia es la única que desarrolló un convenio con los ministerios de Interior y Defensa, y financió —en parte cobrando un impuesto a los contribuyentes— la adquisición de cámaras. El intendente Enrique Antía argumentó que seguridad es sinónimo de trabajo, porque es una exigencia de los turistas. Tenían 1.200 cámaras y sumaron otras 330.

Luego, se buscó más material audiovisual para el juicio. “La unidad que investiga nos va indicando qué necesita constatar y descartar por medio de cámaras y ahí nosotros buscamos, y le decimos qué se ve y qué no”, indica. En este equipo participan tres abogadas que son quienes suelen contactarse con los fiscales y después, en el juicio, exponer el material, que siempre se presenta con una cadena de custodia; es decir el detalle de todo el proceso de relevamiento de imágenes. Así, la videovigilancia se convierte en una prueba en medio de un proceso judicial.

Recuerda Tellechea que la audiencia de formalización del homicida de Brissa fue “dificilísima”. Dice: “Tenía tres abogados que decían que el auto que captamos no era el suyo. Pero a través de algunos detalles pudimos demostrar que sí era”.

Además de estas tareas, Divaru analiza dónde colocar las cámaras y, un tiempo después, estudia qué incidencia tuvieron para reducir los delitos en la zona.

¿Son útiles como elemento disuasorio? Sánchez, el director del CCU, asegura que sí, aunque no proporciona estadísticas que respalden su percepción. Es, de hecho, el principal reclamo de los vecinos cuando sufren delitos. En Peñarol, la solicitud de cámaras fue mencionada en cada declaración de los vecinos.

centro de comando unificado
Mesa de crisis, en el Centro de Comando Unificado. Foto: M. Bonjour

“Antes la gente quería a un policía en la puerta de su casa y ahora pide una cámara. Pero también pasa con los fiscales. Es la primera pregunta que te hacen: si hay cámaras. Se convirtió en el principal testigo de un delito”, plantea Sánchez.

En sus casas, aprovechando el bajo costo de la tecnología —150 dólares vale un buen circuito de videovigilancia—, su definición y capacidad de análisis, cada vez más uruguayos eligen colocar un cordón de cámaras. Muchos eligen el sistema “do it yourself”, las configuran como alarmas y las controlan desde el celular.

Ojos entrenados.

Hubo un tiempo en que era difícil conseguir visualizadores, pero ahora las nuevas generaciones traen más herramientas tecnológicas adquiridas. En las diferentes salas del CCU el personal está conformado por personas jóvenes, especialmente mujeres, y con looks modernos. La mayoría viste de civil. Al ingresar a esta dependencia, todos firman un contrato de confidencialidad.

Miguel Antúnez, director de Emergencia, explica que para atender los llamados del 911 (unos 4.200 diarios, 90% de Montevideo) el personal debe tener más de cuatro años de experiencia en la Policía y culminar una larga capacitación. En esa sala, están los operadores que se encargan de registrar el “evento” (la llamada) y “despachar” el patrullero.

empezarán a multar

Bromas acechan (pero cada vez menos) al 911

El 911 recibe unas 4.200 llamadas diarias, 90% de Montevideo. Este número suena alto, pero implica un gran respiro para el director general del CCU, Alejandro Sánchez. Llevan años combatiendo el mal uso del servicio, que únicamente debería atender emergencias. En 2015, 73% de las llamadas eran catalogadas como “bromas” y “residuales”: no eran urgencias. “Entonces se legisló, lo cual fue fundamental y nos convirtió en un país modelo”, dice Sánchez. En México, por ejemplo, esta categoría indeseada representa arriba del 80% de las llamadas. Se elaboró una lista negra donde ingresan los teléfonos que realizan entre cuatro y nueve de estas comunicaciones. Son advertidos mediante un mensaje de Antel de que, al alcanzar la décima, el número será bloqueado para llamar al 911 primero por 90 días, y luego, si reincide, por 180. También está previsto aplicar multas. Hoy son 264 los expedientes en curso que deberán abonar una multa de entre 10 y 100 Unidades Reajustables. “Logramos sanear este problema”, dice Sánchez y señala la reducción de esas llamadas al 27%. Pero tiene otro dolor de cabeza por resolver: las falsas denuncias por explosivos que los adolescentes hacen desde los liceos. “En tiempo de exámenes, es una pesadilla”, cuenta.

¿Usted me llama de Montevideo? ¿Desde qué barrio? ¿En qué calle está? Son las primeras preguntas que se escuchan de los operadores. En simultáneo, además de avisar al móvil, averiguan si hay cámaras en la zona. Junto al operador, un visualizador busca en otra pantalla imágenes en tiempo real y, si se trata de un hecho consumado, va hacia atrás. La misma imagen se emite en un monitor más grande, en el centro de la sala.

“La idea es contar con la mayor información posible para el personal que está destinado a la calle”, explica Sánchez, el director general. Durante esta crónica, una dupla observa por varios minutos a una mujer “caída” en la entrada de un edificio. La visualizadora acerca la imagen, pero no puede ver su rostro. “¿Está convulsionando?”, pregunta en voz alta.

Para evitar altos niveles de estrés, operador y visualizador rotan de función cada tres horas. Cuando se atiende un caso cruento, como fue la llamada del padre que recientemente le avisó a la Policía que había asesinado a sus dos hijos en el Centro de Montevideo, se derivan al departamento de psicología, dice Sánchez.

En el fondo de la habitación está la sala de crisis. Allí hay una mesa y varias pantallas que, juntas, configuran una pared de imágenes. Proyectan un circuito estándar, compuesto por cuatro cámaras fijas y una que gira 360 grados. En esta sala se analizan los casos complejos. Hasta aquí se trasladan los funcionarios de las distintas direcciones, incluso quienes monitorean las tobilleras, para trabajar a fondo con un equipo concentrado.

Pero los hechos más complejos no suelen suceder en zonas céntricas, ante los lentes de las cámaras. “En base a eso, vamos moviéndolas”, dice Antúnez. ¿Los delincuentes se acostumbraron o las evitan a toda costa? “Depende de la persona y lo sofisticado de la operación. Algunos saben que hay cámaras y se la juegan”.

El área de Análisis Criminal complementa el trabajo de todas las direcciones, especialmente Divaru. El líder de este equipo, Andrés Romero, detalla que también realizan “análisis de apreciación de situación”, información que orienta qué operativos llevar a cabo. Luego, está “la fase reactiva”. “Una vez sucedidos los delitos, vemos los modus operandi, la zona donde ocurren, si detrás hay individuos u organizaciones”, describe. Esto ayuda a definir la estrategia de “combate”.

centro de comando unificado
Centro de Comando Unificado. Foto: M. Bonjour

Esta es la oficina donde ahora investigan los crímenes del barrio Peñarol. Acá se trabajó analizando cámaras hasta determinar quiénes serían los asesinos del estudiante de medicina Juan Fígoli. Y fueron quienes ayudaron a descartar la versión de que el adolescente hincha de Peñarol asesinado en enero pasado, tenía un vínculo con las barras.

“Detectamos una moto que sube una vereda. Ve a una persona con camiseta de Peñarol y le dispara, pero no logra ultimarla. Se van de la zona, se vuelven a reunir y salen de nuevo. Encuentran a este chico y lo matan”, detalla Romero. Dice Sánchez: “Fue una cacería. La víctima fue elegida por portar esa camiseta”.

El consecutivo de los hechos se ilustra con las imágenes recopiladas y las llamadas que registró el 911 y los móviles. Todo se carga en una plataforma creada especialmente, donde se hace una cronología. “Así el fiscal puede ir viendo desde el paso cero la línea del tiempo”, dice Romero.

Es que las cámaras se convirtieron en una de las pruebas más firmes para lograr formalizaciones y condenas. Ninguno de los entrevistados sabe definir con una cifra oficial esta incidencia, pero Negro, el fiscal de homicidios, es contundente al señalar que “la irrupción de la videovigilancia en las calles de Montevideo marcó un antes y un después en persecución criminal”. “Juega un rol preponderante en la investigación, porque ahora, en este nuevo proceso penal, al tener un juez imparcial y una defensa con los poderes igualados a la Fiscalía, requerimos de una solvencia probatoria que antes no se nos exigía”.

En tanto, Rodrigo Morosoli, fiscal de Flagrancia, cuenta que “una persona es más proclive a reconocer su culpabilidad o cerrar un caso cuando hay cámaras”. Aun así, les transmite a los detenidos que la filmación “es un medio más de prueba, pero nunca la única”. “Les digo que puedo obtener una sentencia condenatoria sin necesidad de una filmación”, dice.

Por eso, el horizonte de Sánchez está plagado de más cámaras. Al Centro de Comando Móvil (un ómnibus que se desplaza cuando hay importantes espectáculos deportivos, entre otras situaciones complejas) le quiere sumar drones. Pretende que el CCU tenga conectividad con las imágenes que podrían captarse desde los helicópteros del ministerio y con las cámaras que portan los agentes en sus uniformes para registrar los operativos (son 1.800).

El próximo desafío tiene que ver con la incorporación de inteligencia artificial. Sánchez, por aquello de la reserva operacional, se niega a hablar acerca de la polémica ampliación del uso del software de Reconocimiento Facial Automatizado (que ya se utiliza en el deporte) adquirido en febrero de 2020. “No se está aplicando”, se limita a decir.

Sin embargo, piensa en duplicar las licencias del software que le permiten trabajar mediante la lectura de matrículas. Para esto afianza asociaciones públicas (además de las intendencias, con el Ministerio de Transporte, para acceder libremente a sus cámaras) y privadas (con grandes parkings, como los shoppings).

También está en proceso el desarrollo de inteligencia artificial que permitirá “optimizar el recurso humano”, analizando la imagen del video, “tirando objetos, personas, vehículos”, reduciendo el tiempo de búsqueda de horas a minutos.

Pero, advierten, hay mucha ficción en torno a la videovigilancia. “Luchamos con los mitos que generaron las series, esa idea de que puedo hacer tres clics y mejorar la precisión de una imagen borrosa hasta distinguir una matrícula”, dice Romero. Más allá de ese imaginario fantasioso, hay muchas nuevas funciones que ya están en camino porque, se sabe, no existe un techo para la tecnología.

debate

Polémica por ampliación de uso del software de Reconocimiento Facial Automatizado

“No tenemos una posición tecnofóbica. No nos asusta la incorporación de tecnología para vigilancia, siempre y cuando cumpla con parámetros básicos relacionados con los derechos humanos y el impacto social”, aclara Patricia Díaz, integrante del Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc), colectivo que cuestiona la forma en que el Ministerio del Interior maneja el eventual uso de tecnología de Reconocimiento Facial Automatizado, más allá del que ya se aplica en el deporte. La cartera adquirió este software en febrero de 2020 y siete meses después incorporó en la Ley de Presupuesto 2020 - 2024 dos artículos clave. Uno, crea una base de datos faciales cuya administración y tratamiento es con fines de seguridad pública. El otro, permite migrar desde la Dirección Nacional de Identificación Civil a la Secretaría del Ministerio del Interior todas las imágenes faciales de las personas mayores de edad y sus datos personales.
Datysoc le recrimina a la cartera “un abuso en la reserva de la información” e “incumpliendo con la ley de acceso a la información pública”. “No quieren decir para qué se va a usar. No sabemos si ya está operativo, o si todavía tienen que tomar esta decisión”. Ante el silencio, “no se ha generado el debate público que amerita el uso de esta tecnología”, que tiene malos antecedentes en otros países. “No hay un marco jurídico que establezca las consecuencias, ni los procedimientos ante un arresto; cuánto tiempo se puede tener a una persona en averiguaciones; qué pasa con los sesgos, porque ya se sabe que el sistema no funciona 100% de forma correcta. No se ha realizado un análisis de impacto en cuanto a los errores que puede tener el sistema ni cómo van a manejarse”, señala Díaz.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error