CRÓNICA DE UNA INTERVENCIÓN

La historia atrás de la crisis de Casa de Galicia: deudas, cada vez menos socios y tres intervenciones

La bomba explotó cuando se conoció que la mutualista se había presentado a concurso. En días y con acusaciones cruzadas, el Poder Ejecutivo laudó con una intervención. ¿Qué hay detrás de esta crisis?

Casa de Galicia. Foto: Archivo / El País
Casa de Galicia. Foto: Archivo / El País

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

El sol del mediodía quema en Millán. Por la puerta del sanatorio de Casa de Galicia sale un hombre con un yeso en el brazo y un parche en el ojo. Entra una señora en silla de ruedas. Unos cuantos veteranos agarrados del brazo de alguien más se abren camino entre unos 40 trabajadores de la institución, que se reúnen en la explanada para preguntarse por el futuro de su trabajo y de la histórica mutualista.

Es viernes; hace dos días el Poder Ejecutivo resolvió intervenir Casa de Galicia y las interventoras designadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) ya están trabajando en el lugar.

Hay pocas respuestas para tantas preguntas. Flor Costanzo, presidenta de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia, es quien tiene la voz cantante y dice que “todo puede pasar” en una intervención. Desde un costado entra al círculo Jorge Bermúdez, presidente de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), y dice que no es momento para que el sindicato pelee por cuestiones “internas”. Ahora la batalla hay que darla todos juntos, exclama el sindicalista.

Los usuarios de la mutualista miran pero no se detienen. Dentro del sanatorio todo sigue igual. Las salas de espera son como cualquier otra sala de espera: la gente está callada, seria y cansada. Costanzo y Bermúdez recorren los pasillos hacia una oficina apartada de la construcción principal. Allí intentan encontrarse con las interventoras, pero en la recepción les comunican que se fueron a otro centro.

A dos cuadras del sanatorio, sobre una calle menos bulliciosa, Alberto Iglesias, presidente de Casa de Galicia, recibe a El País en la casa de un miembro del cuerpo técnico de la institución. Iglesias dio entrevistas durante toda la mañana, pero no está cansado. Después de un sorbo de Coca Cola, señala en dirección a Millán y empieza: “Ahí nacimos todos, abuelos, padres, hijos, nietos. Y ahí también han fallecido miembros de mi familia. Casa de Galicia es la vida nuestra”.

Alberto Iglesias. Foto: Francisco Flores.
Alberto Iglesias. Foto: Francisco Flores

La tormenta.

La intervención de Casa de Galicia, anunciada por el senador cabildante Guido Manini Ríos y firmada por el presidente Luis Lacalle Pou el 26 de octubre, no es la primera del gobierno. Hace un año el ministro de Salud, Daniel Salinas, resolvió lo mismo para la mutualista Comett de Treinta y Tres. En ese caso, los números llevaron a la intervención y liquidación.

Pero con Casa de Galicia la situación se complejiza. La mutualista cuenta hoy con 39.089 socios según cifras del MSP —que Iglesias contradice, al decir que son unos 44.000—, 4.000 trabajadores y una trayectoria de 105 años. Entre sus virtudes, Iglesias destaca el centro de diálisis, el banco de sangre, los tratamientos oncológicos, la ubicación estratégica de la mutualista al oeste de Montevideo. Pero en consonancia están las deudas; las dos intervenciones previas, realizadas durante el gobierno de Jorge Batlle y el de Tabaré Vázquez, y el endeudamiento que algunos califican como “crónico”. Por otro lado, un fideicomiso otorgado en 2019 y la reciente solicitud al MSP —en junio de 2021— para recurrir a fondos para emitir un nuevo fideicomiso (por 12 millones de dólares) fueron algunos de los motivos expresados por el ministro Salinas que llevaron a tomar la decisión de intervenir la institución.

Pero antes de ir a los motivos concretos, ¿qué implica que la mutualista esté intervenida?

En pocas palabras, el gobierno toma la institución, en este caso con desplazamiento de autoridades, para evaluar su situación y administrarla “por un plazo máximo de un año”, señala el decreto firmado por el presidente. En este proceso se designaron dos interventoras: la contadora Alicia Rossi y la médica Nuria Santana. En el decreto se da la facultad al MSP de “disponer y realizar todos los actos necesarios tendientes a asegurar el cumplimiento” de la resolución.

Este fue un punto y aparte en una batalla que no lleva poco tiempo.

El vendaval se desató cuando la mutualista envió a sus socios un comunicado el viernes 15 de octubre por la noche, en el que informaban que se habían presentado al Poder Judicial para poder ingresar a concurso debido a su situación económica. Allí detallaron que habían solicitado al MSP acceder a un fondo de garantía, a través de un fideicomiso, que les permitiría obtener un préstamo del Banco Santander por 12 millones de dólares. Ese fondo, conocido como Fondo de Garantía de IMAC, se trata del Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, que se basa en las cuotas que el Fondo Nacional de Salud les paga a las instituciones por sus socios. (Es de ese mismo fondo que se otorgó el último fideicomiso a Casa de Galicia en diciembre de 2019 por 20 millones de dólares).

En los días siguientes al comunicado a los socios, Salinas se refirió a la situación: dijo que Casa de Galicia “cuadriplica la media” de endeudamiento del sector e hizo hincapié en que ya se le había otorgado hacía 18 meses un fideicomiso por 20 millones de dólares.

Las acusaciones continuaron: en conferencia de prensa, el día 20, Iglesias llamó “mentiroso” a Salinas —entre otras cosas, sostuvo que los socios de Casa de Galicia son 44.000 y no 39.000 como indicó el ministro—. En concreto, según datos del MSP, en enero de 2016 Casa de Galicia tenía 45.840 afiliados y hasta setiembre de este año registraba 39.089. Pero más allá de los entredichos, el foco empezó a centrarse en el informe de veedores, que el MSP había declarado confidencial.

Este informe es uno de los protagonistas de la guerra. ¿Son positivos? ¿Son negativos? ¿Qué dicen de la empresa?

Salinas se basa en esos informes, en parte, para no otorgar el fideicomiso. Al mismo tiempo, Iglesias dijo en conferencia de prensa: “Sabemos que (los informes de los veedores) son altamente favorables, pero (Salinas) los declaró confidenciales”. Los motivos de la confidencialidad se deben únicamente a “razones de competencia con las demás empresas”, señalan fuentes del MSP, que resaltan que igualmente “Iglesias los tiene”, dado que realizó una solicitud de acceso a la información pública.

Iglesias lo cuenta así: “Me sentí en un manicomio porque (en la Junasa) no me daban información ni de forma verbal. ¡Ocultaban un informe de mi empresa! Esto no me pasó ni en la época de la dictadura”, dice.

Los informes son declarados confidenciales porque hay motivos de competencia con las demás en el medio.

—Algún pretexto tenía que haber, porque es inconfesable la otra intención.

¿Cuál es la otra intención?

—No ayudar a Casa de Galicia.

El ministro Salinas habla en conferencia de prensa. Foto: Marcelo Bonjour
El ministro Salinas habla en conferencia de prensa. Foto: Marcelo Bonjour

Qué dicen los documentos.

Los informes de los veedores —que fueron el contador Oscar Pereyra y el doctor Luis Fraschini— son dos: un “informe final” sobre la situación Casa de Galicia y otro titulado “Análisis de proyecto”.

Este último se trata del proyecto presentado por la institución para acceder a los 12 millones de dólares como respaldo al MSP a través del fondo de garantía IAMC. Este préstamo sería otorgado por el Banco Santander en dos partes de largo plazo: una por el equivalente a 9 millones de dólares a 10 años de plazo, con dos de gracia, y la otra por 3 millones de dólares con un año de gracia. “El proyecto se basa sobre objetivos que apuntan a reducir los gastos y lograr una aceptable eficiencia en sus servicios tales como la alimentación, uso de medicamentos, optimización de los recursos humanos y en varios departamentos clínicos que necesitaban mejorar la calidad”, señala el documento.

“Asimismo, pretende presentar a sus asociados una imagen renovada y competitiva en el mercado de la salud a fin de retener y recuperar el número de afiliados que le dé una estabilidad razonable”, añade. Por otro lado, se hace hincapié en su ubicación estratégica en Montevideo y concluye: ”El proyecto es sustentable y debería, si se cumplen las iniciativas planteadas, alcanzar los resultados esperados, con mejora en la calidad de los servicios médicos, y estabilidad económico-financiera”.

Al finalizar, detallan: “Dada la situación crítica de la institución advertimos que, en caso de aprobarse el nuevo proyecto, para que éste pueda cumplir con sus cometidos, no debería mediar un periodo prolongado entre la aprobación y el comienzo de la ejecución”.

Pero el otro, el informe de análisis, no trae exactamente buenas noticias.

Como punto de partida se tienen en cuenta las causas que llevaron a Casa de Galicia a una crisis sostenida desde hace más de 30 años: “inadecuada gestión”, “pérdida sostenida de asociados”, “falta de reestructuración organizacional” y “obsolescencia de su planta física y tecnología”.

Dice el documento: “Estos hechos fueron a lo largo del tiempo endeudando fuertemente a Casa de Galicia y haciéndolo de baja competitividad para las actuales necesidades de servicios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)”.

Ahora, si se hila más fino, hay un quiebre en los últimos años que volvió de “baja competitividad” a la mutualista. Desde 2011 a 2015, las administraciones no pudieron evitar la pérdida de 5.700 socios, por lo que la masa social quedó en ese año en 55.000.

El informe sostiene que “no se instrumentaron medidas para la reducción de costos a la nueva escala” ni se reorganizaron los gastos “para lograr mayor eficiencia”. La estructura era “insostenible”, sentencia el documento.

Fue entonces que una “importante consultora de plaza” analizó la situación y armó un plan de reestructura que se dilató con los años y se retomó en cuanto Iglesias asumió la presidencia de la mutualista, en 2018. En ese momento el proyecto no contaba con el convencimiento pleno de las autoridades del gobierno, dice el informe. Hasta que llegó Iglesias.

“Una hora y poco de conversación con (Tabaré) Vázquez produjeron la magia”, cuenta él. A partir de allí se gestionó el proyecto nuevamente y el plan tomó un nuevo impulso.

En total, se trazaron 77 metas.

Ya con Iglesias a la cabeza, se concretaron unas 500 jubilaciones, algunas en modalidad de despido, otras en modalidad de renuncia. “520 jubilaciones es una torta de plata en pandemia, duplicando además el CTI, aumentando en un 50% la emergencia, construyendo un estacionamiento nuevo, que no teníamos”, dice Iglesias. Parte del plan también fue contratar médicos “como compro un repuesto o una curita”, es decir, médicos que facturaran y no estuvieran en planilla. Esto, por supuesto, generó malestar en el gremio de la institución.

“Son proveedores, no tengo la obligación de pagarles un salario. Se les paga como a cualquier proveedor. Yo no les pongo un revólver en el pecho para que trabajen acá”, dice Iglesias. “Yo voy a pagar por las horas que se trabajan. No voy a pagar para que duerman la siesta o estén en la casa ‘a las ordenes’, y yo pagándoles un sueldo, caja de jubilación, licencia. Ese Uruguay no existe más”, expresa frente al reclamo de los médicos de estar en planilla.

Pero, más allá de estas medidas durante los últimos tres años, el informe de los veedores es contundente en uno de sus puntos: “No existió un verdadero plan de reestructuración. El denominado plan incluía 77 medidas aisladas que se agregaron progresivamente desde 2015 a 2019, las que en general buscaban una disminución significativa de los gastos, que no fue lograda. La mayoría de ellas fueron quedando desactualizadas o tornándose imposibles de ser llevadas a cabo debido a la modificación de la realidad a través del tiempo, no existiendo una conexión entre las iniciativas y los desembolsos autorizados al fideicomiso”.

Entonces, ¿qué se logró con el último fideicomiso otorgado?

Según consta en los documentos, se realizó un “ahorro en la compra de resonancias magnéticas”, que tuvo “bajo impacto”; ahorro en remuneraciones por jubilaciones; ventas aportadas por el convenio CDG-AE-Gremca; venta de servicios a Comett —la mutualista que se intervino y liquidó el año pasado—.

En suma, el resultado siguió siendo más pérdida—-en el último año algo poco menor que en el anterior—, pero con una pérdida operativa de 5.9%, “lo que dista de ser aceptable”, dice el informe.

Se pudo garantizar el pago de remuneraciones y cancelar los pasivos financieros bancarios, pero no se abatieron las deudas financieras, que era un motivo del plan. Al día de hoy, Casa de Galicia se enfrenta a una deuda de 76 millones de dólares, que supera “cuatro veces la media (...) por afiliado del sector”, según uno de los comunicados del MSP.

—¿Voy bien? Sí —dice Iglesias—. Los últimos tres meses empezó una tendencia positiva. Estábamos caminando y sacando a Casa de Galicia adelante. No se corta un proceso que funciona bien.

¿Cuánto tiempo tardaría el proceso?

—Si me dejan trabajar, yo en menos de un año estoy trabajando mas que suficiente, con cero déficit y ganando plata. Lo dejo hasta con patrimonio positivo. Y obvio que este año volvemos casi a la mitad del déficit del año pasado, porque terminamos de pagar los despidos.

¿Qué futuro le ve a Casa de Galicia?

—El que está diseñado y el que vamos a hacer. Esto es solo una interrupción. ¿Vas a permitir que venga alguien y caprichosamente quiera robarnos? ¿O fundirnos para convertirnos en una unidad económica para dársela a otros? No. Nos tienen que matar. A mí primero.

SINDICATOS

Gremio médico ve "tranquilidad" en Salinas

La relación del gremio de médicos de Casa de Galicia con la dirección encabezada por Alberto Iglesias ha sido “de poca confianza y credibilidad”, señala Ximena Carrera, presidenta del Gremio de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia. En un extenso comunicado divulgado la semana pasada, la agrupación se refiere a varios puntos en esta historia de tres años de gestión de Iglesias, en el que se acentúan, por ejemplo, los retrasos en pagos de salarios vacacionales que todavía no han sido resueltos. Semanas antes de la intervención, el gremio y el Sindicato Médico del Uruguay se reunieron con el ministro de Salud, Daniel Salinas, quien les “transmitió tranquilidad” en cuanto a la asistencia y la preservación de los puestos de trabajo. Carrera dice que, “viéndolo en retrospectiva, se entiende la tranquilidad y seguridad del ministro”. Según informa, el gremio cuenta con 843 afiliados a la fecha de un total de más de 900. Otro de los reclamos del gremio es la “nula” comunicación del presidente con los médicos. Carrera asegura que se enteraron a través de la prensa de todas las medidas que la institución ha tomado hasta el momento.

Por otro lado, la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia tenía otra relación con la directiva. Consultada al respecto, su presidenta, Flor Costanzo, asegura: “Todos los pagos de nuestros haberes, de personal no técnico, están hechos. No nos deben nada, nuestros haberes están al día”. Y agrega: “Cuando el presidente de Casa de Galicia se presenta a concurso, a la primera persona que llama es a mí”.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados