Administrar y algo más

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E.C.

La Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) comienza una nueva etapa. Tras el fallo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el organismo binacional se enfrenta al desafío de dejar de ser una institución, como lo es hoy, meramente administrativa. Y todo porque desde ahora será ella la que se encargue del control del impacto medioambiental de la planta de celulosa de UPM (ex Botnia). Un control que hasta ahora se ha visto incapacitada de hacer.

Por el estatuto de 1975 -que creó la comisión- las delegaciones argentina y uruguaya se reúnen apenas una vez por mes. Durante una semana en Paysandú, donde se ubica la sede de la comisión, los cinco integrantes de cada delegación evalúan informes de al menos 10 subcomisiones. Así se estudian temas relacionados con la navegación, la pesca y el control de la calidad de las aguas del río Uruguay.

Pero como sus funcionarios son administrativos, los informes técnicos de estas subcomisiones están apoyados por los organismos estatales competentes. Es decir que para un informe sobre la calidad del agua, se contactará a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, y a su par argentina. Para un informe sobre la pesca, se hablará con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, y su par argentina.

"Ahora Caru ingresa en una etapa, a mi juicio necesaria, de tecnificación", opinó Carlos Mata, uno de los delegados de la delegación uruguaya frente al organismo. "Hay que discutir si debe tener laboratorios o si hay que contratarlo. Pero igual tendríamos que tener gente con una orientación técnica que permita manejar esos asuntos con solvencia", agregó.

La Caru tiene alrededor de 100 funcionarios y con sueldos altos. Mata estimó que pueden ubicarse entre los 800 y 1.000 dólares. Marta Petrocelli, ex presidenta de la delegación uruguaya frente a la Caru, dijo que la cifra podía incluso superar los 1.800 dólares. Pero la gran mayoría son administrativos, contables y personal destinado al mantenimiento de los puentes binacionales.

De hecho apenas hay un secretario técnico. "Algunas subcomisiones tienen asesores. Por estatuto, la Caru se apoya para sus informes técnicos en los organismos especializados. Ellos, a pesar de ser funcionarios de la Dinara por ejemplo, deberían dar una opinión técnica y no de los respectivos Estados", explicó Mata.

Quizás por esto la Caru se ha ganado algunas críticas. En abril, la ex secretaria de Medio Ambiente de Argentina, Romina Picolotti, la acusó de ser un "club de amigos". Las declaraciones llegaron luego del fallo de La Haya, que reconoció el incumplimiento del estatuto de 1975 por parte de Uruguay, aunque dijo que no podía comprobarse contaminación por parte de la planta de celulosa.

Una vez que se conoció este fallo, el ex canciller Didier Opertti señaló por qué se evitó el camino de la Caru para aprobar el proyecto. "Determinamos que la obra de Botnia no ponía las aguas en riesgo de contaminación. Por eso Uruguay no iba a consultar a la Caru, de la cual no iba a surgir consenso", dijo a El País el 21 de abril.

Es que en la Caru las decisiones se toman por consenso. Cada delegación tiene un voto y, si no lo da, los proyectos quedan trancados. Esto ha sucedido frecuentemente cuando se ha tratado de discutir el asunto de UPM. Según explicó el delegado Mata, desde 2007 no se realiza un monitoreo de la calidad del agua del río Uruguay en las cercanías de Fray Bentos.

Lo que sí sigue funcionando son las otras más de 50 estaciones que la Caru acordó en los 400 kilómetros del río. "En todo lo que tenga algo que ver, así sea de forma periférica con la controversia -y la delegación argentina en eso es muy quisquillosa-, Argentina no da su acuerdo", explicó el delegado.

Igual la tensión no parece ser la que reinaba al comienzo del conflicto. Según recordó Petrocelli, quien presidió la Caru a partir de 2005, la delegación argentina llegó a poner sobre la mesa dos palomas muertas, alegando que se debían a la contaminación de UPM. "Nosotros mandamos las palomas de vuelta, para que las examinaran en Buenos Aires. Nunca trajeron un resultado", explicó.

De hecho la tensión fue tal que durante dos meses la delegación argentina no concurrió a las reuniones de la Caru. Y, una vez que se retomó el diálogo, se hacía difícil el trabajo en comisiones como la de contaminación.

El proceso se hizo arduo desde inicios de 2005. Según recordó Walter Belvisi, presidente de la delegación uruguaya hasta ese año, el gobierno de Tabaré Vázquez demoró por lo menos dos meses en elegir a las nuevas autoridades. "Además nunca fuimos convocados, aunque estábamos en el inicio del conflicto, para pedirnos información u opinión sobre lo que a Uruguay le competía", recordó.

No sólo por la falta de reuniones el vínculo se entorpeció. Petrocelli recordó que, tras el comienzo del conflicto, la delegación uruguaya presentaba todos los proyectos que tuvieran que ver con el río, aunque fueran menores como la ampliación de un muelle. Argentina, no.

Un funcionario de la Caru, que prefirió no ser identificado, señaló que el último proyecto que presentó la delegación argentina fue el de la costanera de Concepción del Uruguay. Pero, interpretó la fuente, se trataba de un proyecto menor.

Hoy los ánimos son diferentes. Según expresó el presidente actual de la delegación uruguaya, Eugenio Lorenzo, el funcionamiento de la Caru es normal. Su delegado, Mata, calcula que en un mes y medio se definiría el monitoreo conjunto, aunque esto requiriera reuniones extraordinarias. Lo que allí se defina marcará el futuro de ese "club de amigos".

La principal recaudación - y la principal tarea -de la Caru es la administración de los puentes binacionales. Se calcula que de allí se ganan unos 4,5 millones de dólares. El corte de puentes ha reportado pérdidas de hasta un millón de dólares para la comisión.