El conflicto en la pesca parece haberse terminado, pero no es así. La noticia de que un grupo de sindicalistas impidió a un barco salir a trabajar, porque no tenía el personal que ellos exigen llevar, es muy grave. Y más allá de la intervención del gobierno, debería ameritar la actuación de la Fiscalía. ¿Desde cuándo un sindicato tiene derecho a imponerle a un empresario quién puede y quién no trabajar en su barco? Es un escándalo, pero además es una amenaza ilegal.
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