La puesta en efectividad de la ley de internación compulsiva es un paso clave en defensa de la sana convivencia social. No es posible que la gente que se esfuerza por vivir en un entorno razonable, deba tolerar la cohabitación con gente que no respeta los mínimos de higiene y educación. Claro que ya salen las voces de siempre a denunciar estigmatización de la pobreza, y hasta inventan una nueva palabra: el “sinhogarismo”. Si el Estado no interviene ahora, luego será peor.
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