Ante la ferocidad con la que el régimen encabezado por Nicolás Maduro -delfín de Chávez- arremetió desde un principio contra cualquier protesta popular, por más pacífica que fuera; con centenares sepultados en las prisiones, además de numerosos muertos y varios líderes políticos encarcelados, era muy factible que la fuerza bruta terminara por imponerse y poco a poco la gente, justificadamente atemorizada se replegara y las manifestaciones terminaran por desaparecer, a raíz del miedo y la sensación de impotencia.

Ante la ferocidad con la que el régimen encabezado por Nicolás Maduro -delfín de Chávez- arremetió desde un principio contra cualquier protesta popular, por más pacífica que fuera; con centenares sepultados en las prisiones, además de numerosos muertos y varios líderes políticos encarcelados, era muy factible que la fuerza bruta terminara por imponerse y poco a poco la gente, justificadamente atemorizada se replegara y las manifestaciones terminaran por desaparecer, a raíz del miedo y la sensación de impotencia.

Sin embargo, no ha sido así. Y merecen los venezolanos una profunda admiración por su inquebrantable coraje. La resistencia ciudadana no ha cejado. Con enorme valentía y tesón, poniendo en peligro la vida, han continuado las demostraciones ciudadanas de repudio a este gobierno trasvertido en tiranía. Donde no se respetan ni los más sagrados derechos humanos, se ultraja el sentir democrático sin pudor alguno y se aniquila la libertad de expresión, al mismo tiempo que se esparce el hambre en la población, con carencias en todos los rubros. Aguda escasez de alimentos y múltiples insumos, sumada a la grave falta de medicinas. Una situación escandalosa e inconcebible, si se tiene en cuenta que la nación bolivariana se halla asentada nada menos que sobre un mar de petróleo.

El jueves, una gran marcha nocturna, dotada de un innegable sentido intrínseco de Vía Crucis, convocada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), fue haciendo simbólicas paradas en los lugares donde murieron más de 94 personas, sobre todo jóvenes, en lo que va del 1° de abril pasado a la fecha. Cien días de rebelión a partir de que el Tribunal Supremo de justicia (TSJ), cuya mayoría responde al chavismo, se atribuyó la función legislativa de la Asamblea Nacional (Parlamento), la cual tras las elecciones legislativas pasadas quedó conformada por un mayor número de legisladores opositores.

Ni un día han cejado los ciudadanos, deseosos de rescatar a su país, convertido según una conspicua figura del mundo de la prensa, Miguel Otero, del diario El Nacional, en un “narco-estado”. Es público y notorio para muchos entendidos, que entre los integrantes del gobierno y los altos mandos de las fuerzas armadas florece el negocio de la droga.

No sería extraño entonces, que con esos dineros mal habidos se hayan pagado las canastas que en estos días se han repartido en los barrios más pobres, no sin antes comprometer a los beneficiados a no participar en la consulta popular organizada por la oposición para mañana domingo 16. Una iniciativa que apunta a deslegitimar con su mensaje, la tramposa Reforma Constituyente impulsada por el gobierno para el 30 de julio, con miras a atornillarse en el poder.

Las urnas de este referéndum sobre la reforma se ubicarán en las parroquias y para obtener un mayor respaldo formal, la MUD invitó a la fiscal General Luisa Ortega, a desplegar a sus fiscales en todo el país. A pesar de su equívoco pasado chavista, (metió preso a Leopoldo López) actualmente se ha vuelto el más punzante ariete contra Maduro. Ya le han retirado su pasaporte y está en suspenso su anunciada destitución. Ortega acaba de acusar al gobierno de querer controlar las investigaciones penales tras conocer la última sentencia del TSJ que obliga a los fiscales a realizar sus acusaciones ante los tribunales de control. Buscan así, evitar que sus generales y los acusados de corrupción acudan como imputados ante los jueces, tal como ha ocurrido con el Ministro de Transportes y Obras Públicas y Presidente del Metro de Caracas, gracias a su inmunidad parlamentaria. Según Ortega, hay 232 detenidos ilegalmente y 251 están privados de libertad en sus casas, como en el sonado caso de Leopoldo López a quien le quedan más de 13 años de encierro y sacaron de la cárcel después de 2 años de arbitrario y cruel encarcelamiento, no en un acto de justicia sino de estrategia política.

Con el mismo objetivo de darle más formalidad a la jornada cívica, cinco expresidentes latinoamericanos han aceptado el convite que les hiciera el Presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. La misión estará integrada por Laura Chinchilla, de Costa Rica; Vicente Fox, de México; Andrés Pastrana, de Colombia; Jorge Quiroga, de Bolivia y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica. Pero por supuesto, no habrá ninguna representación oficial de nuestro país, donde el oficialismo sigue dando muestras de una penosa y a primera vista, incomprensible parcialidad a favor del mandamás de Venezuela, como si no hubieran motivos más que suficientes para condenar a ese gobierno dictatorial.

Al punto de que en la Cámara de Diputados, no hubo votos para condenar, a instancias de Daniel Radío, del Partido Independiente, el asalto por partidarios chavistas, a la Asamblea Nacional. A su vez, en la Junta Departamental, en la Comisión de Derechos Humanos, adonde acudió una delegación de venezolanos, los ediles frenteamplistas hicieron borrar de la versión taquigráfica las críticas vertidas sobre el actual gobierno.

Bochornoso. Triste papel el de ciertos uruguayos.