El directorio de UTE resolvió solicitar al Poder Ejecutivo adelantar la hora oficial para aprovechar mejor las horas de luz diurna y disminuir la demanda por electricidad en un muy saludable 3%. Las provincias argentinas de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos estarían considerando una medida similar. La propuesta obedece a la coyuntura de dos grandes factores. El primero es la significativa caída en la generación de electricidad por parte de las represas hidroeléctricas, especialmente por Salto Grande. El segundo son los altos precios de la energía importada y la producida a partir de combustibles fósiles.
La situación que enfrentamos es debida a factores sobre los cuales tenemos poco o ningún control. En un caso es el clima, que nos ha regalado una de las sequías más prolongadas en la cuenca del río Uruguay. En el otro son los acontecimientos políticos en el Medio Oriente, que causan oscilaciones notables en el precio del petróleo. A pesar de las dificultades que causan, lo sucedido por lo menos tiene el beneficio de recordarnos, una vez más, cuánto dependemos de la energía para funcionar y cuán vulnerable es el Uruguay a circunstancias externas en este respecto. En los últimos meses se han producido varios acontecimientos que reiteran el mismo mensaje.
Podría pensarse que, ante semejante escenario local y regional, el Uruguay ya se habría embarcado en un fructífero intercambio de ideas sobre cuáles son las alternativas más convenientes para la generación, utilización y conservación de la energía. Los temas clave incluyen las fuentes alternativas para la generación y los planes de economía en el consumo. Una estrategia de energía toca prácticamente todos los aspectos de la vida en nuestra sociedad. Incluyendo el transporte. En este último caso, curiosamente, la acción o inacción estatal ha desembocado en un sistema para el movimiento de cargas y personas que privilegia los medios de transporte más caros por encima de los más económicos.
Sin embargo, la realidad es que nuestro país carece de una estrategia energética de largo plazo, ampliamente consensuada, que permita introducir un razonable elemento de seguridad y certeza en el proceso de desarrollo nacional.