El páramo

En el Consejo de Ministros del lunes, el presidente de la República informó que la Argentina habría expresado inquietud en cuanto a que se construyan nuevas plantas sobre la margen oriental del río Uruguay. Según informó El País, el Dr. Vázquez habría manifestado que "en eso estamos de acuerdo, no se instalarán otras plantas. Uruguay no tiene proyectada ninguna otra planta". Ello habría sido comunicada a la otra parte, lo que habría contribuido a reabrir el diálogo.

A primera vista, parece ser otra hierba más, brotada en lo que podría llegar a describirse como el páramo conceptual de la política exterior uruguaya. Por ahora, solamente tres comentarios.

Primero, la República Oriental del Uruguay ejerce, en forma exclusiva y excluyente, soberanía dentro de su territorio, bajo el Derecho internacional y los tratados aplicables. Esa soberanía supone el derecho de reglar las actividades económicas que se desarrollan en su territorio e implica el deber de evitar que en su territorio se realicen actividades que tengan un impacto dañoso en el territorio de sus vecinos. La concesión realizada por el gobierno uruguayo excedería ampliamente nuestras obligaciones internacionales y ataría a nuestro país, en forma unilateral, sin calificaciones y, aparentemente, para siempre.

Segundo, no existe una contrapartida legítima: el Uruguay renuncia a un derecho (impulsar el desarrollo económico en su territorio) a cambio de que cese una presión que, de acuerdo a la posición de nuestro gobierno, es ilegítima. Se ha cedido ante la presión de un grupo de vecinos de Gualeguaychú y la decisión política de las autoridades del vecino país de no desalojarlos.

Tercero, ¿cuál es la naturaleza jurídica del intercambio de concesiones realizado por los dos gobiernos? ¿Es un tratado? Entonces debería ser ratificado por el Poder Legislativo para tener eficacia. En el Uruguay la acción del Estado está precisamente delimitada por la Constitución y las leyes. Una "concesión" como ésta no deroga a las normas mencionadas y, por sí misma, no puede considerarse como una limitación del legítimo derecho de los ciudadanos de este país a contribuir al desarrollo sustentable del Uruguay.