Es bastante probable que si usted pregunta por el referéndum del 2003, sean muchos los que se queden con esa mirada extraviada de quien trata de sondear en su memoria, sin mayor éxito. Pues bien, ésa fue otra consulta popular impulsada por la izquierda y los compañeros dirigentes sindicales, en este caso de Ancap. Como en esa época el Presidente era Jorge Batlle y lo que se acostumbraba en nuestra República, era respetar el resultado de la votación, (hasta los militares lo hicieron), a diferencia de lo que ocurre hoy, la iniciativa del Ejecutivo abortó.
La idea que dio vida a la ley 17.448 era hacer de Ancap una empresa moderna y competitiva, con capacidad de inversión, algo imposible de continuar en las mismas condiciones. En conocimiento de las hondas raíces culturales uruguayas en pro del estatismo, sea cual sea su ineficiencia o el costo que represente para sus habitantes, (las tarifas residenciales que nos cobra la UTE son las más caras de la región) más la cantidad de gente que mama de la ubre del Estado, en forma directa (empleados públicos) o indirecta ( familiares), en dicho proyecto lo que se establecía era la posibilidad de Ancap para asociarse con capitales privados, pero ¡ojo! Manteniéndose como socio mayoritario, con exclusividad en las decisiones estratégicas.
El artículo 8 de la ley fijaba, "todos los bienes que (la Ancap) aporte a la sociedad ( 30 años) podrá hacerlo por el plazo de la misma y le serán restituidos al finalizar la misma," pero por supuesto, los patrocinadores de la movilización engañaban con mensajes falaces como ser, que Ancap sería despojada y sus activos pasarían a ser propiedad de los inversores.
El actual vicepresidente Astori fue redactor de la ley. Evidentemente coincidía en que había que sacudir al viejo y oneroso paquidermo, pero la marea promovida por la Federación Ancap lo tapó y lo más que hizo fue anunciar que no haría campaña. En cambio, la senadora Arismendi se congratulaba de que mientras corría el largo plazo para recoger firmas, se desalentaba a posibles inversores y el país se trancaba. Tabaré Vázquez, oliendo un rédito político, se volcó de lleno y apareció en publico exultante, cuando en el mes de diciembre las papeletas contra la ley, superaron ampliamente a las que la acompañaban.
Pasado el tiempo y después de todos los anuncios, por ejemplo, sobre los acuerdos fantásticos con el Presidente Chávez, la realidad actual nos muestra que la deuda generada con Venezuela, de unos US$ 700 millones, ha sido el negocio del "Tío Bartolo". Más de la mitad de lo que vale Ancap (US$ 1.200 millones), según el último balance. Sobre qué se ha hecho con el dinero que no se puso en el momento, las respuestas son de una gran vaguedad. Se contesta que inversiones, y seguramente figura ALUR, donde se llevan comprometido más de US$ 150 millones y se pierden entre 5 y 10 millones de dólares por año. En un proyecto no viable por razones de escala, clima, precio, competitividad y productividad. No hace mucho se tomó un préstamo con el Banco Santander y otro con el HSBC por US$ 30 millones, con el aval de Ancap, para cubrir déficit de caja y operativos "provocados por la variación entre los supuestos planteados y los que se vienen verificando". Los ministros Martínez y Sendic cuando fueron llamados a sala respectivamente, por el diputado Pablo Abdala, reconocieron que el negocio del azúcar no era rentable. Tampoco el supuesto punto de equilibrio a alcanzar con la producción de energía en base al bagazo, se ha logrado.
Los problemas de gestión y mantenimiento son evidentes y hasta los propios gremialistas se quejan de ello. Además de los recientes percances con el oleoducto en José Ignacio con consecuente derrame y la planta de distribución de la Tablada y del desabastecimiento de supergás el año pasado, la refinería estuvo cerrada casi medio año en 2010. Ello obligó a importar combustibles, aunque se supone que exportamos la nafta superavitaria. A su vez, los uruguayos pagamos el gas oil; el combustible de mayor consumo, (servicios, producción, y transporte; $7,50 más caro que la paridad de importación. Y encima hablan de hacer una nueva cementera mientras se concentran en cómo meterle más impuestos al campo, un sector genuinamente productivo, porque anda bien.