A veces es difícil separar la paja del trigo. Sobre todo, con el ruido que se genera muchas veces en ambientes políticos y mediáticos, con la interferencia de miradas interesadas de políticos, consultores y burócratas de organismos internacionales. Todos “jugadores” más preocupados por llevar agua para el molino de su interés particular, que en solucionar los verdaderos desafíos de los países.

Esto se ve claramente en el tema muy delicado del combate a la corrupción y el lavado. En los últimos años, y sobre todo desde que fue desalojado de poder en las urnas, el Frente Amplio a través de sus más destacados dirigentes han intentado sembrar la imagen de que Uruguay es un país azotado por la corrupción. No hay día que no salga un senador, abogado, o incluso el presidente del FA, Fernando Pereira, a hacer alguna declaración altisonante al respecto. Eso sí, sin que haya ninguna prueba mínimamente relevante al respecto. Todo por ensuciar.

A esto hay que sumar otro factor. El de los operadores regionales, y consultores que viven de azuzar cucos, en buena medida, como forma de justificar la necesidad de su tarea. En las últimas semanas hemos visto a algunos de estos expertos salir a la palestra con titulares impactantes, como que Uruguay “se quedó”, o no le da suficiente importancia al tema del lavado de activos, o que en nuestro país no importaría analizar los fondos que se vienen a invertir aquí.

Un panorama que no solo es falso, para el cual no hay ningún elemento concreto que permita afirmar esas cosas, y que parece ignorar el lugar que ocupa Uruguay en todos los rankings de combate a la corrupción y de solvencia institucional, desde los que realiza Transparencia Internacional, hasta The Economist.

Pero en los últimos días, coincidiendo con el raid mediático de algunos operadores, apareció un nuevo estudio que muestra que el país está sólido en esta materia. Hablamos del índice de capacidad de combate a la corrupción, realizado por la entidad internacional “Control risks”, junto con el Council de las Américas, y publicado por la revista Americas Quartely.

Allí Uruguay vuelve a estar a la cabeza, y despegado, de todo el resto de países de América Latina. Nuestro país obtiene en ese ranking 6,99 puntos, en fuerte contraste con el 3, 87 de México o el 4,83 de Brasil. El país más próximo a Uruguay, para variar, es Costa Rica, y luego Chile.

Lo interesante de este estudio es que no registra los niveles percibidos de corrupción como otros trabajos, y que siempre implican un valor subjetivo de los consultados. Aquí se analiza qué tan eficientemente puede un país enfrentar este flagelo, y se toma en cuenta en que países quienes están involucrados en actos de corrupción terminan siendo efectivamente perseguidos y castigados.

El estudio se basa tanto en entrevistas con figuras clave de cada país, como datos y regulaciones concretos, y evalúa la independencia del sistema judicial, la fortaleza de las instituciones democráticas, y hasta la libertad de que disponen los periodistas para investigar. A diferencia de otros actores interesados, aquí la intención no es exponer a países al escarnio regional, o buscar contratos para algún técnico. Sino ayudar a los gobiernos, a la sociedad civil y al sector privado a identificar éxitos y deficiencias a ser atacadas.

Y con todo eso, Uruguay sigue siendo el mejor de la clase. Pese a todo el ruido generado por la oposición con el acuerdo en el puerto, con el proyecto Arazatí, con el “caso Astesiano”. Incluso con todo ese pamento realizado cuando se votó la LUC, y que parecía que Uruguay se iba a convertir en el centro mundial de lavado de dinero.

Pues no.

Claramente, esto no significa que el país deba bajar la guardia, o descansarse en sus laureles. Pero cuando uno observa que hay actores interesados que un día si, y el otro también, salen a azuzar la idea de que en Uruguay el dinero “negro” circula con total libertad, o que somos una especie de paraíso para los corruptos, y por otro lado todos los rankings y estudios serios muestran algo muy diferente, es tiempo de abrir los ojos.

En el mundo actual existen muchos jugadores interesados en presionar a los países para que sostenidamente aumenten controles e inventen nuevas regulaciones, porque es una forma de ganar en la competencia por fuentes de inversión. Hay también “expertos” que ganan muy bien por denunciar estas cosas, y a los 10 minutos ofrecer sus servicios para solucionar el problema. Y luego hay políticos inmorales, que con tal de ganar 1 voto, no les importa ensuciar al país. Hay que tenerlo claro.