A tres años de la asunción de la administración Lacalle Pou respaldada por la Coalición Republicana (CR) es difícil imaginar lo que hubiera representado un triunfo de la fórmula del Frente Amplio (FA) Martínez-Villar en el balotaje de 2019.
Para empezar, porque la forma en la que la coalición de gobierno enfrentó la pandemia fue muy criticada por el FA: la propuesta de la izquierda implicaba un gasto presupuestal mucho mayor al que efectivamente hubo, con un cierre económico general que hubiera implicado el fin de miles de pequeñas y medianas empresas y un aumento vertiginoso de la deuda pública; y una política sanitaria inspirada en la Argentina de Fernández, con encierros forzosos y con una estrategia internacional que buscó aliarse con Rusia para importar su vacuna y terminar luego demorando muchísimo la generalización de la vacunación.
Para seguir, porque al iniciar el cuarto año de administración de gobierno Uruguay se encuentra en una posición económica destacada que la izquierda sigue criticando sin tregua ni sentido común ninguno. Hoy, tenemos el riesgo país más bajo de la historia; cerramos en 2022 con récord de exportaciones; crecimos en 2022 a cerca del 5% anual; bajó el desempleo a los niveles más bajos de la última década; se viene recuperando fuertemente el empleo y el salario real, en un contexto mundial de postpandemia en el que uno y otro empeoran gravemente; bajó el déficit fiscal; se viene conteniendo la inflación a pesar de las presiones internacionales al alza; el gasto público social se mantuvo en un porcentaje elevado del presupuesto nacional; y con la temporada de verano más exitosa desde 2019 y el aumento importante en la venta de automóviles 0 km y en la de inmuebles sobre todo en Montevideo, empieza a notarse el florecimiento de un consumo que estuvo muy retenido por causa de la incertidumbre generada por el impacto de la pandemia.
Toda esta situación económica nunca hubiera sido posible con el FA al mando del país, porque ella es el resultado de un rumbo marcado por la administración de la CR y muy diferente al pregonado por la izquierda: se trató, siempre, de mantener los motores de la economía encendidos y, sobre todo, de cumplir con las promesas electorales hechas en 2019. Y este es un dato muy importante, porque los antecedentes de la administración Vázquez 2015-2020 fueron en este sentido nefastos: no solamente no hubo ningún cambio de ADN en la educación, sino que se subieron impuestos que terminaron repercutiendo en baja de crecimiento y aumento de la pobreza. Y tan grave como lo anterior, fue que empeoró la inseguridad con una cifra anual de rapiñas que superó 30.000 hacia el final del período, cuando el FA había prometido en el proceso electoral de 2014 llevarlas a menos de 14.000 por año.
A pesar de la pandemia, y a pesar ahora también de la sequía más grave que afecta al país desde 1989 y que infelizmente dañará duraderamente al motor productivo nacional por excelencia que es la agropecuaria, el gobierno de Lacalle Pou acaba de hacer anuncios sustanciales que, nuevamente, van en el sentido de cumplir con la palabra empeñada en la elección de 2019.
Por un lado, está la rebaja de impuestos a las personas: unas 63.000 ya no pagarán IRPF, y otros 20.000 jubilados ya no estarán obligados por el IASS. El objetivo es no solamente cumplir con la promesa electoral, sino también hacerlo de forma responsable en la medida en que el contexto internacional que incide en las finanzas públicas y la economía ha variado fuertemente con respecto al pasado año de elecciones por causa de la pandemia primero y de la guerra en Europa después. Por otro lado, distintas medidas impositivas beneficiarán a unas 25.000 pequeñas y medianas empresas, que son el corazón del entramado productivo del país, y que son también las que generan mayor cantidad de empleos, por lo que la apuesta del gobierno es muy razonable cuando supone que estas rebajas promoverán mayor consumo y dinamismo económico que terminarán incidiendo positivamente en toda la sociedad.
Finalmente, la izquierda jamás hubiera bajado estos impuestos, porque cree que quienes serán favorecidos son comparativamente los más beneficiados de la sociedad. Y se trata de un error conceptual importante. Como bien señaló en su alocución en el Parlamento Lacalle Pou, los mayores ingresos no irán a grandes ahorros o para irse a veranear al extranjero: serán, por ejemplo, para pagar deudas, comprar ropa para los hijos o más surtido en el almacén. En definitiva, beneficiarán a nuestra amplia clase media.