UdelaR sin control

En los últimos días se desató una polémica respecto al presupuesto de la Universidad de la República, a partir de la sencilla idea de que tiene recursos suficientes para reasignar a los fines prioritarios que entienda convenientes y, además, de que no sería malo de que aceptara ser auditada de forma externa, además de por sus propios servicios internos.

La idea, lanzada por la ministra Arbeleche, despertó la urticaria de los burócratas de la Universidad de la República, que salieron corporativamente a protestar por la mera posibilidad de que alguien por fuera de sus estructuras, aunque sea una egresada de esa casa de estudios, opine sobre su realidad.

Es sabido que quienes han conducido a la UdelaR en las últimas décadas han tenido una interpretación de su autonomía bastante peculiar. Se entiende que implica la libertad de enseñanza, la libertad de como aplicar los recursos que recibe y la libertad de no rendir cuentas a la sociedad sobre qué es lo que hace con los cuantiosos recursos que recibe. Unos 550 millones de dólares por año no es poco dinero, menos aún en la perspectiva de la eficiencia cómo se utilizan esos recursos.

Existe, además un factor que agrava esa interpretación de autonomía insular, vale decir, desligada de los intereses y preocupaciones de la población que financia su funcionamiento, muchas veces por personas que nunca accedieron ni van a acceder a la educación terciara, que es el sesgo político partidario de prácticamente la totalidad de sus institutos y voceros públicos.

Existe una pléyade de abogados, economistas, politólogos, sociólogos y otros todólogos que parapetados de sus cargos nobiliarios e inamovibles militan activamente por el FA-PIT y mucho más activamente contra la Coalición Republicana, contra todo el decoro universitario.

Por cierto que no existen esos mismos profesionales que realicen la misma tarea para los partidos políticos oficialistas, en primer lugar porque no los dejan entrar ni por error, y cuando por error o ignorancia se les cuela alguno, lo hacen sentir lo suficientemente incómodo o le inventan sumarios y sanciones para correrlos.

Se podrá mencionar a algún profesional identificado con alguno partido de la Coalición, ciertamente, pero en todo caso son personas que no revisten la calidad de militantes, que es lo que está tácitamente prohibido en nuestro sistema.

En este sentido, la sociedad uruguaya viene bancando desde hace mucho tiempo una trinchera ideológico político partidaria con recursos de todos los uruguayos, lo que no es muy distinto de lo que ocurre con TV Ciudad o con las donaciones al Frente Amplio que realizó la Intendencia de Montevideo, la demostración de que las formas no importan, lo que importa es la construcción de poder.

¿Qué razón legítima puede tener una institución pública que se financia con recursos del erario del Estado para no aceptar ser auditada por la Auditoría Interna de la Nación? No aceptarlo, y decir que con los controles que se realizan ellos mismos a ellos mismos no hacen más que despertar las suspicacias de quien quiere eludir un control del que nada debe temer sin nada tiene que ocultar.

Respeto al asunto presupuestal, es evidente que la sociedad uruguaya no tiene por qué seguir volcando cada vez más recursos a una institución que le da la espalda, que tiene su propia agenda ajena a su realidad y preocupaciones y que por cierto tiene suficiente presupuesto, funcionarios y gastos de funcionamiento como para reasignar hacia lo que entiende más necesario. Continuar con una lógica incremental del gasto público, sin análisis de qué se gasta y cómo se gasta no es aceptable y menos aún para quienes se niegan a que la sociedad conozca a través de una auditoría externa cómo gasta su cuantioso presupuesto.

La defensa ruidosa y corporativa de las burócratas de la UdelaR vuelvo todo el asunto aún más oscuro. Los uruguayos ya no tienen paciencia para los privilegios corporativistas a costa del bienestar de toda la población.

La autonomía constitucional trocada en privilegios nobiliarios por las propias autoridades de la UdelaR no se condice con las prácticas y costumbres de una República. Un poco menos de soberbia y mirarse el ombligo y un poco más de apertura y diálogo con la sociedad que la sostiene ciertamente sería muy beneficioso para la propia casa de estudios. En tiempos donde todo se sabe, querer ocultarle información al país parece una receta propia de un tiempo que, afortunadamente, ya pasó para volver jamás.