Tugurizando la política

Da la penosa sensación de que el Frente Amplio está empeñado en una cruzada para destruir toda credibilidad en el sistema político, porque nos guste o no, es el partido del gobierno y como tal, tiene las mayores responsabilidades. El expresidente Tabaré Vázquez anunció su retiro de la actividad política pública mediante un documento escrito y firmado, pero lo cierto es que nadie le creyó; se interpretó simplemente como un mecanismo para parar la lluvia de críticas que caían desde la interna de su partido y no como expresión de una decisión seria y firme. ¿Por qué se duda de la palabra de Vázquez? Por sus antecedentes; eso de renunciar y volver como si nada, es algo que ha hecho en otras oportunidades y le ha dado buenos dividendos políticos. El valor de la palabra tiene poco que ver, si el objetivo es lograr una mayor cuota de poder.

Con un objetivo similar marchan ahora los legisladores del Frente Amplio con el tema de la prescripción de los delitos cometidos en dictadura. El tema es -nuevamente- intentar destruir el régimen que implementó la ley de Caducidad, que fue sometido dos veces a la decisión del soberano y que en las dos oportunidades dio un veredicto claro de apoyo a la ley. Que intentaron voltearla por vía parlamentaria y fracasaron. Ahora, al mismo perro le cambian el collar e insisten en su ofensiva. Cargan nuevamente con otro mamarracho jurídico para torcer la decisión del pueblo. Y las preguntas surgen solas. ¿En base a qué investidura no se respeta una doble expresión de voluntad ciudadana? ¿Quién es el soberano? ¿Quién manda y quién tiene que obedecer?

El señor Presidente de la República y los señores legisladores ocupan sus cargos por la voluntad de los ciudadanos. Porque ellos los votaron haciendo uso de su legítimo derecho como depositarios de la soberanía nacional. A nadie se le ocurrió "interpretar" esa voluntad y menos "anularla" -por el pueril argumento de que simplemente no les gusta lo que el pueblo decidió o eligió- porque quien hace eso, asume el rol de un dictador. ¿O no? Y es la misma voluntad que invistió a esos señores la que, por dos veces, dijo que la ley de Caducidad no se toca. ¿Por qué insisten entonces? ¿Por qué este atropello a la dignidad del hombre y del ciudadano? Toda la estructura constitucional del país, los principios y garantías que estampa nuestra Carta y las soluciones que arbitra, como el gobierno de las mayorías, o la separación de poderes o las fórmulas de representatividad, son aspectos adjetivos que sirven de soporte a lo realmente sustantivo de la democracia: la dignidad del ser humano. Y ella es pisoteada cuando se desconoce sus pronunciamientos, se le niega legitimidad alguna y se le escamotea la fuerza del voto. Esto no lo cambia ni el video de hace meses con presuntos militares nostálgicos, ni la aparición ahora de restos humanos en un batallón.

Tenemos un Presidente, frenteamplista, que hace la apología de "como te digo una cosa, te digo la otra". Tenemos un expresidente, frenteamplista, que sin decirlo comulga con la misma filosofía. Y tenemos una mayoría parlamentaria, también frenteamplista, que no le importa absolutamente nada los pronunciamientos populares. Se ríe de ellos, los desconoce y los desafía. Ahí están discutiendo por enésima vez cómo pueden trampear la decisión de las urnas.

El FA, con la actitud de sus principales figuras y en su nueva tentativa de golpe de Estado técnico, está afectando seriamente la credibilidad en el sistema político. Está enviando un mensaje aterrador, de que valores que deberían ser muy caros para los uruguayos, como el respeto a la voluntad de las mayorías y el cumplimento de la palabra, son de escasa significación. Están tugurizados o pasados de moda. Que da lo mismo decir una cosa como decir otra, aunque sean contradictorias; que las mayorías que alumbraban las democracias han perdido su razón y que la dignidad del ciudadano es un concepto arcaico y obsoleto.

Están incurriendo en una conducta nociva y gravísima. Algunos porque disfrutan generando el ataque al Estado de Derecho. Otros porque aún no han calibrado el daño que están causando, pero más vale que abran los ojos y paren la mano. El desprecio a las instituciones termina por pagarse muy caro.