El gobierno del Frente Amplio no sólo acumula la mayor suma de poder registrada en el país desde que entró en vigor la Constitución de 1918, sino que sus integrantes son dados a reclamar un cúmulo de atribuciones aún más numeroso y una moderación de todo control. Sea el que naturalmente ejerce la prensa, que es blanco habitual de sus críticas y quejas, sea el que institucionalmente corresponde al Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, sea el que -sin demasiada persistencia ni virulencia- proviene de los partidos políticos opositores.
Prueba de ello, una más, la ha dado el Director de la OPP, Enrique Rubio, al plantear una nueva reforma de la Carta. Esta, como es tradición nacional, por supuesto encajaría como anillo al dedo en las conveniencias electorales del partido de quien la postula, supresión del balotaje y habilitación del voto "consular" mediante. Pero también propone, el ex senador, modificar la forma de designación de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas, pues le molesta que, éste y aquélla, tengan "los mismos miembros del año 1995".
Quiere que en ambos tenga mayoría su partido. Es decir, más poder y menos control. No advierte que en un Estado de Derecho el control de legalidad, sea en el orden electoral como en el del manejo financiero del gobierno, es conveniente y hasta imprescindible.
Se quejó, entonces, de estar "en un país bloqueado".
Y agregó: "Acá no hay mayorías especiales para nada". Además de no comprender que la oposición debe su nombre a que su rol no es el de partiquino aquiescente a los dictados del gobierno, padece de amnesia. ¿Los "progresistas", cuando estaban en el llano, contribuían con sus votos a conformar las mayorías especiales que, en ciertos casos, exige la Constitución? ¡Por favor!
Ante tanta desubicación y apetito de poder, viene muy bien repasar los luminosos y muy democráticos conceptos del ciudadano nacionalista que, en nombre del gobierno que ese día se iba a instalar y que él iba a encabezar, formaron parte del memorable discurso que pronunció ante la Asamblea General el 1° de marzo de 1959.
"Recibido su mandato, -principió aquel estadista-, nuestro espíritu ha de moverse acorde con el carácter nacional de las investiduras que se nos asignan. Siempre hemos reclamado, para ellas, nivel por encima de los intereses partidarios. Nos anima -prosiguió- la intención llana de servir nuestro mandato sin pompa ni estridencia, libres de toda pretensión histórica que no fluya del mérito de la obra, juzgada en su hora".
Luego expresó, con palabras de rigurosa actualidad: "Consideramos indispensable la crítica de la acción gubernativa, y aunque su ejercicio es felizmente libre en nuestro país, no es totalmente ocioso afirmarlo para desvanecer algún concepto erróneo, que la entiende perturbadora de la gestión oficial. Es un instituto imprescindible en el proceso político, y lo es, también, como fuente de superación del derecho, el cual se nutre, según sabiamente se ha dicho, de la inquietud de los disconformes".
A lo que añadió: "La función del estadista es de paz. Si la lucha es medio legítimo de lograr supremacías, no tiene cabida en el ámbito de la autoridad, la que por ser órgano de interpretación y coordinación de intereses sociales, no puede alistarse en otro combate, que no sea el común a todos contra los enemigos del bien público. El espíritu de mitin está excluido de su recinto". Y a todo ello agregó:
"Creo, sinceramente, en las virtudes de la coparticipación y no pienso que se pueda hacer un gran gobierno, con la fecunda amplitud que lo concibo, sin la adhesión, sin el estímulo, y hasta sin la crítica, indispensable, de todos mis conciudadanos. La administración no pertenece al vencedor. Esto no es una tesis: es el único concepto conciliable con la libertad y con la impersonalidad del Estado. Cuando el gobierno introduce el interés partidario en sus dependencias, ejerce un acto ilícito, porque aparte de usar indebidamente del poder, desequilibra en su favor, y arbitrariamente, el libre juego de las fuerzas cívicas".
"Es imposible -prosiguió- restituir al Estado a sus escuetas funciones de antaño. No podríamos disponer ahora, como los legisladores vascos de 1526: `Las leyes contra la libertad se tengan por no otorgadas`, pero es forzoso procurar que la autoridad sólo posea la jurisdicción indispensable y no más".
Quien así hablaba y enseñaba, con impecable pulcritud en la forma y con claridad no excluyente de la hondura de su pensamiento, era el esclarecido ciudadano Martín Ricardo Echegoyen, en momentos en que asumía la presidencia del Consejo Nacional de Gobierno. Su voz grave y aleccionadora era la voz de nuestro Partido Nacional. Tomen nota el señor Rubio y quienes, como él, no han saciado aún su sed de poder.