¿Tocamos fondo?

No hay recuerdo social de una situación de inseguridad tan grave como la que hoy está sufriendo el país y sobre todo su zona metropolitana. Y la pregunta evidente es: ¿qué es lo que se precisa para que haya una reacción política y social tal que nos haga romper con esta lógica de tobogán en la que no podemos evitar estar cada vez peor?

El cotidiano urbano es una tragedia cada vez más extendida. No hay día en que no haya al menos un asesinato, en general con víctimas jóvenes. Esto lleva a que estemos, en datos anualizados, en la peor situación en tasa de homicidios de la historia reciente del país. Pero, además, se acumulan las noticias que dan cuenta del descalabro en la convivencia social en distintos barrios de la capital: ya son dos los ómnibus que sufrieron cambios de itinerario por bandas de inadaptados; ya no se puede concurrir al estadio porque los enfrentamientos a balazos son de una violencia tal que dejan decenas de vainas con total impunidad; ya no se puede dormir con serenidad porque los enfrentamientos entre bandas hacer resonar centenares de balas a lo largo de la noche; y ya no se puede volver del trabajo a la casa tranquilo porque al bajarse del ómnibus puede ocurrir que estén en pleno enfrentamiento, con balaceras de horas, grupos vinculados al narcotráfico.

Por si todo esto fuera poco, la dimensión institucional también ya ha sido duramente golpeada. Obviamente el atentado contra la fiscal de corte, que estuvo a muy poco de matarla, fue gravísimo. Sin embargo, en vez de reaccionar en unidad para sostenerla, el oficialismo sigue sin apoyarla. En Durazno, a su vez, las amenazas de muerte contra un activo fiscal que golpeó allí al narcotráfico terminaron con que solicitó su traslado a la ciudad de Libertad.

Y la pregunta evidente es: ¿cuánto incide todo esto en la actuación de la justicia en general, que ve cómo los grupos terroristas y narcotraficantes amenazan y ejecutan atentados? Seguramente mucho, porque es claro que no se puede pedir a funcionarios judiciales que sean superhéroes solitarios, cuando está resultando obvio que ni siquiera la tarea de la fiscal de corte es respaldada unánimemente por el poder político.

Resulta inconcebible la realidad que estamos sufriendo. Piénsese, por ejemplo, en el cotidiano de una familia de clase media de hace treinta o cuarenta años: podía ir a pasear con tranquilidad a la plaza a tomar mate de tardecita, sin temor a que le robaran la casa en ese rato; podía dejar sin angustias que sus hijos adolescentes se tomaran un ómnibus para ir a estudiar; podía ir a disfrutar de un partido de fútbol un domingo sin miedo a que a la salida pudiera o no haber decenas de disparos de armas de fuego; y podía, finalmente, descansar de noche sin ser despertada por centenares de balazos en su barrio.

Hoy, aquella vida cotidiana, hecha de cosas tan simples y básicas, parece un sueño.

La respuesta del sistema político frente a esta realidad de todos los días es absolutamente insuficiente. Por supuesto que la mayor responsabilidad es del gobierno y de la izquierda en el poder. Quedó claro que la crítica a la gestión en seguridad de la administración 2020- 2025, que dejó una mejor situación que la que había en 2019, no traía consigo un plan eficiente: en este año y medio de administración Orsi, la situación empeoró. Y queda claro también que sigue habiendo una extrema ideologización que hace que la izquierda gobernando no sea capaz de enfrentar esta situación con éxito.

En efecto, es evidente que frente a la exigencia natural de una mayor represión, el gobierno y su fuerza política dudan, vacilan y no convencen. En vez de construir más cárceles y dar reales señales de que el que las hace las paga, el discurso oficialista es que hay que desprisionalizar a los delincuentes. En vez de garantizar más represión en las calles, así sea con una mayor coordinación con fuerzas del Estado que colaboren con la policía, el asunto se queda en gestualidades simbólicas -tanquetas sí o no y manejadas por quién-, o en declaraciones controvertidas sobre lo que hace o no hace Bukele en El Salvador. Mientras la gente sufre en su cotidiano no poder más vivir tranquila, el gobierno se pierde en disquisiciones teóricas, niega la realidad y se dedica a adelantar un enfrentamiento electoral con los partidos de oposición que, a esta altura de 2026, a nadie realmente le importa.

Por eso la pregunta de inicio. Podemos empeorar y que la convivencia social se vaya totalmente de las manos. O podemos reaccionar y parar esta debacle.