Señales preocupantes de la Justicia

El sistema judicial en su conjunto, es la última prueba y garantía del nivel de civilidad de un país.

Se trata del último recurso al que apelan los ciudadanos para resolver sus controversias, y es quien aplica nada menos que el derecho penal, con la potestad de limitar incluso la libertad de un ciudadano, cuando viola ciertas normas.

Por todo eso, cuando la sociedad empieza a perder la confianza que deposita en el sistema de justicia, es el inicio del fin de la convivencia civilizada. Si la gente empieza a descreer de que recibirá un trato justo de parte del sistema, volvemos a la ley de la selva.

Uruguay siempre se ha caracterizado por tener un sistema de administración de justicia confiable. Incluso ha tenido momentos en la historia en el que ese sistema ha sido ejemplo para el resto de los países de la región. Si bien todos concuerdan en que no estábamos últimamente en un momento dorado, con los dilemas de cualquier país en desarrollo, el sistema funcionaba y era confiable.

En las últimas semanas han empezado a aparecer casos y ejemplos, que encienden alarmas sobre la salud del sistema en su conjunto.

Particularmente, a raíz del muy comentado caso de la denuncia de violación grupal, y en particular luego del penoso allanamiento a una radio en busca de las fuentes de un periodista, han empezado a surgir voces inquietantes.

Tal vez lo más grave haya sido que una fiscal y una juez hayan autorizado un operativo que luego concordaron era innecesario, y sin evaluar que violaba garantías sagradas en cualquier democracia. Al parecer, ni se lo plantearon.

O eso al menos dijo el fiscal de Corte, Juan Gómez. Pero a continuación Gómez también aseguró que los allanamientos no se habían concretado, algo que consideraba clave para que no se hubiera violado ningún derecho esencial.

El problema fue que a las pocas horas, el director de Policía, Diego Fernández, dijo exactamente lo contrario, y confirmó que existió el procedimiento, y se incautó material. O el Fiscal de Corte o el Director de Policía mienten. Una situación gravísima.

Pero a raíz de este episodio, generó muchos comentarios una columna aquí mismo en El País, del Dr Martín J. Bueno, un profesional joven, pero con trayectoria en el mundo judicial. En su artículo, el Dr. Bueno decía algo que es un secreto a voces en el mundillo judicial: que el nivel de los operadores del sistema ha caído muchísimo, y que tanto en lo técnico, como en equilibrio y ponderación, nuestro sistema está haciendo agua peligrosamente. Y que se impone tomar algunas medidas para que este problema no empiece a minar la credibilidad del sistema en su conjunto.

Y mientras estábamos en esas disquisiciones, las páginas de éste diario revelaron el domingo el caso de una jueza especializada en Violencia de Género de Pando, la Dra. Ada Siré, que ha emitido en una red social enfocada en jóvenes afectos a los bailes y coreografías, un discurso plagado de prejucios, disparates, y argumentos que chocan con la sensibilidad de cualquiera que tenga un mínimo de respeto por la tradición jurídica occidental.

Allí la jueza dice poco menos que todos los hombres son degenerados, violadores en potencia, y abusadores. Todo con un lenguaje de letrina, y sin un mínimo de respeto por su investidura.

¿Acaso alguien, cualquier hombre, que haya escuchado el discurso de esa jueza Especializada en Violencia de Género, puede creer que con ella sería objeto de un proceso equilibrado y justo?

Casi más grave que eso, ¿qué nivel de impunidad o de convencimiento de que lo que dice es perfectamente normal, puede tener una jueza para decir esas cosas públicamente?

La Suprema Corte ha tomado cartas en el asunto, y ha pedido explicaciones a la jueza por su accionar. Pero tal vez sería el momento de que la Corte hunda un poco más el bisturí, y analice si casos como el de la jueza Siré son más habituales de lo que parece. Desde hace tiempo que llegan a la redacción del diario, y se comenta en los pasillos judiciales, la forma en que muchos operadores del sistema están actuando más como activistas de determinadas causas, que como el tercero imparcial que debe resolver una controversia, o aplicar una sanción penal.

Es vital que, sin presiones y sin interferencias, la Justicia uruguaya se evalúe y tome medidas que corten de raíz este tipo de episodios, que afectan su credibilidad. La misma es algo que se logra con muchas décadas de trabajo serio y esforzado, y no se puede arriesgar a perder por la actuación de algunos elementos fanatizados o sin categoría.