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No será intención de este editorial polemizar sobre el voto decisivo otorgado por el edil nacionalista Juan López, en la Junta Departamental de Canelones, al proyecto de endeudamiento de esa intendencia, entregado a espaldas de la decisión de su partido.
Nos alcanza con apuntar un detalle que tiene más que ver con la autocrítica partidaria que con el señalamiento de esa inconducta.
Entrevistado por Ignacio Álvarez (FM Azul) en la mañana del miércoles, el edil dio muestra cabal de una paupérrima capacidad de expresión, que en ocasiones evocaba a la del ex presidente Mujica. En un pasaje del diálogo, dijo que cursó solo hasta sexto año de escuela. ¿Es motivo de vergüenza no haber tenido oportunidad de ir al liceo o a la universidad? Claro que no. Lo preocupante es considerarlo un mérito.
Lamentablemente, el ciclo frenteamplista instaló, voluntaria o involuntariamente, la idea de que la formación académica y la preparación para la responsabilidad de gobierno no eran atributos valorables por sí mismos. Al contrario: en no pocas oportunidades, el entorno de Mujica celebró que durante ese período hubiera descendido la cantidad de profesionales que integraban el parlamento. Hubo burlas concretas hacia los intelectuales, de los que el ex presidente se mofaba porque “nunca levantaron un balde de mezcla” y hasta desprecios explícitos a la titulación universitaria, que la ex legisladora Lucía Topolansky calificaba como meros “cartoncitos”.
No es de extrañar, entonces, que el mismo sector político de esos dirigentes haya alcanzado un “acuerdo” (si se lo puede llamar tan eufemísticamente) con un edil nacionalista que se expresa en lenguaje barriobajero y se enorgullece de su propia ignorancia. Cuando apreciamos esta sencilla evidencia, no faltará quien nos califique de aristócratas.
Está claro que la portación de cultura no garantiza honestidad ni eficiencia de gestión. Pero también habría que reclamar al sistema político el máximo rigor intelectual posible en la selección de sus portavoces.
Que pasen estas cosas, que ahora nos toque llorar sobre la leche derramada, debería llamarnos a la reflexión. Los partidos tendrían que comprobar que para elegir a sus dirigentes no basta con ser el más simpático de la cuadra: hay que demostrar conocimiento y ética, comprensión de que estudiar no es procurar un cartoncito sino enriquecer el intelecto, para afinar la sensibilidad y mejorar la capacidad de servicio al prójimo.
Por eso, en esta hora vergonzante para el nacionalismo canario, la clave no está en denostar al intendente de ese departamento por procurar allanar obstáculos a sus planes, por derecha o por izquierda. Lo más conveniente, en cambio, sería mirarse al espejo y reconocer que una de las mayores fortalezas de un partido radica en la calidad de sus representantes. A ese respecto, el Partido Nacional tiene el viento a favor de una nueva generación que, a lo largo y ancho del país, está poniendo razón y corazón en la formación de cuadros para la calidad de gestión. Este triste episodio sirve para darles el lugar que merecen en el diseño del Uruguay del futuro.
Los desafíos son muy grandes y el déficit educativo está en el origen de la mayoría de los problemas.
Quienes tendrán la responsabilidad de educar a nuestros hijos y nietos en un futuro inmediato, confunden bienes públicos con espacios de expresión de su propiedad.
En otro orden de cosas, hace unos días, un gremio de estudiantes de magisterio emitió una declaración deplorando que se les impidiera vandalizar los muros de un edificio público con consignas violatorias de la laicidad, consagrada en la constitución.
En su comunicado, dicen textualmente que “resolvimos realizar una pintada en nuestros muros, que han sido injustamente tapados por las autoridades”; agregan que “los muros seguirán siendo de los estudiantes” y concluyen que estos son los que “ democráticamente los estudiantes decidimos pintar”.
Adviértase la gravedad de estas afirmaciones: quienes tendrán la responsabilidad de educar a nuestros hijos y nietos en un futuro inmediato, confunden bienes públicos con espacios de expresión de su propiedad. Peor aún: medios de prensa de izquierda y hasta legisladores frenteamplistas identificaron la proactividad del Estado en la defensa de dichos bienes con un supuesto “ataque a la libertad de expresión”, como si esta pudiera ejercerse vandalizando edificios que pertenecen a todos los uruguayos.
El edil canario “rebelde” y estos gremialistas de magisterio confundidos: dos casos disímiles solo en apariencia. Porque en ambos sobrevuela la certeza de que los déficits educativo, cultural y cívico son mucho más preocupantes en el Uruguay de hoy, que cualquier otro.