Revertir lo irreversible

Pese a que ante determinados problemas hay soluciones que son evidentes, eso no que quiere decir que se las adopte. Persiste por lo general, y ese se puede observar con el actual gobierno, la extraña compulsión de volver a fórmulas que están condenadas al fracaso. Cuando todo demuestra que sería un grave error tomar un determinado sendero, ese es el que decide tomar el gobierno.

Sucede con la producción de portland por parte de Ancap. Hace más de un cuarto de siglo que esa área da pérdidas y justamente ahí, en una apuesta imposible, es que quiere invertir la actual dirección de dicha empresa pública.

Ese rubro da pérdida porque es tal la acumulación de desastres, que solo queda una solución para que Ancap, financiada por cada uno de nosotros toda vez que consumimos sus productos (algunos monopólicos), se quite ese lastre de encima.

En lugar de volcar más dinero a algo que simplemente no funciona, lo que debería hacerse es cerrar esas plantas y distribuir su personal en otras dependencias. Y que el Estado deje de producir portland. Ya hay otros que lo hacen y no tienen problemas. Cumplido esto, en lugar de continuar perdiendo ese monto enorme de dinero, habría que bajar los precios en los combustibles. Ello implicaría menos costos para la industria, la producción rural y el comercio, un abaratamiento del transporte público y menos gastos para el común de la gente. Ayudaría a que Uruguay comience a dejar de ser tan caro, como hoy lo es. No es aceptable que el pésimo funcionamiento de esa dependencia deba ser subsidiado por quienes necesitamos pagar precios tan altos por el combustible que permite movilizarnos y generar la riqueza del país.

El problema es que los sucesivos gobiernos han sido rehenes del sindicato de la Federación Ancap (Fancap), que se cree dueña de la empresa pública y que a fuerza de una insostenible presión, siempre se hace lo que sus dirigentes quieren.

Las pérdidas en el negocio del portland que produce Ancap se vienen dando desde el año 1999 y sólo en 2024 alcanzaron los 24 millones de dólares. Ante esa realidad, es obvio preguntarse qué sentido tiene mantener esas plantas. El portland es un valioso insumo para la construcción, pero hay otras empresas privadas que lo producen y no parecen tener problemas tan grandes.

¿Puede decirse que se trata de una actividad crucial y estratégica para la seguridad, la sobrevivencia y el buen funcionamiento del Estado? No, no es crucial para el Estado; en ningún lado del mundo se diría que la producción de portland es una actividad esencial que el Estado debe realizar en forma imprescindible.

En definitiva, se trata de un negocio que da pérdidas en forma sostenida desde hace décadas y cuyas instalaciones están muy deterioradas y difíciles de recuperar.

Ahora las autoridades de Ancap anuncian que piensan invertir entre 26 millones y 160 millones de dólares para revertir esas pérdidas, tal como informó este sábado El País.

Según la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, la idea es concentrar la producción en una sola de sus dos plantas. “Estamos reconfigurando el negocio”, dijo la semana pasada.

El anterior gobierno barajó varias soluciones, entre ellas el cierre liso y llano de las plantas que producen portland. Hubiera sido la solución perfecta. Sacarse algo que se convirtió en un pesado dolor de cabeza crónico. Pero acosado por la pandemia y habiendo abierto tantos otros frentes, quizás quiso evitar un duro conflicto con el sindicato y optó por postergar ese cierre.

Ahora es la propia Ancap quien, en lugar de poner fin a ese constante drenaje de dinero, propone “invertir”, lo que equivale a volcar más recursos a algo que no funciona y está plagado de vicios irreversibles.

Es altamente probable que la decisión de la empresa estatal de intentar revertir pérdidas, no revierta nada, pero sí compré paz con el sindicato. Le hace el favor y a la vez le quita a Fancap la bandera de reclamar por una planta que no funciona, que genera pérdidas y que no produce un bien estratégico para la seguridad del país.

Al ceder ante el sindicato, de alguna manera privatiza esa área de producción al ponerla en manos de un grupo de funcionarios que en teoría no son dueños de la empresa estatal, pero actúan como si lo fueran.

Cada que vez el sindicato lanza la consabida consigna de que “Ancap es nuestra”, parece estar diciendo que es de todos los uruguayos, pero ese “nuestra” se refiere a ellos, los trabajadores sindicalizados.

Y así estamos.