Vamos a dejarnos de pavadas. El tema de la inseguridad se combate con una policía lo más profesional posible, honesta y bien remunerada. Todos los componentes sociales y culturales para explicar el delito son atendibles, hay que solucionarlos -cuanto antes mejor-, pero no resuelven el problema urgente. Y los policías lo saben y no son zonzos. Tienen acceso a los medios de comunicación y escuchan o leen acerca de la realidad uruguaya. Saben que gracias a una coyuntura internacional casi providencial los números de la economía del país son favorables y que el Ministerio de Economía ha exprimido impiadosamente los bolsillos de la clase media para generar un "espacio fiscal" (también conocido como disponibilidad económica) que busca distribuir a su antojo y según sus muy particulares prioridades. Están al tanto que el Poder Ejecutivo envió la última Rendición de Cuentas de este período de gobierno pero que, a diferencia de lo ocurrido en administraciones anteriores, no llegó cerrada al Parlamento y con previsiones de "gasto cero", sino que dejó abiertas las compuertas para agregados y redistribuciones de recursos. Saben también que la Educación lanzó una fuerte ofensiva en reclamo del prometido 4,5% del PIB y que los legisladores se vieron obligados a hacer verdaderos malabares para alcanzar ese porcentaje. Porque también saben que no hay nada más perjudicial para la imagen de un gobierno que los estudiantes -tengan razón o no- en las calles, manifestando ruidosamente por su reclamos, con ineludibles enfrentamientos con las fuerzas del orden, violencia, roturas de vidrieras, detenidos y hasta heridos en esas refriegas callejeras; que alteran la paz y tranquilidad de los ciudadanos ya bastante cascoteadas; que se suceden las ocupaciones de lugares de estudio, las clases suspendidas y los padres indignados por el cúmulo de problemas y peligros que ello ocasiona. La experiencia -y no sólo en Uruguay- les ha enseñado que una vez que los estudiantes se movilizan es muy difícil detenerlos y los límites para sus acciones no se conocen; que primero hay una etapa de represión y luego se termina aceptando lo que reclaman porque las consecuencias son mucho peores. Y todo eso es el gran argumento para que se contemplen sus aspiraciones.
Porque la verdad, es que el Parlamento -de regimentada mayoría automática del Frente Amplio- ha sido muy generoso con los planteos de la Enseñanza, sin exigir nada como contrapartida. No es que se hayan dado más recursos para una mejor educación -lo cual sería inobjetable- sino que se dieron más recursos para evitar movilizaciones y mejorar los sueldos de los educadores, pero no la calidad de lo que trasmiten. Y ni siquiera los han dejado conformes.
Los policías ven también como se maneja el "gasto social": al mejor estilo de Venezuela y Argentina se entrega dinero a los más necesitados, pero sin ningún tipo de exigencia a cambio. Asistencialismo liso y llano. Tal como está implementado en nuestro país, es un programa incompleto y discriminatorio, elementos ambos que lo convierten en injusto: el Estado auxilia al que no trabaja, pero al que lo hace no lo ayuda por más que sus remuneraciones puedan ser escandalosamente insuficientes.
Los policías eligen trabajar y no esperar a que algún asistente de la ministra Arismendi les incluya una "mesada". Se resisten a vivir de la caridad pública porque les queda dignidad. Todos los días calzan un arma, les dan un beso a su compañera y a sus hijos y salen a jugarse la vida. Porque su función, como representante del orden es ésa: arriesgar su existencia a cada vuelta de la esquina para defender la integridad física o la propiedad de los habitantes. Ya no alcanza con arengas ministeriales al son de "que me quiten lo bailado" para intentar convencerlos de que sus salarios han crecido -la inflación también- y que nunca estuvieron mejor. Es que -aunque eso fuera cierto- la economía del país también ha crecido y hay un "espacio fiscal" para repartir. Hoy están sindicalizados y buscan de esa manera presionar y un lugar en esa distribución. Más allá de si es inconstitucional una huelga policial -estimamos que sí- , el problema de este gobierno es que ha hecho un chicle de la Constitución (ocupaciones, allanamientos nocturnos en los hogares, etc.), y ha perdido autoridad para invocarla.
Los ciudadanos reclaman por más seguridad y miran a la Policía. ¿Cuánto se puede exigir de un Cuerpo mal pago?