“Penalmente estamos todos metidos”

Las auditorías y la guerra a las irregularidades y corrupción de las pasadas administraciones frenteamplistas fueron bandera política del presidente Lacalle Pou y la coalición republicana durante la campaña electoral.

A lo largo de los 15 años que el Frente Amplio, con mayorías parlamentarias automáticas, estuvo en el gobierno se sucedieron muchas cosas con visos de irregularidades. En dos casos y durante sus gobiernos terminaron incluso con procesamientos de autoridades como fue en Pluna primero y luego en Ancap. Pero quedaron sobrevolando otros.

Esta administración ya ha presentado cuatro denuncias penales.

La última, que fueron los sucesos ocurridos en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), oirganismo que maneja las telecomunicaciones y sus operadores, acaba de concluir con el procesamiento del exdirector Nicolás Cendoya (que en su momento fue candidato del FA-MPP a ocupar el directorio de Antel) por tres delitos de abuso de funciones: a) Destrucción de documentos del organismo por parte de un funcionario allegado a él; b) Filtración de una denuncia penal en fiscalía para él, y c) Respaldo irregular a radios de Palmitas, Soriano y Bemba FM de Salto.

El juez Fernando Islas imputó también a Gabriel Lombide, expresidente de la Ursec en ese período, por un delito de abuso de funciones, a la secretaria de Cendoya por dos delitos de abuso de funciones en calidad de coautora y al ex secretario Oscar Mecol por un delito de abuso de funciones en calidad de coautor.

Los chats intercambiados por WhatsApp de Cendoya y sus amigos fueron fundamentales y decisivos para el procesamiento. A tal punto que uno de ellos reconoce que “penalmente estamos todos metidos”.

Pero también hay otros temas respaldados por auditorías, con más historia, en los juzgados penales:

1) El Ministerio de Desarrollo Social o simplemente el Mides. Desde su fundación (año 2005) fue un baluarte político del FA, que gastó 2.000 millones de dólares en sus planes de asistencia social. Pero en lugar de ir reduciendo sus gastos a medida que -gracias a su labor (?)-, desaparecía la necesidad de ayuda social en el país, fue aumentando como si la gente viviera cada día peor o sus usuarios se multiplicaran. El informe del equipo auditor detectó “riesgos de colusión, uso indebido de fondos, posibilidad de fraude, ineficiencia del gasto, compras “innecesarias” y “superpuestas”. Es el que está más adelantado y ya han declarado numerosos funcionarios y testigos. Se espera ahora la citación a la exministra Marina Arismendi.

2) Gas Sayago. Muerta la Regasificadora averiguar qué se hizo, cómo se gastó, cuál ha sido su herencia para que todos los uruguayos paguemos esa aventura que implicó una pérdida -hasta ahora- de 213 millones de dólares y existen demandas por procesos judiciales y arbitrales por unos US$ 38 millones.

Para ello están las auditorías y la de Gas Sayago -sobre la que ha recaído un dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)- tras estudiar el informe de PricewaterhouseCoopers (PwC) que ha sido lapidario. Ya ha declarado el ideólogo de este engendro, Ramón Méndez que convenció sin muchas dificultades al expresidente Mujica para esta costosa aventura.

Si se quiere otra opinión, nada mejor que la de Danilo Astori: “Fue un error grande, importante. Hicimos una Regasificadora para venderle gas a la Argentina que no tenía ningún sentido”. Remarcó que “ni siquiera pudieron parar a tiempo” el proyecto que, consideró, “no tenía lugar en la práctica, no tenía realidad futura, porque estaba transformada profundamente la matriz energética a favor de la energía eólica y no del gas natural”.

3) Antel Arena. Cuando la entonces presidente de Antel Carolina Cosse anunció la obra, dijo que su costo iba a ser de US$ 40 millones. Luego treparon a 55 millones de dólares y finalmente se anunció que habían sido 80 millones de dólares. Pero la auditoría (Ecovis) estableció que el precio final fue de US$ 119.721.147. Redondeando, 120 millones de dólares. Ochenta millones más de lo que se había anunciado inicialmente.

Pero además hay que agregarle “el apartamiento a normas de rango constitucional, legal y reglamentario constatadas” por el Tribunal de Cuentas, “así como el desapego de Antel a sus dictámenes, resulta evidencia suficiente para sostener la existencia de un proceder contrario a derecho y a las normas y principios de la buena administración, estrechamente vinculados a la función pública”.

No hay dudas, como dijo aquel chat del caso Cendoya, da la impresión de que el “penalmente estamos todos metidos” es mucho más amplio.