Pandora, y la prepotencia gremial

Los videos que circularon en internet en los últimos días, no dejan lugar a dudas. Grupos de sindicalistas, vestidos con equipamiento del gremio de la construcción, acudieron a varias obras en el departamento de Maldonado, insultando y agrediendo a aquellos trabajadores que no se plegaban a sus medidas de conflicto.

Unas medidas de conflicto que, además, implican específicamente paralizar las obras en momentos clave de la tarea, cosa de generar mayor perjuicio a quienes las llevan adelante. Incluso, y esto ya es demencial, en obras de carácter social, que son impulsadas sin fines de lucro para realojar a compatriotas que vivían en asentamientos. Imagínese el lector la locura del hecho: la sociedad decide apostar recursos para ayudar a compatriotas necesitados a tener nuevas viviendas, y un grupo de patoteros se presentan para generar pérdidas por gusto en la obra, y amenazan y golpean a quienes no se suman.

Estos hechos, que pese a ser explícitos, y vistos por todo el mundo, no han generado la actuación de ningún fiscal, se suman a otros que hemos visto en los últimos días.

En especial el caso del gremio de OSE, cuyos miembros se sintieron con derecho y legitimidad para tirar bombas de humo en la sede de la empresa pública, perjudicando y afectando al salud de las personas que se negaban a sumarse al paro. Vale decir, que era una mayoría quienes querían seguir trabajando.

Pareciera que en Uruguay existe una fuerte confusión sobre lo que es el derecho de huelga y sus alcances.

Este derecho se consagra a las personas, en el entendido de que nadie puede ser forzado a hacer lo que no quiere, y que la ley no imponga. Entonces si un grupo de trabajadores se asocia y decide que para sostener un determinado reclamo, no va a trabajar como forma de presión para lograr ese fin, nadie puede obligarlos a hacerlo. Punto.

Ahora bien, esa misma fundamentación, que nadie puede ser obligado a hacer aquello que no quiere y que la ley no obliga, funciona a la inversa. Si un trabajador no quiere parar, y prefiere seguir trabajando, nadie tiene derecho a obligarlo y a forzarlo a dejar de trabajar.

No parece algo tan complicado. Y sin embargo, hay grupos extremistas, y con claras intenciones políticas, que insisten en que tienen derecho a imponer a otros su voluntad apelando a la violencia. ¿De qué otra forma se puede obligar a alguien que no quiere parar, a parar?

El problema de fondo es que en una sociedad democrática, el monopolio de la violencia lo tiene el estado. Y si el estado, a través de la Justicia y la Policía, no ampara a los trabajadores que están siendo violentados y forzados a hacer lo que no quieren ¿que alternativa queda? ¿Qué pasa si los trabajadores que no quieren parar se defienden apelando a los mismos mecanismos que empuñan los patoteros que vimos en los videos? Volveríamos a la ley de la selva, y se impondría el más fuerte.

¿Es ese el tipo de sociedad que queremos en Uruguay? ¿Es ese el tipo de convivencia que anhelamos en el país?

Los sindicalistas violentos afirman que su accionar se justifica por las “conquistas” que logran para todos los trabajadores. Bueno, si fuera tan maravilloso, no habría que obligar a la gente a piñazos a hacer lo que ellos quieren.

Pero, además, una sociedad democrática se caracteriza por un elemento clave: el fin no justifica los medios.

Esto es como decir “te rompo la cabeza a fierrazos, pero quedate tranquilo que es por tu bien”.

El sindicalismo uruguayo, que a esta altura es ya un actor político partidario desembozado, está pasando por uno de sus peores momentos en materia de imagen pública.

Según una encuesta reciente, apenas el 12% de los trabajadores se sumaron voluntariamente a las últimas convocatorias de paro general. Otro 16% dijo que no fue a trabajar, simplemente porque no pudo ante la falta de transporte público. Pese a la cual, 7 de cada 10 uruguayos igual fueron a trabajar en los días de paro general.

Lo que esto está mostrando es que la representatividad que tenía la central sindical en Uruguay, se está perdiendo a velocidad récord. La gente está podrida de que la usen para empujar con una agenda política que siente ajena y agresiva. Por un lado hace falta que la Justicia y las entidades cuyo fin es hacer valer los derechos de las personas, cumplan su función. Por otro, que en el sistema político aparezcan voces claras que denuncien lo que está pasando, y ofrezcan a los trabajadores opciones e ideas que los ayuden a prosperar sin padecer estos abusos.