Otro agravio sospechoso

El bochorno fue tan grande que el domingo 16 de julio el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Uruguay debió deslindar la responsabilidad de Naciones Unidas, expresamente y por escrito, con relación al comunicado incendiario contra el gobierno uruguayo que, desde esa misma organización, había sido publicado el jueves 13 de julio.

No es la primera vez que desde alguna oficina de la ONU se critica de manera injusta, desconsiderada, desinformada y en algunos casos, como en este de la crisis hídrica, totalmente politizada y con sesgo partidario, la acción del gobierno uruguayo o, directamente, al país y a su sociedad en su conjunto.

Se trata de groserías que se repiten y que dañan el prestigio internacional del Uruguay, por tratarse la ONU del organismo multilateral más relevante del mundo, y por ser nuestra tradición de política exterior gran impulsora y defensora de este tipo de organismos, con lo que quedamos expuestos a golpes injustificados de un actor internacional cuya legitimidad de origen históricamente siempre respaldamos.

En los últimos años estos son algunos de los disparates más graves que hemos tenido que soportar de parte de ONU: en marzo de 2020 la por entonces coordinadora residente dijo que había señales del gobierno que no eran “alentadoras” con respecto a la participación femenina en la nueva administración, cuando en verdad era la primera vez que se elegía a una vicepresidenta mujer y que era designada una ministra de economía también mujer.

Luego, en invierno de ese mismo año, desde la Cepal (que también depende de ONU) se procuró dejar mal parado al gobierno uruguayo porque, según sus cálculos mal hechos y sesgados, el país había gastado relativamente poco en enfrentar la crisis de la pandemia: una mentira repetida mil veces por los izquierdistas y que, a tres años de todo aquello, ha quedado en total evidencia. Sobre todo, viendo cómo están hoy las economías de aquellos que la Cepal consideraba “modelos”.

En 2021, la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe declaró una tontería que, por venir de un lugar institucional tan relevante, también perjudicó la imagen de Uruguay. En un reportaje se preguntó cómo se puede entender que, en un país como el nuestro, “un país pacífico, haya aumentado la violencia” contra las mujeres en plena pandemia. La verdad, por el contrario, era que esa violencia había descendido en Uruguay, a diferencia de otros países del continente. Pero a la señora en cuestión no le importó la verdad de los datos.

¿Y qué decir de Mama Fatima Singhateh, la relatora especial sobre venta y explotación sexual de niños, nombrada por el consejo de derechos humanos de la ONU, que en otoño pasado nos visitó y que declaró, muy suelta de cuerpo, el disparate de que “la explotación y el abuso sexual de menores son extremadamente comunes en el país y están normalizados social y culturalmente”? También, como en el caso del informe de la ONU hecho por el relator especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, que resultó ser un exmilitante del grupo izquierdista español Podemos, estas afirmaciones de Singhateh dieron lugar a una reunión del gobierno con el representante de ONU en Uruguay para plantear su enojo y disconformidad.

La aclaración del 16 de julio del coordinador residente pretendió quitar legitimidad al comunicado del relator de la ONU militante de Podemos, ese que estaba lleno de inexactitudes y marcado por un claro sesgo político, al punto de que fue utilizado por la oposición frenteamplista, y en particular por el director del Frente Amplio en OSE, para criticar la conducción del gobierno en esta crisis hídrica.

Sin embargo, el problema no radica solamente en este caso concreto, en el que ahora desde la ONU se nos quiere hacer creer que en realidad, los relatores no son tan importantes, y que, en realidad, tampoco es que forman parte de la ONU.

El problema es que ya son demasiados los episodios en los que queda claro el sesgo ideológico de algunos portavoces de ONU y su posicionamiento político contrario al signo del gobierno que legítimamente votaron los uruguayos en 2019, y que es el que ejerce la autoridad en el país.

No es de ningún modo aceptable que un organismo externo pretenda así inmiscuirse en los asuntos de Uruguay con una agenda que le hace el juego a la oposición. Da vergüenza, por la mejor historia de la ONU; y es indignante, por la soberanía de nuestro país.