No hay que dejarse engañar por el doble juego que está llevando adelante la izquierda, en su versión sindical que es el Pit- Cnt y en su versión política que es el Frente Amplio (FA), con respecto al plebiscito constitucional sobre la reforma de la seguridad social que se pretende llevar adelante para octubre de 2024.
Por un lado, está la activa decisión del ala izquierdista sindical. Más allá de dificultades con tal o cual sindicato, lo cierto es que la votación en favor de la instancia plebiscitaria fue ampliamente favorable en la sede de la calle Jackson. La cantidad de firmas que deben ser conseguidas, que son en el entorno de las 270.000; y el plazo legal con el que cuenta el Pit- Cnt, que es fines del próximo abril, no constituyen a priori grandes obstáculos para finalmente lograr habilitar el mecanismo plebiscitario.
Además, el calendario ayuda a la izquierda. En efecto, en el inicio del próximo otoño la campaña electoral interna del FA estará en pleno apogeo, y seguramente la concordancia de sentires entre la militancia sindicalista de la izquierda y la militancia política que pulula en los comités de base encontrará amplio campo convergente para poder potenciar la tarea de hacer firmar a cuanto izquierdista ande por la vuelta y movilizado en favor de tal o cual sector del FA, de manera de que es muy razonable pensar de que incluso se superará con creces el mínimo legal requerido para poner el tema sobre la mesa política de octubre de 2024.
Mientras que todo esto está naturalmente llamado a ocurrir en los próximos meses, la carrera electoral frenteamplista ha definido claramente que no se limitarán las acciones de los partidos y sectores que conforman la coalición de izquierdas con relación al plebiscito. Habrá pues caramelos surtidos para todos los gustos: incluso dentro de los propios apoyos sectoriales de cada uno de los dos precandidatos más importantes, seguramente puedan encontrarse dirigentes que estén a favor de juntar firmas para el plebiscito y de votarlo en octubre, y otros que estén decididamente en contra y se opongan a ensobrar sus listas con la papeleta de la reforma constitucional.
En este esquema de activismo izquierdista sindical en pro del plebiscito y de variedad de posiciones dentro de la izquierda política, la clave está en que sea quien fuere el que termine siendo candidato a presidente electo por el FA en junio del año que viene, de ninguna manera será tajante en un sentido contrario al plebiscito constitucional.
Primero, porque la movilización sindicalista es fundamental para suplir en el esfuerzo proselitista a un corazón militante frenteamplista en el que está completamente sobrerrepresentada la categoría de los mayores de 60 años de edad. Segundo, porque la fotografía de junio de la elección frenteamplista interna puede terminar arrojando que los partidos que efectivamente se manifestaron en favor del plebiscito, o bien son mayoría en el FA, o bien conservan una porción importante del total de sus votos. Y tercero, y más importante, porque evitar un posicionamiento nítido permite ampliar el rastrillo electoral para ganar las elecciones.
Y aquí es donde está el engaño. La izquierda llevará al extremo la apertura del rastrillo, de manera de contemplar lo más posible a los más que se pueda: a quienes militan en sus sindicatos y están activamente a favor de derogar las AFAPs, a quienes son frenteamplistas y votarán en favor de la reforma constitucional, y a quienes simpatizan con el FA pero están también convencidos de que no debe aprobarse la reforma planteada. El engaño consiste en sostener que todo esto puede ocurrir al mismo tiempo sin por ello dañar tremendamente la calidad institucional del país; y si ganare el FA las elecciones, sin afectar la gobernabilidad futura.
El plebiscito sobre la reforma de la seguridad social hace volar por los aires la seguridad jurídica del Uruguay; deja servida la inviabilidad financiera del Estado; y sobre todas las cosas, da una señal tremenda del peor populismo latinoamericano al pretender simplificar con tres consignas demagógica impuestas en la Constitución un problema de políticas públicas complejo, difícil de armonizar y que precisará de ajustes y reajustes con el paso del tiempo: todas dimensiones que naturalmente son propias de los acuerdos políticos, de las leyes y de la función del Parlamento.
A no dejarse engañar: la amplitud que mostrará la izquierda no es más que su peor rostro de populismo, irresponsabilidad y demagogia política.