Niños en las bocas de pasta base

La semana pasada varios medios, incluido El País, se hicieron eco de una denuncia terrible: padres que dejan a sus hijos en bocas de pasta base como garantía del pago de su consumo. Esta denuncia impactante ocurrió en medio de la alarma ciudadana por varios casos de menores muertos o heridos en peleas y ajustes de cuentas entre narcos.

Pero tras publicar la información en nuestro sitio web, surgió un debate interno. ¿No es raro que esta denuncia aparezca de golpe, en boca de una ONG en un canal de TV? ¿Que no haya ninguna denuncia ni reclamo en la policía o en alguna repartición pública? ¿Que nadie haya comentado esto antes, y que la denuncia apareciera en ese momento?

Lo mismo debe haber pensado el asesor del Ministerio del Interior Diego Sanjurjo, que afirmó que no existe ninguna denuncia o alerta en ese sentido, y cuestionó a la jerarca de la ONG en cuestión, Andrea Tuana, por no realizar un planteo ante la Justicia o ante el ministerio si tenía información de algo tan grave.

Pero no fue el único motivo por el que la ONG El Paso, dirigida por la mencionada activista, tuvo gran presencia mediática la semana pasada. En su última edición, Búsqueda publicaba una investigación (sin firma) criticando con dureza el proceso que maneja la justicia uruguaya para procesar las denuncias de trata de personas. Según la nota, apenas se procesó una denuncia en 11 meses por este delito, mientras que la ONG El Paso, que se dedica (también) a este tema, asegura haber atendido al menos a 120 víctimas de este delito en ese mismo plazo. La polémica directora de la Unidad de Víctimas de Fiscalía no titubeó en decir que ésta brecha es “escandalosa”.

No deja de ser llamativo cómo ha cambiado el criterio y la mirada crítica de la prensa ante los fenómenos políticos. Resulta que los datos duros sobre un delito dicen una cosa, pero una ONG y una repartición estatal que reciben millones de dinero público para enfrentar una situación conexa a ese delito aseguran que todo es mucho más grave. Y la sospecha recae primero sobre quien toma las denuncias, y no sobre quien depende de la gravedad y magnitud del problema para seguir recibiendo fortunas del Estado.

Esto nos obliga a hacer un paréntesis. Porque un tema que explotó en Uruguay en los gobiernos del Frente Amplio fueron este tipo de organizaciones, que se definen como representantes de la “sociedad civil”, que tienen enorme influencia mediática, y que reciben cantidades millonarias de dinero del Estado, sin tener que rendir ninguna cuenta, ni pasar por los controles que debe afrontar un organismo público.

Durante la gestión del saliente ministro del Desarrollo Social, Martín Lema, este tema fue estudiado a fondo. Y se detectó que una organización como El Paso, tan sólo en el año 2022 recibió casi 22 millones de pesos por sus servicios al estado. Según cálculos del Mides, esta modesta ONG recibió sólo de esa secretaría más 2 millones de dólares en la última década.

Como explicaba una fuente del Mides, esto es un pésimo negocio para el Estado, que gasta una cantidad de recursos sobre los que no tiene ningún control, y además pierde presencia en el lugar de los hechos, o en “el territorio” como está de moda decir por estos días.

Claro que cuando el Mides intentó retomar para sí algunas de estas competencias sucedió algo insólito: los mismos funcionarios del ministerio se pusieron furiosos. Furiosos porque el Estado buscaba retomar tareas “tercerizadas” a ONG ¿no es raro? No.

Porque estas organizaciones, que se atribuyen la representatividad de la sociedad civil, no son inocentes y asépticas palomitas. Son en buena medida usinas de presión que imponen temas en agenda, y mueven a la opinión pública sensibilizada por la nobleza teórica de sus fines. Pero en una mayoría de los casos tienen una financiación opaca de organizaciones del exterior o dinero público. Y, aquí lo más serio, tienen una conexión evidente con el Frente Amplio y sectores de izquierda.

Lo que sucedió en el Mides, y en muchas otras reparticiones públicas, es que el dinero volcado a estas ONG termina subsidiando a figuras y a posturas que tienen un claro objetivo político y partidario. Que imponen en agenda los temas que les sirven a ellos y a su partido, postergando muchas veces temas realmente prioritarios. En síntesis, doble representación y doble financiamiento público para determinados partidos y posturas, sin filtros ni controles democráticos.

¿A quién le sirve esta realidad? Hay que despabilarse.