El ministro Carlos Negro parece estar teniendo un problema de percepción. Lleva ya cuatro meses sólidos como ministro del Interior, o sea, el cargo más político dentro del gobierno. En este plazo, no solo no parece estar implementando cambios relevantes, o políticas que vayan a tener un impacto directo en la seguridad pública, que fue la promesa de su presidente en la campaña. Sino que sigue hablando y opinando periódicamente, como si fuera una especie de analista de la realidad, y no un jerarca con responsabilidad de gestión.

La semana pasada, Negro volvió a cuestionar lo que dio en llamar el “pensamiento mágico punitivo penal”, que según él, “ve en las cárceles la herramienta predilecta para atacar los problemas de seguridad pública.

Para el jerarca, “hay que tratar de que no ingresen a la cárcel los que no que tienen que ingresar, y que sí ingresen los que no ingresan nunca”. “Todos sabemos que las cárceles están llenas de gente pobre, joven y de varones”, pero también que “hay otros que nunca pisan la cárceles y cometen delitos que generan una problemática social inmensa, como hambre y desocupación”. Esos, dijo, “no van nunca a una cárcel”.

Las palabras del ministro hacen pensar que se equivocó de trabajo. Porque a él lo contrataron para aplicar las leyes, que aprueba un Parlamento que es elegido por la sociedad. Es allí donde se diseñan las leyes, y normas que definen quién va a la cárcel, y por cuánto tiempo. Su trabajo, apenas es el de ejecutar esas leyes, de manera eficiente y comprometida. Y su opinión, con el mayor respeto, no le interesa a nadie.

Sobre todo, porque a cuatro meses de asumir no se ve que tenga un resultado que justifique que vaya por ahí dando lecciones a la sociedad. Tal vez si tuviera el respaldo de una gestión descollante, la gente tendría interés en sentarse a escuchar sus opiniones sobre la vida.

Pero además su discurso, teñido de un tono de justiciero social improcedente, tiene muchos agujeros, y golpea directamente lo que fue su gestión previa como fiscal.

Porque si hay gente que, como él dice, comete delitos que generan una problemática social inmensa, y no van nunca a la cárcel, ¿de quién es la culpa? ¿Quién no persigue a esos criminales que cometen esos delitos tan dañosos para la sociedad? Claramente, hay allí una hipocresía muy grande.

Pero vamos un paso más allá. Lo que replica Negro es un discurso muy habitual en la izquierda uruguaya, y que también tiene mucho de hipocresía. Es como que el sistema penal se ensaña con los pobres, y deja escapara a los delincuentes de cuello blanco, que se saldrían con la suya en la mayoría de los casos.

Primer punto, lo que el sistema penal castiga con más rigor, no es la clase social, es el nivel de violencia con el que se comete un delito. Por eso es más penado un homicidio, una rapiña, o un secuestro, que una estafa o una quiebra fraudulenta. No hay nada raro ni cuestión de clase en ello. Es perfectamente racional el enfoque.

Pero por otro lado, el Frente Amplio, del cual es el ministro político el señor Negro, ha gobernado 15 de los últimos 20 años, y en la mayoría del tiempo con mayorías parlamentarias. ¿Por qué no cambió el código penal? ¿Por qué no incluyó agravantes más serios para los delitos que tanto daño hacen, según el ministro, y cuyos autores nunca van presos?

Se lo podría preguntar a sus colegas en la próxima reunión de gabinete, en vez de pontificar en público.

No es la primera vez que Negro, entre viaje y viaje, habla más de lo que justificaría su cargo, y los resultados que viene teniendo. Antes habló de que la lucha contra las drogas está perdida. También ha opinado sobre el horror del sistema carcelario. Todo compartible.

Pero el problema es que Negro aceptó un cargo en una cosa que se llama Poder Ejecutivo. Está allí para ejecutar, no para pontificar. Si las cárceles son un horror, una buena noticia... ¡Están a su cargo! ¿Por qué no hace algo al respecto? Llame al presidente, por ejemplo, y dígale que se deje de embromar con comprar una estancia de 32 millones de dólares, para que alguno se saque el berretín de ser estanciero con plata pública. Y los use para mejorar alguna cárcel, ya que están tan mal. ¿Quién quiere que lo haga, si no?

De nuevo, el trabajo de un ministro del Interior es hacer cumplir las leyes vigentes, y garantizar los derechos de la sociedad, con el poder coercitivo del Estado, que está bajo su control. Nada de eso está funcionando tan bien, como para que el jerarca opine todos los días de cosas que nada tienen que ver con su función.