Necesidad pendiente

Los alumnos y profesores de un liceo de Flor de Maroñas denuncian que los jóvenes marginales de asentamientos cercanos se infiltran en el instituto y asaltan a los alumnos en la calle, lo cual muestra uno de los semblantes de la crisis de seguridad. En otros centros de estudio, a nivel primario o secundario, el deterioro de los edificios o la falta de servicios esenciales compromete la continuidad de los cursos, lo cual forma parte de la múltiple crisis de la enseñanza. Otros jóvenes, los voluntarios de Un Techo Para Mi País, hacen colectas para levantar casas populares que alivien la penuria de sectores periféricos, entregando un aporte privado para combatir la crisis de vivienda que los planes estatales no remedian.

Un senador oficialista se quejó ante cámaras de televisión de la deficiente recolección de basura a cargo de la Intendencia montevideana, la falta de limpieza, el estado de los contenedores y la actividad de quienes hurgan en ellos. Esa declaración alude a la crisis de otro servicio que ha demostrado su ineficiencia. Pero en todas esas crisis -y en algunas otras- hay un preocupante denominador común. Es la desproporción entre los problemas que se presentan en la vida pública y la incapacidad de los respectivos organismos para resolverlos. En algo similar podría pensar un viejo trabajador de la actividad privada cuando el sistema previsional fija a su jubilación un tope inaceptable para el monto de su sueldo y la suma de aportes que ha volcado durante décadas. Allí hay otra crisis de la que no se habla.

Así se desvirtúa gradualmente la utilidad y hasta la justicia de muchas prestaciones. También se evapora la ilusión del contribuyente, confiado en que a cambio de los impuestos que paga con puntualidad obtendrá los servicios capaces de aportarle una seguridad que garantice su derecho al trabajo en paz y a la vida. O la otra ilusión de que el cumplimiento de sus obligaciones le otorgue el debido goce de las garantías y respaldos que el Estado debería prestarle. Hay una grieta entre las expectativas que mantiene el ciudadano y la respuesta que le brinda el gobierno. Pero otra grieta similar se ensancha a medida que el discurso político se distancia de los beneficios reales que ese ciudadano recibe en tiempo y forma del sistema que dice velar por él.

Al respecto, conviene observar lo que ocurre en la ciudad de Montevideo, cuya Intendencia es una opulenta maquinaria recaudadora. El descalabro en el manejo de la basura abarca no solo la ruina de muchos contenedores y el desaseo de las cuadras, sino además el aplastante paso de los hurgadores, que las autoridades auspician y que instala en el paisaje urbano el ultraje de un desfile de tracción a sangre que pulveriza cualquier pretensión de decoro administrativo, por no hablar del efecto apabullante que provoca esa exhibición sobre las aspiraciones turísticas de la ciudad. Parecería que las autoridades se empeñan en que la miseria de un sector de la población se convierta en un despliegue para abrumar a nativos y visitantes. En eso han tenido éxito.

Montevideo es un patrimonio compartido donde se abren los espacios comunes a todos sus habitantes, que en gran medida son asimismo puntuales contribuyentes a las arcas públicas. Pero la ciudad ha sido además el paisaje elegido por eminentes pintores y fotógrafos, el terreno donde se custodian numerosas reliquias históricas, el marco para las propuestas de grandes arquitectos de los dos últimos siglos, el tema urbano desarrollado por distinguidos narradores y la materia de estudio para muchos investigadores y planificadores. Ahora es además un campo depredado por los clasificadores, el panorama de variados descuidos de mantenimiento y la trampa donde caen unos cuantos turistas cuando sufren arrebatos en la Ciudad Vieja o el Centro. Esos son otros perfiles de una crisis.

Más allá de esta ciudad y sus contrastes, la distancia entre los problemas generales que se plantean y el tratamiento que obtienen a nivel político, permite medir un desencuentro digno de que se reflexione largamente.