Más sobre el archivo Castiglioni

En una entrevista en el semanario La Mañana, el periodista e investigador sobre Historia reciente Álvaro Alfonso dijo un conjunto de verdades que importa mucho destacar en este tiempo en el que la izquierda pretende reescribir el pasado en un sentido partidista y sectario.

En primer lugar, pone en perspectiva algo muy importante: se puede investigar sin hacer política partidaria en favor del Frente Amplio (FA). Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la Comisión para la Paz generada en 2000 por el presidente Jorge Batlle. Alfonso recalca que trabajó muy bien y consiguió mucha información, y que su informe no se condice con lo que estamos viviendo ahora. Dice al respecto, con mucha razón: “ya en el 2003 la Comisión para la Paz decía que habían pasado muchos años para confirmar diversos episodios. Hoy el fiscal Perciballe juega con fuego inventando historias. Porque hay historias inventadas que no condicen con la realidad”.

En segundo lugar, el periodista-investigador señala algo bien sabido por cualquiera que estudie sin sesgos ideológicos partidarios izquierdistas los años 1960: “tenemos una ley increíble (la número 18.596) que induce que la dictadura empezó en 1968, debido a que se aplicó las medidas prontas de seguridad que están insertas en la Constitución de la República. El 13 de junio de ese año, el presidente Pacheco Areco, tomó la decisión ante una sublevación contra el gobierno, los tupamaros estaban en pleno apogeo”. Podrán gustar o no las medidas que tomó por entonces el presidente Jorge Pacheco, pero es claro que el país no sufría una dictadura en 1968.

En tercer lugar, lo más importante: las declaraciones de Alfonso sobre el archivo Castiglioni. Se trata de un conjunto amplísimo de material, seguramente de inteligencia policial y militar, vinculado a los años de la dictadura, que se encontraron en el domicilio del funcionario de ese apellido en 2016. En aquel entonces, el Poder Judicial (PJ) se hizo de todo ese material y quedó bajo su custodia los hallazgos de las piezas concretas -viejos diskettes, discos compactos grabados, etc.-.

El problema es que Alfonso ha insistido en conocer el contenido de tal archivo de forma de procurar arrojar mayor luz sobre temas que está investigando, y que la respuesta le ha sido negativa, impidiéndole así el Poder Judicial acceder a material clave sobre importantes episodios históricos. Así lo explica: “en ese archivo están contenidos una buena parte de los secretos del Uruguay de los últimos 60 años (…) los familiares de los desaparecidos habían presentado una nota y les dieron 173 cajas, también a Sutel y las cintas magnetofónicas pasaron por la Facultad de Ingeniería.”

En concreto, resulta que existe un archivo amplio con mucha información de la Historia reciente, que implica seguramente conocer actuaciones relevantes de protagonistas de izquierda de ese entonces, al cual no puede acceder un reconocido investigador como Alfonso, pero al que la Justicia sí dio acceso a personas vinculadas a la izquierda, como por ejemplo familiares de desaparecidos, o dos historiadores tan frenteamplistamente connotados como Wschebor y Rico.

El asunto es muy grave y debiera de ser atendido con urgencia y prioridad por los partidos que conforman la Coalición Republicana. En efecto, se trata de un período clave de la Historia del país que ha sido manipulado de la peor manera, de forma de generar un relato mentiroso en el que la izquierda es una especie de Robin Hood siempre preocupada por el bien, y del otro lado hay un conjunto amplísimo de actores nefastos contrarios a los intereses del pueblo.

¿Qué garantía tiene la ciudadanía, hoy en día, que organizaciones completamente politizadas y para nada vinculadas al rigor académico en ciencias históricas, como Sutel por ejemplo, no hayan encontrado información que deje mal parada a la izquierda en el archivo Castiglioni y que, convenientemente, la hayan destruido?

Con toda razón Alfonso reflexiona lo siguiente: “ceo que el Partido Nacional y el Partido Colorado durmieron la siesta mientras se manejaban los archivos a piacere. Más allá de que Carlos Julio Pereyra, el senador Penadés y el diputado Casaretto hablaron hace unos 15 años con la ministra Azucena Berrutti pidiéndole que el tema de los archivos fuera un tema de Estado, y el Frente Amplio lo negó”.

Es tiempo de corregir lo que ocurre con los archivos Castiglioni. Alfonso tiene derecho a conocer todo lo que allí se encuentra, y la ciudadanía tiene derecho a que no le escondan la verdadera Historia del país.