Los radares y los accidentes

La noticia de que el ministerio de Transporte planifica la instalación de más de 100 radares que multan en forma automática a los conductores, en distintas rutas del país, ha generado una comprensible molestia popular.

Estos radares, se han convertido en una fuente millonaria de recaudación para las intendencias y autoridades nacionales, con montos de multas que no tienen relación alguna con la gravedad de las infracciones, y mucho menos con los niveles salariales en este país. Figuras como el senador Sebastián Da Silva, han mostrado cómo en varios puntos de rutas nacionales, esos radares se combinan con cambios absurdos en los límites de velocidad autorizada, para operar como bombas de succión del dinero de los ciudadanos, en beneficio de las arcas públicas.

Acá es importante hacer una pausa, y explicar algo. Uruguay, y los uruguayos, son un país y una población extremadamente respetuosos de la ley. Aquí se aceptan pacífica y voluntariamente las decisiones de las autoridades públicas, como quedó bien en claro con la pandemia. Pero ni Uruguay ni los uruguayos somos ovejas mansas, que aceptamos cualquier orden que viene de arriba, y sin sentido.

El gran problema que hay en Uruguay con este tema no es que se apliquen multas o que se usen radares automáticos para controlar la velocidad. Incluso parece claro y es aceptado pacíficamente que el país tiene un problema serio de accidentes de tránsito. El tema es que todas las señales que vienen del estado en este tema, y desde hace ya demasiados años, son que la seguridad del tránsito es siempre secundaria a la voracidad fiscal.

Repasemos un poco los antecedentes. Para enfrentar este tema, hace unos años el gobierno impuso la tolerancia cero al consumo de alcohol, y se lanzó en una cruzada moralizante casi inquisitoria. Sin embargo, no había dato alguno que mostrara que ese era un problema central en la epidemia de accidentes que padecemos, y pese a que se aplicaron límites que no se aplican en ningún país europeo, las tasas de accidentes mortales no mostraron ningún cambio positivo que pudiera ser atribuible a esa medida. ¡Claro!, si apenas el 6% de los choferes que chocan tienen alcohol en sangre.

Ahora se enfoca la política pública en las velocidades máximas, de nuevo, sin que haya elemento técnico alguno que demuestre que ahí está nuestro problema, o que ello generará una reducción significativa de los accidentes. ¿Por qué se hace entones? ¿Seguro que no tiene nada que ver con los millones que ingresarán al estado gracias a esto?

Por el otro lado, el tránsito en Uruguay, y sobre todo en las rutas nacionales, se va volviendo un infierno, donde para recorrer los primeros 50 km saliendo de Montevideo, en la dirección que sea, lleva horas, con velocidades máximas de 60 km por hora en zonas de autopistas de doble carril, de costo millonario para el contribuyente.

Y en cada cruce, en cada lugar donde alguien construye un rancho, en cada entrada para una localidad, se imponen límites máximos absurdos, con multa incluida, o se ponen semáforos al lado de un cruce peatonal. Siempre, el que paga el plato, es el que circula por la ruta. ¿Por qué?

Por otro lado, hay mil aspectos que aumentan los riesgos de accidentes que parece que el estado, y sus gobernantes son incapaces de atacar. En general, porque exigen de ellos un esfuerzo mínimo, en vez de cargar todo sobre el ciudadano.

La calidad de los autos que se importan, debido sobre todo a la ridícula presión tributaria que hace que elementos de seguridad básicos como airbags o sistemas de frenado modernos son considerados lujos, es de pobre para abajo. ¿Se piensa hacer algo con eso? Hay una cantidad de vehículos circulando por las rutas que no cumplen con ninguna medida básica de seguridad. Y no solo los de “paseo”, sino también camiones y vehículos utilitarios. ¿Se piensa hacer algo con eso? Hay cantidad de cruces y rutas mal señalizados, rotondas ridículas, curvas cerradas, que son lugar habitual de accidentes. ¿Se hace algo con eso? El nivel de conducción de muchos uruguayos es lamentable, y muchas intendencias entregan licencias sin mínimos controles. ¿Se piensa hacer algo con eso?

Cuando se ve todo esto, y por otro lado se comprueba la exigencia draconiana que busca imponer el estado, cargando de nuevo sobre los ciudadanos, es obvio el por qué del enojo popular. Que quien haga eso sea un gobierno socialista, de esos que desprecian la voluntad individual, puede ser comprensible. Que lo haga este, no tanto.