Los notarios y la salud

La reforma del sistema de salud está siendo objeto de toda clase de discusiones, propuestas, movilizaciones y, naturalmente, paros por parte de entidades y colectivos afectados. Entre estos últimos, los escribanos están particularmente preocupados e inquietos. Es que estos profesionales han logrado poner en marcha, desde hace varias décadas, un sistema solidario de salud autofinanciado, consagrado por la ley, que no recibe aportes del Estado, que funciona satisfactoriamente pero que corre el riesgo de desintegrarse por obra de la reforma proyectada.

En efecto, actualmente los escribanos en actividad, sus empleados y los escribanos ya jubilados están amparados por la Caja Notarial de Seguridad Social que brinda asistencia médica, subsidio por enfermedad y está facultada a contratar servicios sanatoriales y médico-quirúrgicos (ley 12.802/30-11-1960). Ahora bien, en virtud de que el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) proyecta extenderse a toda la población, es lógico que su expansión ha de ser efectuada progresivamente a partir del próximo 1° de enero.

¿Qué ocurrirá, entonces, con la Caja Notarial? Si termina incorporándose al Fonasa (Fondo Nacional de la Salud), no sólo aumentará el aporte individual de sus asociados (del actual 3% pasaría al 4,5% y aun al 6%), sino que, además, la recaudación por tal concepto se tendría que verter al Banco de Previsión Social, que administrará con total prescindencia, por supuesto, de la Caja Notarial.

El problema adquiere tintes dramáticos cuando se advierte que la incorporación al Fonasa -por lo menos en la etapa inicial- será posible sólo para los escribanos en actividad y sus empleados. Esto significa que quedarán excluidos, por ahora, los escribanos jubilados. En otras palabras: quienes más necesitan, por razón de edad, mayor atención médica, más medicamentos y más cuidados hospitalarios, no podrán gozar de los beneficios que la Caja Notarial les brindó siempre. Quedarán desamparados a partir del próximo 1° de enero. ¿Por qué?

Porque el Fondo Sistema Notarial de Salud -que integra el patrimonio de la Caja Notarial- no podrá hacerse cargo de la atención de los escribanos jubilados (que tienen un evidente derecho adquirido) por la sencilla razón de que los escribanos en actividad, y sus empleados, pasan al Fonasa y, prácticamente, la Caja queda sin recursos. O sea, sobrevivirá un tiempo gracias al capital acumulado pero, tarde o temprano, lo consumirá enteramente. Al respecto, los números hablan con harta claridad.

En junio del 2010 ingresaron al Fondo SNS, grosso modo, unos $ 16 millones y egresaron del mismo unos $ 15.800.000. Al mencionado ingreso los jubilados contribuyeron con $ 1.800.000, los empleados de las escribanías aportaron $ 640.000 y el resto, más de 13 millones y medio, procedió de las cuotas pagadas por los escribanos en actividad.

Por lo tanto, si escribanos y sus empleados pasan a tributar sus cuotas al Fonasa, ¿cómo será financiada la atención médica y los beneficios que reciben los jubilados que, lógicamente, son los mayores consumidores de los servicios de salud? Porque, obsérvese que sus aportes al Fondo SNS no llegan al 12%, lo cual contrasta con el hecho de que constituyen el 18% de los beneficiarios.

Todo esto habla muy bien de la solidaridad intergeneracional y de la permanente lucha de la Caja Notarial en pro de la seguridad social de sus afiliados.

Pero, también, pone de manifiesto que si no se modifican diversos aspectos de la proyectada reforma del sistema de salud, a estudio del Parlamento, se estará decretando la desaparición de la Caja Notarial.

Por lo que queda reseñado -y por todo cuanto ocurre en casos similares en el marco de otras profesiones universitarias- el Legislativo debe extremar su atención, escuchar a las partes involucradas e hilar muy fino cuando encare el estudio de la reforma del sistema de salud, una tarea compleja como pocas.

Que su norte sea -pensamos que lo es- mejorar lo existente, no menoscabarlo.