Los días bisagra

UN gran pensador escribía que en la historia de la humanidad podían registrarse los que él llamaba "años bisagra", aludiendo a los que tuvieron un significado de quiebre o resultaron fundamentales para la historia de las ideas o en la vida de relación de los seres humanos, ya sea por sus efectos positivos o negativos.

Tomando esa expresión, no está mal decir que en la historia de cada país existen los que también podrían denominarse "días bisagra" por la trascendencia que tienen en su futuro, en uno u otro sentido.

En la perspectiva de estos últimos años y considerando sólo el período durante el cual muchos ciudadanos han sido testigos y actores, puede señalarse así que en la historia más reciente de este Uruguay de hoy ha habido dos días que merecen calificarse como bisagras: el domingo 13 de diciembre de 1992 y el domingo 7 de diciembre de 2003.

El domingo 13 de diciembre de 1992 un recurso de referéndum dejó sin efecto los artículos 1º, 2º, 3º, 10º y 32º de la Ley Nº 16.211 de 1º de octubre de 1991, más conocida como Ley de Empresas Públicas, luego de haber fracasado otro recurso promovido contra la totalidad de la ley, que contaba con treinta y dos artículos y facultaba al Poder Ejecutivo a conceder permisos para la ejecución de los servicios públicos nacionales.

FIRMADA por el presidente Lacalle y su Gabinete, producto de un agotador trámite parlamentario, la impugnación fue promovida por la izquierda, a quien acompañara calurosamente el grupo político que lideraba el Dr. Julio M. Sanguinetti, y de la simple lectura de los artículos que fueron dejados sin efecto surge que si aquella aventura no se hubiera emprendido, el Uruguay no estaría hoy en la situación en que se encuentra ni tampoco hubiera sido necesario transitar por el camino que se recorrió el domingo pasado.

Las disposiciones eliminadas facultaban al Poder Ejecutivo y a los Directorios de los Entes o Servicios, con aprobación del Poder Ejecutivo, a otorgar permisos para la ejecución de los servicios a su cargo, aclarando que en todos los casos debía efectuarse un llamado público a los interesados sobre la base de la igualdad de oferentes; que el otorgamiento de concesiones se haría por un plazo determinado, reservándose la Administración el derecho de controlar que fueran prestados en forma continua, regular y eficiente; que se favorecería la libre concurrencia procurando evitar situaciones de monopolio de hecho; que tanto el acto de convocatoria como el contrato respectivo debían publicarse en el Diario Oficial; que se podía autorizar, contratar, o subcontratar con terceros la ejecución de otras actividades que no constituyeran cometidos esenciales ni servicios públicos o sociales y que por esa vía no se podía privar a un Ente o Servicio de todos sus cometidos.

EN otro artículo se modificaba la estructura de Antel, permitiéndole asociarse con capitales privados para prestar y mejorar sus servicios, imponiéndole la obligación de informar al Poder Legislativo de las operaciones técnicas y económicas que se dispusieran con ese fin, así como los informes de auditoría y las sanciones que se aplicaren.

Sobre la Ley de Empresas Públicas escribió Washington Beltrán uno de sus brillantes editoriales, destacando que se trataba de una "gran ley", que no tenía sello partidario ni integraba otro patrimonio que el del país. Y ante las cinco impugnaciones concretas, se publicaron también varios artículos de su pluma, mereciendo recordarse los del 29 de noviembre y 6 de diciembre de 1992, titulados ambos "¡No se vende!" en respuesta a una campaña promovida por los opositores denunciando, otra vez falsamente, que la ley permitía la venta de Antel (!).

Como se desprende de ese recuerdo, los frentistas no tienen ni el mérito de la originalidad y once años después siguen esclerosados utilizando el mismo argumento con referencia a Ancap. Lo asombroso es que todavía haya quienes les siguen creyendo.

DENTRO de los que hoy piden alivianar el peso del Estado y llevan pegotines en los vidrios traseros de los autos exhortando a esa tarea, sin duda debe haber muchos que entonces votaron por el Sí contra la ley Nº 16.211, tendiente precisamente a reducir su carga. Por eso ha podido decirse, con razón, que la dimensión de aquel resultado marca hasta el día de hoy la política del país sobre reforma del Estado.

Rechazada por el ex presidente Sanguinetti, según "El Observador", luego que el dirigente Carlos Cigliuti le advirtiera que el sector iba a perder el apoyo de la mitad de Canelones en caso de no hacerlo, el entonces intendente Tabaré Vázquez trató por su parte y sin suerte de capitalizar los porcentajes, habiendo quedado comprobado que los votos por el Sí no se trasladaron al Frente. Por eso perdió las elecciones. Parece por lo tanto prudente que antes de marearse con los números de ahora, se dediquen a analizar con serenidad el comportamiento de los números de entonces.

EL 7 de diciembre de 2003 otra campaña política artera, mañosa y también falsa logró el mantenimiento del monopolio de Ancap, que, en caso de dejarse sin efecto, hubiera permitido la libre competencia y además, —en cumplimiento de una ley elemental de economía—, la reducción del precio de los combustibles, permitiendo que los funcionarios de su dependencia pudieran pasar a trabajar en una nueva sociedad a crearse, mejorando sus retribuciones en momentos en que tantos dicen necesitarlo y sin perder los beneficios que gozan en sus oficinas de origen.

Al margen de que en su pecado tendrán su penitencia y que algún día deberán reprochárselo a su Federación, es indiscutible que aquellos polvos trajeron estos lodos y que si la sensatez se hubiera impuesto en 1992 sería otro el Uruguay del 2003.

De cualquier manera, eso es historia; historia que no hay que olvidar, ya que a la ciudadanía le corresponde construir la del mañana y ella no puede inscribirse si no se tienen presentes los errores del pasado.

Dice San Agustín en sus "Sermones" que "Los que no quieren ser vencidos por la verdad son vencidos por el error". El País estará presente para recordárselos en su momento y desde esta misma página a quienes lo cometieron, seguro de que este hermoso pedazo de tierra y su gente superarán democráticamente las desventuras a que fueran torcidamente inducidos.