De acuerdo con lo conocido públicamente en los últimos días, el año próximo, además de las elecciones internas y las nacionales, tendremos posiblemente tres plebiscitos para reformar la Constitución. El promovido por el Pit-Cnt y algunos sectores del Frente Amplio, que pretende destruir el sistema previsional; el impulsado por Cabildo Abierto, que propone topear la tasa de interés y reestructurar deudas y el que propondría el Partido Nacional con apoyo de la Coalición Republicana, para habilitar los allanamientos nocturnos. El contraste entre la primera y la tercera propuesta de posibles plebiscitos en buena medida puede marcar la cancha del campo electoral para 2024.

La iniciativa del Pit-Cnt y parte del Frente Amplio claramente no solamente adolece de todos los problemas de una iniciativa populista y demagógica sino que además se enfoca en un problema que notoriamente esta lejos de las preocupaciones de los uruguayos. En efecto, en ninguna encuesta ni el funcionamiento del sistema previsional ni la reforma aprobada este año por el gobierno nacional integran los 10 primeros temas prioritarios para la población.

Que es un planteamiento irresponsable queda claro con solamente enumerar las propuestas. Fijar la edad de retiro en 60 años cuando todos los países que tienen una expectativa de vida en nuestro entorno ya la han elevado hace rato, es enormemente irresponsable. Si no se eleva la edad de retiro el financiamiento de un sistema crecientemente deficitario deberá salir de otro lado, que evidentemente debe ser una fuerte suba de la carga tributaria. Se argumentará que deberá caer en las grandes empresas y en los ricos, pero como esto no ocurrió nunca ni ocurrirá porque son las personas físicas y jurídicas más difíciles de gravar y con mayor movilidad, el peso caerá inevitablemente en la clase media uruguaya, que ya sufre una presión fiscal extraordinaria en cualquier comparación internacional.

Si a eso le sumamos la idea suicida de eliminar las Afaps vemos que vamos por un camino que no solo llevará a un incremento sideral del déficit fiscal a mediano plazo, sino que lo logrará a corto plazo, sin contar con las miles de demandas que deberá afrontar el Estado uruguayo. Por tanto, no puede caber ninguna duda que estamos ante una solución pésima que nadie está reclamando, lo que constituye un pésimo negocio para el país pero además uno espantoso desde el punto de vista electoral para sus promotores. Basta ver lo que opinaron AEBU y varios legisladores frentistas que se desmarcaron de la propuesta para tenerlo claro.

Por otro lado, en caso de que se concrete la propuesta de reformar la Constitución que puede promover el Partido Nacional respecto a permitir el allanamiento nocturno para combatir la delincuencia y en particular el narcotráfico, sí estaremos ante una iniciativa que apunta a un problema real con una solución positiva.

Evidentemente, pese a la incuestionable mejora en las cifras de delitos que se ha dado a lo largo del actual período de gobierno, la inseguridad sigue figurando como uno de los principales temas de preocupación para la población. El enorme deterioro en el clima de convivencia que sufrimos durante los gobiernos del Frente Amplio aún se hace sentir y es notorio que no se pueden revertir números tan pesados en poco tiempo, aunque la sensación notoriamente es de una mejora importante.

La idea de no permitir los allanamientos nocturnos a hogares que viene de nuestra Constitución de 1830 evidentemente ha quedado en el pasado. Estamos hablando de un tiempo en que nacía el país, la violencia era esencialmente política y no causada por la delincuencia, no existía el narcotráfico y ni siquiera se vislumbraba la posibilidad de que se inventara la energía eléctrica. En los tiempos actuales, en que se utiliza la fachada de casas de familia para que funcionen bocas de pasta base con total impunidad, la norma ya no solo no tiene razón de ser sino que se ha vuelto claramente contraproducente. Por lo tanto, es una iniciativa de notorio sentido común que cuenta con la aprobación de la enorme mayoría de la población según las encuestas y que ataca uno de los principales problemas del país.

Los dos posibles plebiscitos que analizamos, por tanto, no podrían ser más distintos. Uno es un peligro para la sanidad de las finanzas públicas y la sustentabilidad de nuestro sistema provisional. El otro plantea una medida concreta que ayudará eficientemente a combatir a la delincuencia. Pocas cosas dejan más claro cuáles son las opciones sobre las que tendremos que pronunciarnos el próximo año.